Costa Rica ante un calentamiento que dejará daños permanentes
Costa Rica debe prepararse para un mundo donde algunos daños climáticos persistirán incluso si la humanidad consigue reducir la temperatura del planeta. Confiar en que una futura corrección del calentamiento resolverá las consecuencias de las decisiones actuales sería una apuesta demasiado costosa.
El informe del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), Limiting Overshoot, advierte de que la acción mundial ha sido insuficiente para evitar que el calentamiento supere 1,5 grados Celsius (°C) sobre los niveles preindustriales en los próximos años. Limitar cuánto se exceda ese umbral y durante cuánto tiempo será decisivo para reducir pérdidas y conservar la posibilidad de un retorno.
El informe se refiere al calentamiento medido en promedios de varias décadas. Un año por encima de 1,5 °C no equivale, por sí solo, a rebasar ese nivel de largo plazo. El aumento no es uniforme: puede traducirse en cambios regionales distintos y extremos más severos.
El término overshoot significa sobrepaso del nivel de calentamiento. Algunos escenarios contemplan que la temperatura descienda después de alcanzar un máximo. Pero esto depende de reducciones profundas de emisiones y de retirar dióxido de carbono de la atmósfera de manera sostenida. El descenso no está garantizado.
Volver a una temperatura anterior no significa recuperar el mundo que existía entonces. El nivel del mar puede seguir aumentando durante mucho tiempo. Una especie extinguida no reaparece cuando baja el termómetro. Algunos ecosistemas pueden cambiar de estado y las comunidades desplazadas, perder su territorio y sus medios de vida.
Por eso, además de la temperatura al final del siglo, importan el máximo de calentamiento, la duración de la exposición y la capacidad de enfrentar daños sucesivos. Un país que atraviese décadas de pérdidas tendrá menos recursos para recuperarse, aunque después mejoren algunas condiciones climáticas.
Para Costa Rica, esta evidencia debe traducirse en decisiones de desarrollo. La protección de la naturaleza, la seguridad del agua, la producción agropecuaria y la continuidad de los servicios públicos forman parte de una misma discusión económica. Los daños en carreteras, acueductos o comunidades costeras afectan el empleo, el costo de vida y las finanzas públicas.
Toda inversión duradera debe evaluarse frente a varios escenarios climáticos. Puentes, hospitales y obras de abastecimiento de agua deben funcionar durante décadas. Su diseño necesita considerar cambios en las amenazas y la exposición durante su vida útil. Los datos históricos deben complementarse con proyecciones.
Lo mismo corresponde al ordenamiento territorial. Autorizar desarrollos en lugares cuya exposición podría aumentar compromete recursos futuros para protección, reconstrucción o traslado. Las municipalidades necesitan información accesible, personal técnico y financiamiento. Exigir planes sin capacidad de ejecución no resuelve el problema.
La adaptación también tiene límites. Algunas barreras pueden superarse con financiamiento, tecnología o mejores instituciones; otras responden a condiciones físicas o ecológicas ante las cuales las medidas disponibles resultan insuficientes. Reconocerlo exige anticipar decisiones difíciles, como revisar usos del suelo o planificar reubicaciones con participación y garantías para las personas afectadas.
Bosques, humedales y manglares regulan el agua, almacenan carbono y amortiguan determinadas amenazas. Su conservación debe valorarse como inversión en seguridad territorial y continuidad de servicios. Estos beneficios dependen de su estado y de las condiciones locales: requieren manejo, monitoreo y recursos permanentes.
El calentamiento puede debilitar esa capacidad. Conservar superficie es necesario, pero también mantener la integridad ecológica y la conectividad. Las áreas protegidas necesitan condiciones que permitan a sus especies responder a los cambios. La restauración debe medirse por su recuperación efectiva, más allá del número de árboles plantados.
Confiar excesivamente en la remoción futura de carbono es riesgoso. Retirarlo de la atmósfera demanda tiempo y afronta restricciones. Costa Rica debe avanzar en la reducción directa de emisiones, incluida la transformación del transporte y la gestión del metano en actividades productivas y residuos. La credibilidad exige resultados verificables y coherencia entre compromisos e inversiones.
Adaptación y mitigación deben planificarse juntas. Una reducción insuficiente de emisiones agrava los impactos y desvía recursos hacia emergencias. A su vez, las inversiones para descarbonizar están expuestas a daños climáticos. Los proyectos energéticos y de transporte deben evaluarse por sus emisiones y su capacidad de operar bajo condiciones cambiantes.
Esta discusión debe entrar en la gestión presupuestaria. El país necesita priorizar inversiones preventivas y publicar resultados sobre continuidad del agua, reducción de población expuesta y recuperación de ecosistemas. Contar talleres y documentos no permite saber si las personas están mejor protegidas.
Los costos tampoco se distribuyen por igual. Las familias con menos recursos tienen menor margen para asegurar sus bienes, cambiar de vivienda o absorber pérdidas. Las medidas requieren participación comunitaria y apoyos proporcionales a sus necesidades. Trasladarles costos que no pueden asumir profundiza su vulnerabilidad.
Costa Rica debe exigir mayores reducciones a los grandes emisores y financiamiento acorde con las responsabilidades y capacidades de cada país. Esa posición requiere cooperación regional y capacidad interna para convertir recursos en protección efectiva.
Superar 1,5 °C no vuelve inútil la acción climática: aumenta el valor de cada reducción y de cada pérdida evitada. Prepararnos exige decidir hoy qué proteger y cómo financiarlo. Algunos daños no tendrán una segunda oportunidad.
Lenin Corrales Chaves es analista ambiental y fue presidente del Consejo Científico de Cambio Climático de Costa Rica.