La presidenta de la organización La Sala logró ser la primera persona asegurada como trabajadora sexual ante la Caja Costarricense del Seguro Social, un hito en la lucha de su gremio.
El 23 de febrero de este 2024, Nubia Ordóñez marcó un hito en la historia de Costa Rica y Latinoamérica, al conquistar el logro de ser la primera persona asegurada como trabajadora sexual autónoma en la Caja Costarricense del Seguro Social.
“Estamos luchando por las compañeras que vienen, nosotras hemos trabajado y estas cosas no las vimos. Yo estoy metida en el reconocimiento de la Caja y todavía me parece mentira, porque no fue fácil, creíamos que no se iba a lograr”, declaró emocionada.
5168: cuatro dígitos que a simple vista no tienen nada especial, representan una lucha de décadas, pues a partir de ahora serán el código de actividad con el que las personas que ejerzan este oficio podrán ser aseguradas en la Caja.
“Nosotras teníamos que decir que vendemos catálogos, que hacemos uñas o hacemos servicios de limpieza doméstica. Yo misma estuve asegurada por supuestamente vender catálogos, siendo trabajadora sexual. Nos han hecho mentirosas en ese sentido”, confesó la directora de la organización La Sala.
Este reconocimiento institucional fue fruto de años de trabajo, formalizados desde mediados del 2023, en un encuentro entre las fundaciones ACCEDER, Casa Árbol y La Sala. Durante esta reunión se firmó el documento que se presentó a la CCSS.
“Es la primera vez que sucede en Latinoamérica. En Uruguay se pueden inscribir, pero es más un tema de control sanitario y no un reconocimiento de la actividad laboral en sí. Costa Rica es foco de atención por haber reconocido el derecho de estas personas”, declaró José Estrada, abogado ad honorem de Casa Árbol.
Estrada llevó el proceso legal al que la Caja tardó aproximadamente seis meses en responder. Su vinculación con Ordóñez y La Sala comenzó años atrás cuando realizaba su tesis centrada en la regulación del trabajo sexual.
“Yo siempre le había prometido a ella regresar y materializar la lucha del trabajo sexual, obteniendo el reconocimiento jurídico del cual carecían”, aseguró el abogado.
El camino hasta este avance no ha sido para nada una “vida fácil”, como reza el estigma sobre este sector de la población. Ordóñez ha sido testigo y pieza fundamental del activismo de tres décadas para articular a las personas trabajadoras sexuales en Costa Rica.
Esto inició en 1994, con la fundación de La Sala como una iniciativa de salud, relacionada con la prevención del VIH. Con el tiempo las trabajadoras fueron apropiándose de la organización y desde el 2011 está integrada únicamente por personas de este gremio.
“Había una junta directiva de profesionales y la única trabajadora sexual era yo. Yo sentía que algo estaba mal, que no eran nuestras voces las que estaban siendo escuchadas. Ahora ya nadie está hablando por nosotras”, relató la activista.
Durante estas décadas, Ordóñez no ha cesado de marcar la historia. Primero, como miembro fundadora de la primera organización de trabajadoras sexuales en Costa Rica y tres años después, como responsable del nacimiento de la Red Latinoamericana y del Caribe de Trabajadoras Sexuales (REDTRASEX).
En este espacio ha coincidido con su compañera paraguaya Lucy Esquivel, actual directora ejecutiva de la REDTRASEX. Justamente, Esquivel fundó hace 20 años en su país Unidas en la Esperanza, organización similar a la que preside la costarricense.
“La fundé sola, cansada de la violencia policial y ver cómo nuestras compañeras iban presas o la policía venía simplemente a maltratar, cuando se supone que deben cuidar, pero con nosotras nunca pasó eso. Sabemos que la mayoría de países son machistas y fundamentalistas, y nos han visto como un vehículo de infección y no como sujetas de derecho”, relató Esquivel.
No obstante, ejercer el trabajo sexual y más aún, abogar por sus derechos, conlleva el recibir rechazo y prejuicio de la sociedad, de la cual forman parte también las personas cercanas. Esto, explicó Ordóñez, fue una carga que tardó en soltar.
“Me escondía de mi familia, de mis amigos y vecinos. Pensaba que estaba haciendo cosas malas, que me iba a castigar Dios, que me iba ir para el infierno y todas esas cosas; ahora estoy convencida de que lo que hacemos mis compañeras y yo es un trabajo”, comentó.
Ambas se han topado con innumerables ataques de diversos sectores, incluso afirman ser constantemente amedrentadas por un sector del feminismo que se declara como “abolicionista”. Este enfoque se opone totalmente al trabajo sexual.
“¿Cómo es que quieren decirnos a nosotras qué hacer con nuestro cuerpo? Nosotras no estamos pidiéndole a nadie, ni a las abolicionistas, permiso. Quiero hacer, reconoceme, aceptame. Estamos diciendo: respetá mi autodeterminación, este es el trabajo que hemos elegido”, declaró Esquivel.
