Editorial: El libre comercio, según sople el viento
El viraje de la administración de Laura Fernández en materia comercial plantea interrogantes sobre la coherencia de su política económica, la transparencia de sus decisiones y la conducción de los intereses estratégicos del país.
Fernández se presentó como garante de la continuidad del gobierno de Rodrigo Chaves. No firmar el Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (CPTPP, por sus siglas en inglés) supone una ruptura con uno de los principales proyectos comerciales de su antecesor.
La contradicción exige una explicación: Rodrigo Chaves celebró el acuerdo al concluir las rondas de diálogo y Fernández lo respaldó durante la campaña y en su programa de gobierno. Ahora el expresidente también le dio la espalda al pacto cuya negociación impulsó y afirmó que apoya la decisión de la mandataria de archivar este tratado.
Un cambio de esta magnitud requiere razones claras, evidencia suficiente y una valoración transparente de sus costos y beneficios.
Además, la presidenta se define como liberal en lo económico, defensora del libre comercio y promotora de las exportaciones y la inversión extranjera. Es difícil conciliar esos propósitos con la renuncia a un amplio espacio comercial y a un bloque comprometido con el comercio basado en reglas. Más aún ante el debilitamiento del sistema multilateral, la incertidumbre arancelaria en Estados Unidos y los procedimientos de ese país que podrían afectar las exportaciones de nuestro principal producto. Diversificar los destinos comerciales permite reducir vulnerabilidades; descartar esta oportunidad exige una justificación acorde con sus implicaciones estratégicas.
Las explicaciones ofrecidas hasta ahora no satisfacen esa exigencia. La presidenta asegura, genéricamente y con impostada firmeza, que el equipo negociador no actuó con transparencia ni compartió el texto del acuerdo. Sin embargo, anunciar la decisión mediante un video pregrabado divulgado al iniciar un viaje a Europa y sin espacio inmediato para preguntas de la prensa limita el escrutinio público. Si la transparencia sirve para cuestionar la negociación, también debe orientar la explicación de su abandono.
Asimismo, debe aclararse cómo pudo producirse la alegada falta de información. Fernández ocupó los ministerios de Planificación Nacional y Política Económica y de la Presidencia en la administración anterior y respaldó el acuerdo como candidata. Si desconocía sus alcances, debe explicar sobre qué bases asumió ese compromiso electoral. Si los conocía, corresponde precisar con detalle qué elementos nuevos justificaron el viraje. La ciudadanía merece una respuesta verificable y consistente.
Así las cosas, más que una demostración de firmeza, el cambio parece responder a un cálculo político-electoral y al temor a grupos de presión cuya oposición podría repercutir en los próximos comicios municipales.
Puede haber sectores con preocupaciones legítimas sobre el acuerdo, pero la respuesta debió haber sido construir con ellos una agenda de acompañamiento, no desechar años de trabajo y cuantiosos recursos, comprometiendo la credibilidad del país y de su equipo negociador ante la comunidad internacional.
A este desacierto se suma la destitución de la ministra de Comercio Exterior, Indiana Trejos, poco después de anunciarse la salida de Laura López de la Gerencia General de Procomer. Ambas decisiones agravan la incertidumbre en un entorno internacional adverso y bajo una política cambiaria que pasa una elevada factura, cuyos efectos ya se reflejan en las cifras de empleo, inversión extranjera y exportaciones del régimen de zonas francas. Conscientemente o no, el gobierno propicia una tormenta perfecta, con consecuencias potencialmente graves y duraderas.
En este contexto, también merece consideración la salida del entonces canciller, Manuel Tovar –principal negociador del CPTPP como exjerarca de Comex–, durante la pasada Asamblea General de las Naciones Unidas y en medio de las gestiones para promover la candidatura de Rebeca Grynspan a la Secretaría General de esa organización. En ese caso, las explicaciones tampoco fueron convincentes. Tanto esa destitución como el actual viraje comercial han golpeado duramente la imagen internacional de Costa Rica.
No se cuestiona la potestad de la mandataria para nombrar y remover a sus colaboradores o la posibilidad de cambiar de posiciones, sino el criterio con que lo hace. El momento, las formas y las explicaciones importan cuando están en juego la credibilidad del país y su posición internacional.
Esta administración ha perdido el rumbo en política comercial, una de las pocas áreas en las que Costa Rica mantuvo una trayectoria coherente durante décadas. Ojalá la presidenta elija al frente de Comercio Exterior a una persona capaz de recuperarlo y devolverle al Gobierno de Costa Rica la brújula que tanto necesita.