El exjuez corrupto Salvador Alba Mesa, preso en la cárcel madrileña de Estremera, continúa su persecución contra el periodista Carlos Sosa, director de Canarias Ahora, asociado a elDiario.es. Tras conseguir que una jueza de Madrid abriera contra él juicio oral haciendo suya una querella por revelación de secretos, acoso y delito de odio, Alba y su esposa, la letrada de la Administración de Justicia Teresa Lorenzo Establier, han remitido al mismo juzgado un artículo de Sosa publicado en la revista Mongolia por si pudiera ser delictivo.
En el artículo de opinión, publicado el pasado 20 de marzo, el periodista relataba precisamente el motivo por el que Alba y su esposa se querellaron en 2022 reclamando para él una condena de 23 años de prisión y 422.500 euros de indemnización. A juicio del exjuex delincuente y su esposa, en ese artículo “se ataca la independencia judicial con referencia específica a Su Señoría Ilustrísima [la jueza de instrucción], y poniendo en duda la independencia de los tribunales de Madrid, y atentando así al respeto y consideración que le son debidos”.
Consideran Alba y Lorenzo que con ese artículo, Carlos Sosa “evidencia su persistencia criminal en el menoscabo de la dignidad personal y familiar de los querellantes, y ahora, en el ataque a la dignidad e independencia de nuestros tribunales”.
La defensa de Alba de “la dignidad e independencia de nuestros tribunales” y del “respeto y consideración que le son debidos” contrasta fuertemente con los tres delitos por los que fue condenado: prevaricación judicial, cohecho y revelación de secretos, cuando conspiró a favor del exministro José Manuel Soria para acabar con la carrera profesional y política de la magistrada Victoria Rosell, ex delegada del Gobierno contra la Violencia de Género.
Alba y su esposa han pedido a la jueza titular de Instrucción 27 de Madrid, María Ángeles Velázquez, la que tramitó su querella, que deduzca testimonio (abrir una nueva investigación) contra Carlos Sosa y envíe su artículo de Mongolia a la Fiscalía Provincial de Madrid “por si los hechos descritos pudieran constituir un delito contra la Administración de Justicia del art. 464 del Código Penal o del art. 556.2 del mismo texto legal”.
