El Gobierno británico prohibirá a partir del próximo 6 de noviembre la posesión y difusión de contenidos pornográficos que representen estrangulamientos, asfixia, determinadas relaciones sexuales incestuosas o adultos que simulen ser menores de 16 años. La legislación, que entrará en vigor en Inglaterra y Gales, contempla penas de hasta cinco años de prisión y responde a la preocupación por la normalización de la violencia sexual , especialmente entre adolescentes y jóvenes, así como a las advertencias sobre la influencia de la pornografía en su percepción de las relaciones sexuales. La reforma establece condenas máximas de cinco años de cárcel para quienes publiquen o distribuyan estos contenidos, mientras que la posesión podrá castigarse con hasta dos años de prisión en el caso de imágenes de estrangulamiento, asfixia o relaciones incestuosas, y con tres años cuando representen actividad sexual en la que una persona aparente ser menor de 16 años. La prohibición también afectará a archivos almacenados en teléfonos móviles, ordenadores o servicios en la nube, incluidos aquellos obtenidos antes de la entrada en vigor de la ley que continúen en posesión de sus propietarios. Según Alex Davies-Jones, la responsable del Gobierno para la lucha contra la violencia contra las mujeres y las niñas, los contenidos que normalizan o glorifican la violencia contra las mujeres pueden desdibujar los límites entre los comportamientos aceptables y los abusivos. La decisión responde a las recomendaciones de una investigación independiente encargada por el anterior Gobierno conservador de Rishi Sunak y dirigida por la baronesa Gabby Bertin, cuyo informe, publicado en 2025, denunció la falta de supervisión de la industria pornográfica y alertó sobre la frecuencia de escenas de estrangulamiento en plataformas de gran difusión. La nueva legislación también amplía las responsabilidades de las plataformas digitales, puesto que estos contenidos pasarán a formar parte de la categoría de delitos prioritarios prevista en la Ley de Seguridad en Internet (Online Safety Act) de 2023. Esta clasificación obliga a las empresas tecnológicas afectadas a adoptar medidas preventivas y proporcionadas para impedir que los usuarios encuentren material ilegal en sus servicios, además de retirarlo cuando tengan conocimiento de su existencia. El regulador británico de las comunicaciones, Ofcom, podrá imponer sanciones de hasta 18 millones de libras o el 10% de la facturación mundial pertinente de las compañías, la cantidad que resulte mayor, cuando incumplan sus obligaciones. El Gobierno deberá, además, presentar al Parlamento una revisión sobre el papel de las plataformas en la verificación de la edad y el consentimiento de las personas que aparecen en contenidos pornográficos. La coalición End Violence Against Women ha celebrado la reforma, aunque ha reclamado al Ejecutivo que garantice su aplicación efectiva. Su directora interina, Janaya Walker, ha advertido de que el estrangulamiento puede provocar lesiones graves e incluso la muerte, mientras que su representación habitual en la pornografía corre el riesgo de normalizar esta violencia en las relaciones sexuales. La aprobación de estas medidas coincide con una campaña impulsada por un grupo de adolescentes de The Cooper School, en Bicester, Oxfordshire, que reclaman al Gobierno que prohíba también la utilización de uniformes escolares en la pornografía. Las estudiantes, de entre 14 y 15 años, han reunido más de 26.000 firmas y sostienen que estas representaciones contribuyen a sexualizar a niñas y adolescentes. «No somos colegialas sexis. No somos objetos. Somos estudiantes y, lo que es más importante, somos niñas», denuncian las alumnas. Aylin, de 15 años, ha explicado a la prensa que el uniforme debería simbolizar la pertenencia a una comunidad educativa, pero considera que su significado se ha distorsionado por su utilización sexualizada. Willow, de 14 años, asegura que prefiere cambiarse de ropa al salir del colegio porque se siente vulnerable cuando lleva el uniforme en público. Sus preocupaciones encuentran un antecedente en una encuesta publicada en 2018 por Plan International UK, según la cual el 35% de las chicas y mujeres jóvenes de entre 14 y 21 años consultadas había recibido atención sexual no deseada mientras vestían uniforme escolar en espacios públicos. La profesora de Derecho de la Universidad de Durham Clare McGlynn, especialista en pornografía extrema, ha respaldado la campaña y advertido de una limitación de la nueva legislación: aunque prohibirá las representaciones sexuales de adultos que simulen ser menores de 16 años, no impedirá necesariamente que aparezcan uniformes escolares si los personajes representan edades superiores. Por otro lado, Davies-Jones ha reconocido las preocupaciones de las alumnas y elogiado su iniciativa, pero el Gobierno no ha anunciado una prohibición general de los uniformes escolares en los contenidos pornográficos. Las advertencias también proceden del ámbito judicial. Tony Lenehan, abogado penalista escocés y vicepresidente de la Faculty of Advocates, aseguró a la BBC en septiembre que observa cada vez más casos de hombres jóvenes acusados de delitos sexuales que incorporan comportamientos violentos a sus relaciones íntimas sin comprender plenamente sus implicaciones. Lenehan considera que la facilidad de acceso a pornografía extrema ha contribuido a normalizar prácticas como el estrangulamiento y sostiene que estas conductas, poco frecuentes en los procedimientos que conocía hace quince años, aparecen ahora de manera recurrente.
