El cuestionamiento del fiscal general del Estado, algo habitual por parte de la oposición en cualquier legislatura, ha sumado argumentos esta semana para el Partido Popular y la derecha judicial. Al clima provocado por la reprobación de Álvaro García Ortiz en el Senado, un gesto sin mayor repercusión obtenido por la mayoría de los conservadores en la Cámara Alta, se une la tensión creciente con el Tribunal Supremo, que el martes anuló el nombramiento que hizo de su antecesora, Dolores Delgado, como fiscal de Memoria Democrática; y que deberá decidir próximamente sobre su continuidad al frente del Ministerio Público tras el recurso de una asociación minoritaria.
Todo ello, en unas fechas más que complicadas para García Ortiz, que está en el cargo desde julio de 2022 y que, desde entonces, se ha visto envuelto en algunas polémicas por sus nombramientos. Y ha tenido que afrontar también bulos publicados por determinada prensa y la férrea oposición de la mayoritaria y conservadora Asociación de Fiscales, que ha pedido reiteradamente su dimisión. También la reciente apertura de una causa contra la Fiscalía por emitir un comunicado para desmentir tergiversaciones sobre el caso de la pareja de Isabel Díaz Ayuso. Una nota de prensa de la que él asumió toda la responsabilidad.
Este jueves, en una entrevista en la Cadena Ser, García Ortiz insistió en que no iba a renunciar, criticó que el Senado lo hubiera sometido a lo que calificó como un “tribunal de honor” y dijo que no se sentía “perseguido” por el Alto Tribunal. “Venimos aquí a intentar cambiar este país, con mucha honestidad, llenos de ganas e ilusión (...). Cambiar dinámicas en estructuras tan conservadoras como son la carrera fiscal, como es la Justicia, sabíamos que tenía un coste. Pero la ilusión permanece”, afirmó.
Sobre su continuidad en el cargo se pronunciará en próximas fechas el Supremo tras un recurso contra la decisión del Gobierno de Pedro Sánchez de renovarle como fiscal general presentado por la minoritaria Asociación Independiente de Fiscales (APIF), cuyo portavoz acusó a sus superiores de hacer “un 155 encubierto” a los fiscales. Ese recurso se basa, principalmente, en dos aspectos. Por un lado, en la negativa de García Ortiz a hacer un informe sobre la ley de amnistía con el argumento de que no tenía amparo legal para hacerlo. Y, por otro, en la sentencia que determinó que García Ortiz incurrió en “desviación de poder” al promover el primer ascenso de Delgado.
Precisamente esta semana también trascendió que García Ortiz había recusado a cuatro de los cinco magistrados que tienen que pronunciarse sobre ese recurso porque participaron en la sentencia sobre Delgado. Entre ellos está José Luis Requero, un magistrado conservador que tildó de “apesebrados” al Tribunal Constitucional y la Fiscalía en un artículo en La Razón tras la firmar la sentencia sobre ese nombramiento. En la Cadena Ser, García Ortiz explicó que considera “más sano” que “otros ojos” examinen este recurso. Sin embargo, esa decisión fue duramente criticada por sectores de la judicatura, que lo compararon con el expresident de la Generalitat huido de la Justicia Carles Puigdemont, según varias informaciones periodísticas.
Los nombramientos efectuados en las altas instancias de la Fiscalía han sido objeto constante de polémica desde su llegada a la cúpula del Ministerio Público. Y ahí vuelve a aparecer la conservadora Asociación de Fiscales, que ha denunciado de forma insistente que García Ortiz ha beneficiado supuestamente a su antigua agrupación, la Unión Progresista de Fiscales, en las designaciones dentro de la cúpula de la Fiscalía.
No obstante, los correctivos más severos han llegado del Supremo, que ha anulado las dos designaciones que suponían ascender a Delgado a la máxima categoría de la carrera. Primero, como fiscal de la Sala Togada del Tribunal Supremo, la sala militar; y, después, esta misma semana, como fiscal de Memoria Democrática. En el primer caso, los jueces decretaron que existió “desviación de poder” y que García Ortiz actuó con el objetivo de dar un ascenso a su antecesora y no de proveer una plaza.
