Para nuestro principal socio comercial, uno de los tipos más peligrosos de violaciones de la propiedad intelectual implica productos falsificados que plantean riesgos para la salud y la seguridad.
De 100 socios comerciales que tiene Estados Unidos, en donde México es uno de sus principales aliados, en materia de protección y aplicación de los derechos de propiedad intelectual, simplemente estamos en la “lista negra”.
Y es que el análisis de la Oficina del Representante Comercial de los Estados Unidos (USTR), que preside Katherine Tai, en temas sobre la eficacia de la protección y aplicación de los derechos de propiedad intelectual nos ubica en una Lista de Vigilancia, que merece atención bilateral para abordar los problemas subyacentes de propiedad intelectual.
Si bien son siete los países que están en una lista prioritaria, a México lo ponen en una segunda Lista de Vigilancia con 20 naciones, y ahí estamos al mismo nivel que Argelia, Barbados, Bielorrusia, Bolivia, Brasil, Bulgaria, Canadá, Colombia, Ecuador, Egipto, Guatemala, Pakistán, Paraguay, Perú y Tailandia, Trinidad y Tobago, Turquía, Turkmenistán y Vietnam, por incumplir y no trabajar en esos temas.
Para nuestro principal socio comercial, uno de los tipos más peligrosos de violaciones de la propiedad intelectual implica productos falsificados que plantean riesgos para la salud y la seguridad.
En el caso de nuestro país, se advierte de manera directa que México necesita implementar plenamente el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), incluidas las obligaciones en materia de propiedad intelectual con periodos de transición que finalizan en 2024 y 2025.
Uno de los varios puntos que se destacan es que en México se sigue sufriendo la importación, fabricación, venta, distribución, reexportación y transbordo generalizados de productos falsificados. La prevalencia de productos falsificados a un nivel notorio, que es posible verlo en todos lados y además, increméntandose cada día más con la participación de organizaciones criminales transnacionales.
Y la crítica es directa a esta administración federal, ya que le recuerdan que en el pasado, las autoridades mexicanas llevaron a cabo importantes investigaciones de propiedad intelectual, incluso recuerdan en el informe que se hicieron cateos para dar cumplimiento de la ley contra los mercados identificados como centrales de piratería, como son el Mercado San Juan de Dios y Tepito.
Sin embargo, ya nada se ha hecho, aunque hay acciones administrativas contra falsificadores, a través del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), que siguen vigentes, pero son muy limitadas debido a recortes presupuestarios y reducciones de personal.
Si no se hacen cambios a más tardar el próximo año, el panorama en esta materia es que México sea ubicado en una posición tan mala como China, por no proteger la propiedad intelectual. Las alertas están encendidas.
La competencia en el sector financiero sigue creciendo de la mano de innovaciones tecnológicas, lo cual sin duda es bueno, pero lo más importante es no perder de vista que eso está permitiendo el acceso a más personas a servicios financieros de primera.
Y en ese ambiente, hay que seguir a Broxel, que fundó y dirige Gustavo Gutiérrez Galindo, pues sigue haciendo alianzas interesantes para democratizar la tecnología en medios de pago, ya lo hemos visto con equipos de futbol, de la NFL y ahora sume a un producto con Providencia.
Así es, el grupo textil Providencia, que comanda José Antonio Torre, tendrá una tarjeta con su marca asociada a Broxel. Lo interesante de este plástico es que permitirá incluir financieramente a la enorme fuerza de ventas del grupo de ventas por catálogo, que rebasa las 70 mil mujeres.
El tema no es menor, pues muchas vendedoras colocan más de 40 mil pesos al mes en productos textiles, ahora con el plástico, que llevará las dos marcas, podrán acceder a una línea de crédito, tener un descuento adicional en la compra de capital de trabajo, recibir remesas (muchas de ellas complementan así el ingreso familiar) en la misma aplicación, además de poder recibir pagos en este ecosistema digital.
Por lo que pronto, no descarte que el término “proviamigas”, como se conoce a las vendedoras de Grupo Providencia, se ponga de moda en el país, aunque la región centro es particularmente relevante.
El programa también hace sentido con lo que Broxel anunció el año pasado: crear productos financieros con perspectiva de género, que ayuden a mujeres a potenciar sus capacidades.
Si bien para un sector empresarial, la publicación del decreto que aumentó aranceles de 544 fracciones fue positiva, algunas empresas, empezaron ya a lanzar las señales de alerta.
Es el caso de Grupo Vasconia, que preside y dirige José Ramón Elizondo Anaya, quien explicó que la publicación del decreto por el que se modifica la tarifa de la Ley de los Impuestos Generales de Importación y de Exportación, incrementando del 5 por ciento al 50 por ciento, referente a los aranceles a la importación de mercancías clasificadas en 544 fracciones arancelarias, estiman que podrían afectarles.
Y es que entre ellas están las correspondientes al aluminio primario y aleado, materia prima que no se fabrica en México y es esencial para su subsidiaria Almexa Aluminio, lo que claramente adelantan que resultará en un “muy relevante incremento de costos para Almexa”. Recordemos que Almexa tiene la mayoría de sus ventas para destino final en los Estados Unidos.
También hay 10 fracciones que afectan materias primas y otros productos que importa su otra subsidiaria, Vasconia Brands, y que también aumentan los costos de ciertos insumos o productos utilizados por el grupo mexicano, y que todos seguramente tenemos algún producto en nuestra cocina.
Actualmente, Vasconia está evaluando los efectos del decreto y buscando opciones de continuidad del negocio y analizando los caminos a seguir.
Una buena, y es que la Secretaría de Economía, que comanda Raquel Buenrostro, anunció que México ganó el primer caso sometido al panel laboral del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), pues el panel trinacional del Mecanismo Laboral de Respuesta Rápida (MLRR) resolvió a favor de la posición mexicana en la controversia laboral surgida en la mina San Martín, ubicada en Sombrerete, Zacatecas.
En el caso de la mina San Martín, aunque la empresa Grupo México de Germán Larrea haya negado repetidamente a los trabajadores derechos de libertad sindical y negociación colectiva durante 16 años, estas irregularidades fueron o están en vías de ser corregidas por las autoridades mexicanas competentes, pero es un tema que no entró a discusión vía el T-MEC.
Por lo pronto, la moneda está en el aire.
