Recursos que entrega el MEP no alcanzan para cubrir ni los servicios públicos. En algunos casos, alumnos y profesores se las ingenian haciendo rifas y hasta vendiendo chatarra para solventar gastos
Los estudiantes del Colegio Técnico Profesional (CTP) de Orotina no saben si repentinamente les cortarán la luz o si al ir al baño toparán con que no hay ni papel higiénico, ni jabón de manos. Ahí estudian 1.466 muchachos.
Su situación es muy similar a la que viven los alumnos del CTP de Acosta, donde otros 1.400 estudiantes no recibieron clases por tres días luego de que les suspendieran el servicio de electricidad por falta de pago. Ante la situación, padres de familia y estudiantes cerraron el colegio el 1.° de mayo.
El problema de ambos centros educativos es que el presupuesto que reciben del Ministerio de Educación Pública (MEP) no alcanza.
Hormidas Calderón, presidente de la Junta Administrativa del CTP de Acosta, contó que a este liceo le recortaron un 71% del presupuesto. Tras varias negociaciones, el representante informó de que el Ministerio se comprometió a darles una gran parte de los fondos necesarios para cumplir con este año.
Hasta ahora, en el CTP de Orotina no han topado con la misma suerte, aunque el pasado 19 de abril el Gobierno Estudiantil cerró los portones del centro educativo luego de la suspensión del servicio eléctrico.
Para Cristian Miranda Alpízar, director de la institución, las soluciones “reales” no han llegado, pues solo les ofrecieron dinero para pagar recibos pendientes, lo que tampoco se ha cumplido.
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El docente, incluso, planteó un recurso de amparo ante la Sala Constitucional para solicitar la asignación de recursos suficientes para atender las necesidades. La gestión fue presentada desde el 5 de abril, antes de que les cortaron la luz.
De acuerdo con el director, en documentos aportados al expediente 24-008876-0007-CO, correspondiente al amparo, la ministra Anna Katharina Müller Castro, alegó que lo solicitado no es competencia del Ministerio de Educación sino del Ministerio de Hacienda. Por esa razón, solicitó a la Sala Constitucional que se desestime el recurso.
Lo mismo justificó Francisco Corella Rojas, director de Gestión y Desarrollo Regional del MEP.
“Vea cómo el MEP simplemente nos da la espalda”, consideró Miranda.
Luego del cierre de un día del CTP Ricardo Castro Beer, en Orotina, al director y a los estudiantes se les comunicó que habían hablado con autoridades del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) para que les reconectaran la electricidad, aunque aún no se han pagado los dos recibos pendientes que ascienden a ¢6,7 millones
El director comentó que Leonardo Sánchez, viceministro de Planificación del MEP, se comprometió a asignarles ¢9 millones para poder cumplir con el pago de recibos: tres para el mes anterior, tres para este y tres para el próximo.
“Hasta la fecha no hemos recibido ni un cinco. Ya me llamaron del ICE para ver cuándo vamos a cancelar lo que debemos”, agregó Miranda.
Una reducción del presupuesto que se les paga a las juntas administrativas con el fondo dispuesto en la Ley 6746 es la principal razón de la imposibilidad de cubrir todos los gastos en el liceo de Orotina, lo mismo que en el CTP de Acosta, pero también en los colegios técnicos de Monterrey de Aserrí y de San Mateo de Alajuela.
“En 2017, el colegio recibía ¢105 millones y desde ahí se ha venido dando disminución hasta llegar a ¢24 millones”, dijo Miranda.
La disminución representa un 77% menos en los recursos recibidos. Los ¢24 millones se distribuyen en ¢2 millones por mes, sin embargo, entre el pago de electricidad, agua, teléfono, servicios municipales y gastos fijos “les hacen falta” ¢1,5 millones mensuales.
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El educador señaló que cuando acudió en busca de ayuda, en la Dirección Regional de Alajuela le sugirieron hacer rifas, bingos y diferentes actividades para que así pudiera subsanar la situación,
“Además, nos falta el recurso para comprar artículos de limpieza, de oficina, hojas y tinta para exámenes de estudiantes, el presupuesto no me da. Ahorita tenemos luz, pero falta jabón, papel higiénico; las baterías sanitarias están fatales. No tengo ni un solo cinco ni para comprar un codo que se necesita para hacer un desagüe”, lamentó Miranda.
Este miércoles 8 de mayo, el director tendrá una reunión con Sofía Ramírez, viceministra administrativa del MEP, y con Lourdes Sáurez, directora de Infraestructura Educativa (DIE), en otro intento de buscar soluciones.
Las carencias en temas de presupuesto y la imposibilidad de solventar pago de servicios, así como comprar productos de limpieza y papelería, también las experimentan en el Colegio Técnico Profesional Braulio Odio Herrera, en Monterrey de Aserrí, según contó Didier Carrión, presidente de la Junta Administrativa.
El vocero dijo a La Nación que pronto se reunirá con los padres de familia para encontrar soluciones.
“Estamos valorando qué hacer, porque el presupuesto que el MEP da a la Junta no está alcanzando. Dan ¢742.000 al mes y solo en luz se nos van más de ¢600.000”, afirmó.
A este centro de estudios acuden 400 alumnos. Según el presidente de la Junta, en el año 2020 les asignaban poco más de ¢1 millón mensuales para cubrir los mismos gastos de servicios, entre otros.
“Los gastos suben y el presupuesto baja”, reclamó. Debido al recorte en el presupuesto, señaló, el año anterior debieron hacer un arreglo de pago con Coopesantos, la suplidora de electricidad del colegio y fueron pagando en cuotas dos recibos pendientes que sumaban ¢1 millón.
“De agua debemos un mes, no hemos podido pagar, ni tenemos para los meses que vienen”, advirtió.
En el Colegio Técnico Profesional de San Mateo, en Alajuela, el presupuesto asignado por el MEP también se queda corto frente a todas las necesidades. La directora, Katia Carballo, comentó que han implementado diferentes prácticas para conseguir el dinero que les hace falta y salir adelante con todos los gastos.
Entre las soluciones que el mismo colegio y sus funcionarios han hallado están la venta de chatarra, la realización de rifas y actividades, e incluso los docentes y personal han donado ¢20.000 cada uno de su dinero para entregar hasta ¢1 millón a la Junta Administrativa y que dispongan de él para lo que se necesite.
“Si nos basamos solo en el presupuesto (del MEP) no salimos”, explicó Carballo, quien resaltó que hasta ahora no han llegado al extremo de quedarse sin pagar algún servicio.
El colegio que dirige cuenta con 600 estudiantes y reciben anualmente un presupuesto de ¢16 millones, lo que les otorga ¢1,3 millones al mes.
La Nación solicitó una entrevista con Leonardo Sánchez, viceministro de Planificación del MEP para profundizar en los recortes presupuestarios que sufren los centros educativos, no obstante, al cierre de esta nota no se había definido una fecha.
