Vivienda premia con 90 millones a las comunidades con zonas tensionadas mientras sigue sin apoyos para su nuevo decreto
Fiel a la línea de actuación que se ha fijado, el Ministerio de Vivienda ha vuelto a "recompensar" a aquellas comunidades autónomas alineadas con sus políticas y a "castigar" a las que considera díscolas. El departamento que dirige Isabel Rodríguez ha anunciado que va a destinar 90 millones de euros a las comunidades autónomas que han puesto en marcha las zonas de mercado residencial tensionado.
En concreto, las subvenciones directas para facilitar el acceso a la vivienda se dividirán en 317 municipios de Cataluña (59,7 millones), País Vasco (15,5 millones), Navarra (6,6 millones), Galicia (5,1 millones) y Asturias (2,9 millones).
Desde este miércoles, el borrador del real decreto por el que se regulan estas subvenciones queda sometido al trámite de audiencia e información pública en la página web del ministerio, antes de su posterior aprobación por el Consejo de Ministros, según ha informado Vivienda a través de una nota de prensa.
La ministra, que ha realizado una visita a la localidad navarra de Lekunberri para conocer 34 viviendas que la entidad estatal Casa 47 va a poner a disposición de la ciudadanía a un precio de alquiler asequible, ha explicado que estos 90 millones de euros "van a servir para promover más vivienda pública, para construir más vivienda pública, para rehabilitar vivienda existente y dedicarla al alquiler asequible, para adquirir suelos de los ayuntamientos o de particulares y poder construir sobre esos suelos, o para desarrollar y urbanizar suelos".
Rodríguez también ha explicado que las administraciones podrán destinar este dinero a comprar vivienda.
La ministra ha vuelto a aprovechar su visita a Lekumberri para arremeter contra las comunidades que se niegan a aplicar las zonas tensionadas que regula la Ley de Vivienda. "Todos los ciudadanos que quieren que les congelen el precio del alquiler tienen que saber que si no se les congela es porque 'la del Ático' -en referencia a Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid- no quiere congelar, y es porque el andaluz Moreno Bonilla no quiere congelar, o es porque Azcón -presidente de Aragón- no quiere congelar", ha afirmado la ministra, según informa Ep.
Rodríguez ha enfatizado que "en España existe una ley que permite congelar los precios del alquiler y los Gobiernos responsables que miran por su gente están congelando los alquileres", ha dicho, refiriéndose a las comunidades que han aplicado las zonas de mercado tensionado.
La ministra, pese a que varios estudios lo cuestionan, ha defendido que la ley "está dando resultados" y ha indicado que en Navarra, donde las zonas tensionadas se aplican en 21 municipios, el precio del alquiler ha descendido un 5% en el último trimestre. "Tenemos ya una trayectoria en Cataluña, donde ya son muchos meses consecutivos viendo cómo hemos puesto el torniquete a la sangría de las subidas de los precios del alquiler", ha afirmado.
"En el conjunto de España, afortunadamente hay ya más de nueve millones de españoles con presidentes y presidentas responsables que miran por ellos, que les han congelado el precio del alquiler y que están haciendo políticas públicas para bajar esos precios y tener alquiler asequible, como estas viviendas de Casa 47 que están a punto de ser estrenadas por vecinos de Lekunberri", ha añadido.
El nuevo decreto, lejos
En el mismo evento, la ministra se ha referido también al nuevo decreto que Vivienda está tratando de sacar adelante para intervenir más el mercado con medidas como una prórroga obligatoria de los alquileres o una mayor regulación de los alquileres de temporada y de las habitaciones.
Rodríguez ha reconocido que, aunque querría sacarlo adelante lo antes posible, no cuenta con los apoyos para aprobarlo en el Congreso. "Hay algunos grupos que todavía están en esa disposición de máximos", ha afirmado, aunque ha agradecido a otros que están "mostrando muchísima generosidad", por lo que ha mostrado cierto optimismo y ha afirmado que ahora están "mucho mejor que en otras ocasiones para alcanzar ese acuerdo".
Antes las críticas a su supuesta inacción, la ministra ha asegurado que el Gobierno lleva "tres años con una política de cambio absoluto en las políticas públicas de vivienda", aunque sufriendo "la inacción en algunos casos, cuando no el boicot", de las administraciones que deberían marcarse "como prioridad absoluta las políticas públicas de vivienda". Como ejemplo, ha puesto el que considera "boicot" a la normativa sobre pisos turísticos.