Si no se incorpora una directiva en el plazo establecido, la Comisión Europea puede iniciar un procedimiento de infracción contra España.
España todavía tiene pendiente de trasponer a su ordenamiento jurídico un total de 55 directivas europeas, según se desprende de una solicitud de transparencia realizada por Newtral.es. De esas normativas comunitarias, 21 ya han superado su fecha límite para que nuestro país las materialice en leyes estatales, por lo que se podría incurrir en sanciones.
Jerga parlamentaria. La trasposición es el proceso por el que se incorporan las directivas europeas a cada legislación nacional de los países comunitarios para que adquieran ese rango de ley en cada territorio.
La directiva europea más antigua que está pendiente de incluirse en la normativa de España es sobre normas para la protección contra los peligros derivados de la exposición a radiaciones ionizantes, cuya fecha límite para incorporarla fue el 6 de febrero de 2018.
Otras directivas que no se han incorporado en fecha. La normativa que regula el intercambio de información sobre nacionales de terceros países (28 de junio de 2022); o la relativa a la conciliación de la vida familiar y profesional de los progenitores y de los cuidadores (2 de agosto de 2022) también siguen pendientes de incorporación.
Textos que aún se pueden adoptar en tiempo. La iniciativa sobre representación paritaria entre los administradores de las sociedades cotizadas, que ya se encuentra en el Congreso, debe ser aprobada antes del próximo 28 de diciembre; mientras que la de protección de los trabajadores que estén expuestos al amianto tiene que estar lista para el 21 de diciembre del 2025.
A la espera. 24 directivas europeas no tienen, a día de hoy, definida la forma en la que España va a incorporarlas en su legislación. El resto se prevé que se haga a través de un real decreto o de un proyecto de ley.
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