En relación al nombramiento como fiscal de Memoria Democrática, los magistrados han devuelto el proceso al Consejo Fiscal para que se pronuncie sobre un punto en concreto: si la actividad profesional de su pareja —el exjuez Baltasar Garzón, que trabaja como abogado— obstaculiza “el imparcial desempeño de su función”. García Ortiz rechazó en su día examinar si esa relación era motivo de incompatibilidad al entender que era una actuación “prospectiva” y acordó seguir adelante con la designación de ese puesto que se había creado tras la entrada en vigor de la nueva ley de memoria.
La decisión de García Ortiz motivó que las asociaciones conservadoras no participaran en la votación, que es preceptiva aunque no vinculante. Pero lo cierto es que desde días antes, el clima era de tensión absoluta porque estas asociaciones estaban acusando al fiscal general de hacer una “burda maniobra” con el único objetivo de garantizar el nombramiento y evitar que pudiera verse comprometido por el escenario de un hipotético cambio de Gobierno tras las generales que se se iban a celebrar en julio.
En la citada entrevista, García Ortiz afirmó que el movimiento de las asociaciones pidiendo examinar esa compatibilidad correspondió a una estrategia “dilatoria” y desveló que “alguno de los vocales” del Consejo Fiscal llegó incluso a verbalizar que era mejor iniciar ese expediente de incompatibilidad —lo que hubiera dilatado la designación— con el argumento de que “seguramente” iba a ganar las elecciones un partido al que no le iba a importar la memoria democrática. Finalmente, el PSOE ganó esos comicios, la norma sigue en vigor y García Ortiz fue confirmado en su puesto tiempo después.
Otra de las materias que, en las últimas semanas, ha generado polémica en la Fiscalía es la querella que Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso, presentó contra dos fiscales de Madrid a los que acusa de revelación de secretos al publicar un comunicado sobre su caso para desmentir una información falsa del jefe de gabinete de la presidenta de la Comunidad de Madrid. Es un comunicado del que García Ortiz asumió la responsabilidad en primera persona. “Es lo que teníamos que hacer”, reiteró esta semana en la Cadena Ser, donde insistió en que se emitió para “rebatir un bulo malintencionado que quería poner a la Fiscalía a los pies de los caballos” en relación a ese asunto.
En un primer momento, la fiscal encargada del asunto era partidaria de hacer unas polémicas indagaciones previas antes de decidir si se posicionaba o no a favor de investigar a dos de sus compañeros. Entre esas diligencias estaba examinar las comunicaciones del propio fiscal general. El asunto llegó incluso a la Junta de Fiscales de Sala, que respaldó el criterio de los jefes del Ministerio Público de solicitar la inadmisión de esa querella. Su tesis —con García Ortiz a la cabeza— es que el comunicado se limitó a combatir el “bulo” de que era la cúpula la que había frenado un pacto propuesto por el fiscal de la causa cuando era el empresario y comisionista quien había propuesto un acuerdo a cambio de reconocer sus dos delitos fiscales.
En cualquier caso, esa querella presentada por González Amador, imputado por fraude fiscal y falsedad documental, fue finalmente admitida a trámite esta semana. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid quiere investigar si se ha “excedido” el límite permitido penalmente en el ámbito del derecho a la información y “en qué medida han podido perjudicarse los derechos constitucionales” del empresario y comisionista, que está citado a declarar el próximo 20 de mayo.
Estos y otros temas han sido la munición que sirvió al Partido Popular para cargar contra el fiscal general esta semana en el Senado y aprobar su reprobación, una censura con efecto simbólico aunque no ejecutivo. La senadora Asunción Mayo afirmó que debía dimitir “por incumplimiento grave y reiterado de sus funciones, por falta de transparencia y por su servilismo al Gobierno”. Sólo un día después, García Ortiz, insistió en que no piensa marcharse: “Cualquier persona que ocupa un cargo público se cuestiona si lo está haciendo bien y si merece la pena. Pero hay un sentido de la responsabilidad (...). Estamos obligados a continuar”.
