En solo una semana, más de mil jóvenes inmigrantes han cruzado a nado desde la costa marroquí a la costa española de Ceuta. En el mes de julio han muerto ahogados ocho de ellos, cuatro en el mismo día, y veintisiete desde comienzos del años. Las últimas entradas ilegales por mar se han acelerado tras la sentencia del Tribunal Supremo que considera que la 'devolución en caliente' de los extranjeros que acceden a nado en España carece de apoyo normativo y debe producirse tras la tramitación del procedimiento de expulsión. El criterio del Supremo es que la ley de Extranjería reserva este sistema de devolución solo a los extranjeros que desborden «los elementos de contención» propios de las fronteras terrestres. La Sala Tercera del Alto Tribunal reconoce que la interpretación defendida por el Abogado del Estado tenía fundamento, es decir, que la disposición adicional décima de la ley de Extranjería, al referirse al régimen especial de Ceuta y Melilla, no excluye las 'devoluciones en caliente' de los llegados a nado. Sin embargo, el Supremo se aferra a diversas sentencias del Tribunal Constitucional que asocian ésta con la existencia de «elementos de contención», como las vallas que protegen la frontera española con Marruecos. Ninguna ventaja para el acceso ilegal a España es ignorada en el país vecino. Menos aún si se trata de una sentencia del TS. Más de mil entradas ilegales en España por extranjeros a nado han coincidido con la sentencia del Alto Tribunal, que consciente, probablemente, de las consecuencias de su decisión, invita al Gobierno a implantar tales «elementos de contención» en el espacio marítimo, lo cual no es fácil material ni operativamente. Hay que recordar la tragedia de la playa del Tarajal , en 2014, cuando murieron ahogados catorce inmigrantes, mientras la Guardia Civil los disuadía de acceder a la costa con el empleo de material antidisturbios. La implantación en la costa de elementos físicos equivalentes a una valla en tierra representa un reto técnico y también humanitario, pero lo que no puede aceptarse de brazos cruzados es la situación de inmunidad del inmigrante que accede ilegalmente a nado. Sería absurdo que quien entra a nado reciba mejor tratamiento legal que el que salta una valla. El propio mar ha actuado siempre como un elemento natural de protección de las fronteras, como se revela en la existencia de aguas jurisdiccionales. Hay, además, una cierta hipocresía política cuando se clama contra las muertes por pateras naufragadas, pero se pasa de largo con las de los ahogados que no alcanzan a nado la costa española. Ni un reproche, ni una crítica al país vecino, responsable de su territorio y de las vidas de sus ciudadanos. La realidad es incontestable. El Estado va sumando debilidades en la respuesta frente a la inmigración ilegal. Esta prohibición de «devoluciones en caliente» de quienes entran en España por las playas de Ceuta o Melilla se suma a la regularización masiva instada por el Gobierno, vivero de fraudes y negocios para las mafias, que desalienta a los extranjeros que optan por la legalidad, tan lenta y burocrática. No es posible tener un ordenamiento jurídico eficaz frente a la inmigración ilegal si el propio Estado no hace más que generar atajos que premian la ilegalidad.
