Los tractoristas están recibiendo miles de sanciones de hasta 200 euros pese a que sus protestas estaban autorizadas
El Gobierno de Pedro Sánchez está «friendo» a multas a una parte de los agricultores y ganaderos que han acudido a las movilizaciones y protestas que han tenido lugar durante el primer trimestre de este año. Para ello utiliza las informaciones y denuncias que han presentado la Guardia Civil, la Policía Nacional y las diversas Policías Locales que han intervenido en los operativos que se montaron con motivo de las manifestaciones y tractoradas. En unos casos esos actos habían sido comunicados y en otros no estaban autorizados, pero las sanciones han llegado en ambos. Desde la Comunidad Valenciana a Extremadura, pasando por Aragón, Castilla y León, La Rioja, Navarra, Asturias y Andalucía, prácticamente en todas las regiones se ha generalizado ya la comunicación de las multas por parte de las autoridades competentes, como los subdelegados y delegados del Gobierno, dependientes de Pedro Sánchez, con Luis Planas de ministro de Agricultura y Marlaska de Interior.
La última oleada de sanciones ha tenido lugar en Andalucía. Fuentes de Asaja Sevilla ha informado de que en los últimos días se han recibido medio millar de multas solo por la tractorada que tuvo lugar el 14 de febrero, que estaba autorizada por la subdelegación del Gobierno. En su mayoría son de 200 euros y el motivo más común es el de «!estacionar el vehículo obstaculizando la circulación», que era justo para lo que se había convocado la movilización. Desde la COAG de Sevilla se habla de acoso al sector agrario y han reclamado a la Dirección General de Tráfico que paralice de manera inmediata las sanciones por una tractorada que contaba con autorización y se desarrolló sin actos vandálicos ni violencia. Mientras tanto, la Unió Llauradora de la Comunidad Valenciana ha denunciado a su vez que los agricultores y ganaderos están recibiendo sanciones de hasta 1.200 euros, en este caso por su participación en la protesta que tuvo lugar el 22 de febrero en el puerto de Valencia; entre los afectados figura el secretario general de la organización Carlos Peris.
Según fuentes del sector agrario, se espera que este importante goteo de sanciones continúe durante las próximas semanas, incluso dentro del periodo de precampaña y campaña propiamente dicha de las elecciones al Parlamento Europeo, que son muy importantes para el sector agrario. Si finalmente es así, las cosas se podrían complicar mucho para los candidatos del PSOE, que estarán encabezados por Teresa Ribera, la vicepresidente tercera y ministra para la Transición Ecológica, que no goza precisamente de especiales simpatías en el campo por las políticas que ha llevado a cabo durante los últimos casi seis años.
El anuncio de que encabezará la candidatura socialista y de su posible marcha a Bruselas como comisaria europea ha tenido una doble lectura en el sector agrario: por un lado, de alivio por perderla de vista en el Gobierno de España; pero, por otro, de preocupación por lo que pueda hacer si finamente termina en Bruselas encargándose de lo que ella y Pedro Sánchez pretenden: la energía, la lucha contra el cambio climático y la política medioambiental. Aunque ahora todo dependerá de lo que pase con Sánchez y de si continúa al frente del Gobierno, o no.
En cualquier caso, el desarrollo de la campaña electoral preocupa en medios del PSOE, en los que consideran que será muy difícil, por no decir imposible, presentar a Teresa Ribera como candidata a defender los intereses del sector agrario, tanto en el Parlamento Europeo, como en la Comisión Europea, si finalmente fuese la comisaria en representación de España. Entre las medidas adoptadas por su cuenta y riesgo durante los últimos años figura la orden ministerial por la que se aumentó la protección al lobo, lo que ha contado con el rechazo de los ganaderos extensivos de Galicia, Asturias, Cantabria y Castilla y León, que son los más afectados por los ataques a sus animales.
Precisamente, la semana pasada se aprobó en el Congreso de los Diputados una proposición de Ley presentada por el PP para sacar al lobo del Listado de Especies Silvestres en régimen de Protección Especial (Lespre). El texto comienza ahora su tramitación parlamentaria. Este texto se ha debatido un mes después de que se aprobará en el Senado una moción por la que se insta al Gobierno a la exclusión del lobo del Lespre, a rebajar la protección de la especie y a llegar a un acuerdo que permita compatibilizar la conservación del lobo con las actividades ganaderas.
