Proyecto de ley busca propiciar mayor dinamismo al sector agropecuario que requiere de mano de obra temporal.
Los diputados aprobaron en primer debate un proyecto de ley para reducir, en un 50%, los aranceles que pagan los 15.000 extranjeros que ingresan anualmente al país para laborar en la recolección de cosechas como las de café y naranjas, durante periodos de nueve meses.
La iniciativa, presentada por el gobierno en junio de 2023, tiene como fin propiciar un mayor dinamismo en el sector agropecuario, el cual requiere de la mano de obra foránea debido a la ausencia de fuerza laboral nacional para estos trabajos temporales.
Además, se procura mejorar la condición de los trabajadores extranjeros, de manera que eviten la informalidad y puedan estar debidamente documentados.
El plan baja de $60 a $30 el total de aranceles mediante reformas a los artículos 33 y 253 de la Ley General de Migración y Extranjería.
Actualmente, los trabajadores extranjeros deben pagar $25 por la regularización y $5 adicionales por el ingreso al país. Asimismo, tienen que desembolsar otros $30 por la emisión de su documento.
Todos estos montos serán reducidos a la mitad con la aprobación de la reforma legal.
El plan 23.778 fue presentado por el gobierno y recibió el apoyo unánime de 42 congresistas, el 14 de mayo.
Según explicó Nogui Acosta, Ministro de Hacienda, el gobierno deberá monitorear la relación costo-beneficio de este proyecto de ley, para evaluar el impacto económico.
“Habrá que ver cuál es el efecto que genera esta reducción”, dijo. Explicó que muchos de los trabajadores que entran de manera informal evitan el pago del seguro. Entonces, es posible que la reducción se compense de otra forma con una mayor formalización.
El proyecto de ley admite que la agricultura costarricense depende en buena parte de la mano de obra extranjera.
La justificación del texto dice que se busca proporcionalidad en la aplicación de los aranceles, con el objetivo de mejorar la competitividad y rentabilidad de las actividades agropecuarias, las cuales afrontan altos costos operativos debido, entre otras razones, al pago de aranceles migratorios para los trabajadores extranjeros.
En la práctica, en la gran mayoría de los casos, los costos de regularización son sufragados por los productores. Esto puede deberse a la urgencia de contar con trabajadores para evitar pérdidas en las cosechas o, simplemente, porque estos pagos resultan ser una carga insostenible para los trabajadores, dada su situación socioeconómica particular, dice el plan.
