Tercer intento para acabar con la exclusión sanitaria que el expresidente Mariano Rajoy impuso en 2012. El Consejo de Ministros ha dado luz verde este martes al proyecto de ley de Universalidad del Sistema Nacional de Salud. La nueva norma deroga el decreto aprobado en 2018 por el Gobierno de Pedro Sánchez, que estaba dirigido a solucionar las limitaciones de acceso de las personas sin papeles pero se demostró ineficaz para frenar la exclusión. En la rueda de prensa posterior, la ministra de Sanidad, Mónica García, ha asegurado que con este paso se “garantiza el derecho a la salud” y se “destierra la exclusión sanitaria del Partido Popular”. “Nadie está a salvo hasta que todo el mundo esté a salvo”, ha añadido a renglón seguido.
El mismo Ejecutivo reconoció en 2020 que no estaba funcionando porque se seguían produciendo casos en diferentes comunidades autónomas –la redacción dejó grietas que se utilizaron para imponer trabas administrativas al acceso– e inició los trámites para aprobar una ley que lo subsanara. Aquella norma se envió al Congreso de los Diputados en 2022, bajo la batuta de Carolina Darias en el Ministerio, pero nunca llegó a aprobarse por el adelanto electoral. Ahora, el nuevo Gobierno de coalición vuelve a reactivar el proceso con algunas variaciones en el texto.
es dificil medir lo que es desigual y heterogeneo en comunidades y no se ha cuantificado porque no tienen derecho a asistencia. Es una medida que no solo es eficiente desde el punto de vista de la salud sino de la economía.
Cierra una brecha que se abrió en 2012 y poner a nuestro país en la vanguardia de la defensa de la salud y los derechos humanos.
El proyecto al que ha dado luz verde el Consejo de Ministros este martes pretende cerrar las vías burocráticas que han respaldado la exclusión. ¿Cómo? Según el redactado, ampliando “el derecho a la protección de la salud con cargo a fondos públicos a las personas españolas de origen residentes en el exterior durante sus desplazamientos temporales al territorio español y sus familiares que les acompañen” cuando los reglamentos comunitarios o los convenios bilaterales “no tuvieran prevista esta cobertura”.
La ley también cubre a las “personas ascendientes reagrupadas por su hijo o hija titular del derecho a la asistencia sanitaria que estén a cargo del mismo” y las autoridades “no exigirán seguro de enfermedad para la autorizar la residencia en España o la inscripción en el registro central de extranjeros cuando comprueben que la persona ascendiente se encuentra a cargo de la persona”. Y garantiza “la homogeneidad en la efectividad del derecho a la protección de la salud de las personas no registradas ni autorizadas como residentes en España”.
El texto recuerda que los solicitantes y beneficiarios de protección temporal, las víctimas de trata de seres humanos o de explotación sexual y las personas “no registradas ni autorizadas como residentes en España” tienen “derecho a la protección de la salud y a la atención sanitaria en las mismas condiciones que las personas titulares del derecho durante su permanencia” en el país. Serán las comunidades las que tendrán que fijar el procedimiento para expedir el documento que permita a estos ciudadanos recibir la prestación asistencial y el Estado se hará cargo desde que se presente la solicitud. La ministra ha aclarado que no será necesario el empadronamiento y la asistencia se garantizará con una declaración responsable. “No solo para quien reside en España sino para españoles residentes en el extranjero que vuelven a España”, ha aclarado García.
Durante todo este tiempo, las organizaciones sociales han seguido documentando decenas de situaciones de personas sin papeles sin acceso al sistema. En la práctica, existe un resquicio que permite a las autonomías denegar el derecho a quienes no lleven más de tres meses viviendo en España o no puedan acreditarlo. El Ministerio no ha ofrecido datos de cuántos casos de exclusión se ha producido en estos doce años. “Es difícil medir lo que es desigual y heterogéneo en comunidades y no se ha cuantificado porque no tienen derecho a asistencia”, ha respondido García, que ha remarcado que la medida “no solo es eficiente desde el punto de vista de la salud, sino también de la economía”.
El actual equipo del Ministerio de Sanidad ha dividido en dos leyes lo que en el pasado se intentó sacar adelante en una sola. Ahora, la universalidad y la equidad se cubre con el proyecto aprobado este martes y se deja el blindaje de la gestión pública de la sanidad para una norma aparte que se acaba de sacar a consulta pública y que pretende limitar las privatizaciones, facilitar las reversiones en los casos en los que ya existan y mejorar “la transparencia, auditoría y rendición de cuentas” en la relación de las compañías privadas con el sector público si prestan servicios.
El proyecto de ley también cierra la puerta a nuevos copagos que se preveían en el real decreto 16/2012 que permitió la exclusión sanitaria. Entonces, la cartera común de servicios del Sistema Nacional de Salud se dividió en tres partes (la básica, la suplementaria y la de servicios accesorios) “abriendo la posibilidad a establecer nuevos copagos en prestaciones que hasta entonces carecían de ellos, como el transporte sanitario no urgente o los productos dietoterápicos”. Además, el decreto avalaba modificar los copagos que ya existían en las prestaciones ortoprotésicas, por ejemplo.
