Iván Vincenti señaló que, si bien las preguntas de Marta Esquivel tratan de formularse en términos generales, ‘en cierta medida’ dirigen su respuesta.
Iván Vincenti Rojas, procurador general de la República, rechazó emitir un criterio vinculante sobre la legalidad del aumento salarial del 10,16% que la Junta Directiva de la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS) aprobó, el pasado 5 de abril, para los médicos de la institución. El pronunciamiento legal lo solicitó Marta Esquivel, presidenta ejecutiva de la entidad.
Esquivel consultó al abogado del Estado si era factible acordar aumentos salariales en “presencia de un conflicto colectivo, con actos de presión evidentes y manifiestos”, en referencia a la protesta de médicos especialistas que se realizó del 1.° al 10 de abril.
La presidenta de la CCSS dijo que los actos obligaron a la administración a tomar decisiones salariales para no afectar el servicio público. Los médicos dejaron de trabajar en horarios extraordinarios como parte de un reclamo por condiciones laborales.
Igualmente, Esquivel preguntó si era posible ajustar las bases salariales de funcionarios públicos, a partir de incrementos que no fueron aplicados debido a la implementación de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas y de la Ley Marco de Empleo Público.
El procurador le contestó que su solicitud era inadmisible, ya que hace referencia a un caso concreto.
“En los antecedentes expuestos, se detalla el conflicto que se ha presentado, las decisiones que se han tomado y la propuesta que está siendo valorada por la administración y sobre la cual existe una decisión pendiente”, indica el dictamen PGR-C-081-2024, del 30 de abril.
Vincenti señaló que, si bien las preguntas tratan de formularse en términos generales, “en cierta medida” dirigen su respuesta.
El aumento salarial para los médicos se aprobó con seis votos a favor y tres votos en contra. Respaldaron la propuesta los tres representantes del bloque patronal y los tres del bloque laboral. Rechazaron la iniciativa los tres delegados del Estado, incluida Marta Esquivel.
La jerarca se opuso por considerar que debía consultarse primero a la Procuraduría sobre la legalidad del incremento. Esquivel remitió la consulta el 9 de abril, cuatro días después de que la Junta Directiva tomó la decisión.
El procurador reiteró: “Considerando que nuestros dictámenes son vinculantes, rendir un criterio sobre ese tipo de consultas implicaría trasladar a la Procuraduría la función propia de la administración activa de tomar decisiones sobre asuntos específicos y situaciones concretas, y, por tanto, estaríamos desconociendo nuestra función meramente consultiva e invadiendo competencias que no nos corresponden”.
El incremento salarial beneficiaría a cerca de 7.220 profesionales que ingresaron a laborar a la CCSS antes de marzo del 2023. El incremento regiría a partir del 1.° de junio y representaría una erogación de ¢15.000 millones anuales.
Empero, la Junta Directiva también solicitó un criterio actuarial para “definir la viabilidad del ajuste”. La solicitud se hizo a pesar de que la misma CCSS indicó, en un comunicado de prensa, que el ajuste tiene la viabilidad técnica, financiera y legal.
La Nación consultó a la oficina de prensa de la CCSS, desde la mañana de este martes, sobre el estatus de la opinión actuarial y si ya había sido presentada a la Junta Directiva; sin embargo, no se obtuvo respuesta a las preguntas remitidas por correo electrónico.