Colguemos en el perchero, por un momento, la doble moral, la hipocresía y los prejuicios. En Costa Rica existe el trabajo sexual desde siempre y todos lo sabemos.
Vemos anuncios en periódicos, hemos oído de locales donde se ejerce, algunos son hasta referencias geográficas; pero nos empeñamos en ignorar al dinosaurio en la habitación, y como sociedad hacemos caso omiso a las demandas de este sector de trabajadores.
“Yo trabajé en una sala de masajes y ahí ejercí el trabajo sexual, tenía patente, estaba abierto y daban permiso para que funcionara. El gobierno lo sabe, dice que el proxenetismo es ilegal, pero permiten que esto suceda”, señaló Nubia Ordóñez.
Las contadas veces que en la cotidianidad del espacio público se hace mención a las personas trabajadoras sexuales, es para repetir un sinfín de estigmas arrastrados durante generaciones y que violentan a esta población.
“Hay mucho tabú y mitos alrededor del trabajo sexual, han usado barbaridades para referirse a nosotras. No vendemos el cuerpo, imagínate si yo vendiera el cuerpo después de más de 20 años parada en una esquina ¡No tendría ni un solo pelo!”, comentó Lucy Esquivel.
Tanto ella como Ordóñez esperan que este reconocimiento institucional signifique un respaldo jurídico y también un avance a nivel social, en su lucha por borrar la violencia y discriminación de las que son víctimas a diario.
El abogado José Estrada explica que aunque la respuesta fue de parte de la CCSS, ese criterio es vinculante al resto de la institucionalidad pública. Esto significa que queda pendiente una reacción en cadena de las organizaciones que están vinculadas con el ejercicio del trabajo autónomo.
“Es un reconocimiento administrativo del derecho al trabajo y a la autodeterminación sexual de las personas trabajadoras sexuales. Son personas adultas que utilizan su cuerpo como herramienta de trabajo para tener una plusvalía de un servicio asimilable a todos los demás que existen en el comercio”, explicó Estrada.
La primera de ellas es el Ministerio de Hacienda, pues la inscripción de un trabajador independiente contempla también el registro ante esta institución. Estrada afirma que lo más probable es que tomen muchas precauciones al emitir su criterio jurídico, pero esperan un avance antes del fin del primer semestre de este año.
Por su parte, Ordóñez espera que estas decisiones tomen en cuenta las opiniones de las trabajadoras, para que se elabore un marco administrativo que responda a la realidad que enfrentan. En cuanto a Hacienda, afirma que lo mejor es un régimen de facturación simplificado para resguardar la privacidad de los clientes.
Sumado a esto debe existir una normalización en el sistema financiero, que en muchas ocasiones no permitía depositar el dinero obtenido por el trabajo sexual y a la vez, les impedía ser candidatas a créditos.
Otra de las instituciones que deberá adaptarse a este reconocimiento es el Instituto Nacional de Seguros. Nuevamente, la activista espera un seguro de riesgos de trabajo aterrizado a las vivencias de su gremio.
“Son muchos los riesgos de trabajo, montarse a un carro ajeno y que me vaya a tirar por allá, me golpee o me viole o que incluso que haya un accidente en el carro. Hasta una infección de transmisión sexual, todo eso tiene que tomarse en cuenta”, explicó.
Trabajadoras del sexo demandan vacaciones
El especialista en Derecho recalcó la responsabilidad legislativa que ha omitido la regulación de este trabajo durante años. Considera conveniente una reforma al artículo del Código Penal referido al proxenetismo, que castiga a terceros que obtengan réditos por el trabajo sexual de una persona.
“La tipificación del proxenetismo castiga a quien se beneficie del trabajo sexual de un tercero, pero si se le agrega que esto ocurra en casos en contra de la voluntad, se añade este factor a la fórmula y la penalización seguiría aplicando cuando el trabajo sea forzado”, expresó el abogado.
Según explica, el estado actual de este artículo puede generar inconvenientes como impedir a las trabajadoras sexuales asociarse entre sí o contrariar algunos procesos administrativos.
“¿Qué pasará cuando deban cobrar impuesto de la renta al trabajo sexual? Hacienda se estaría beneficiando del trabajo sexual de un tercero. ¿Es ilegal? Yo diría que sí, pero lo que pasa es que no ha habido una persona en esa posición”, detalló.
Aunque es un gran paso en el reconocimiento de los derechos de las personas trabajadoras sexuales, es probable que esto no sea accesible para todo el gremio, debido al costo económico de asegurarse.
Estrada afirma que en un futuro cercano debe revisarse esta situación y optar por un sistema de aportación mínima reducida, igual al que el de las trabajadoras domésticas que ganan menos del salario mínimo.
