La imputación por las «cloacas» acecha al PSOE
La imputación del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) como persona jurídica en el «caso cloacas» se verá tras la declaración de la cúpula de la Guardia Civil, en calidad de investigada, en la Audiencia Nacional. Distintas fuentes de la acusación popular unificada de este procedimiento, que lidera el Partido Popular (PP), explican a LA RAZÓN que valorarán pedir al magistrado instructor, Santiago Pedraz, la inclusión de la formación socialista como investigada, en base al contenido de las comparecencias, de la directora general del Instituto Armado, Mercedes González, y del Director Adjunto Operativo (DAO), el teniente general Manuel Llamas, «número dos» de la institución.
Ambos están llamados a acudir ante el juez Pedraz el próximo 16 de julio y se les atribuye, de momento, delitos de prevaricación administrativa y obstrucción a la Justicia por su presunta implicación en la trama dirigida a «desestabilizar» investigaciones de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Benemérita y causas judiciales que afectaban al entorno familiar y político del presidente socialista del Gobierno, Pedro Sánchez. Serían parte de una supuesta organización criminal que lideraría el ex secretario de Organización de Ferraz Santos Cerdán y cuya «número dos» sería Leire Díez y que habría contado con la colaboración de abogados, como los defensores de Cerdán, Jacobo Teijelo, y la de Koldo García, Leticia de la Hoz, para intentar cambiar testimonios de otros imputados en procesos sensibles para atacar a fiscales, mandos de la UCO y hasta jueces como la instructora del caso contra el hermano del jefe del Ejecutivo, David Sánchez.
Mientras el Gobierno y el ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, mantienen la confianza en González y el DAO Llamas –que, con el reglamento de personal en la mano tendría que causar baja, aunque fuentes del Cuerpo matizan que es una decisión que depende de la superioridad–, tanto la Fiscalía Anticorrupción como el juez van incluyendo al Partido Socialista, en cada respectivo escrito y resolución, en la ecuación de las «cloacas».
Derecho a no incriminarse
Ejemplo de ello fue el auto con el que el magistrado instructor encausó a la directora «política» de la Guardia Civil y al DAO. En él, asumiendo lo solicitado previamente por el Ministerio Público, apuntó respecto al representante legal de Ferraz que el cumplimiento de una de las diligencias que acordó este pasado jueves estaba sujeto al «derecho que le asiste a no facilitar ninguna información o documentación que pueda ser incriminatoria para dicha persona jurídica», que es el PSOE. El juez Pedraz citaba el artículo 31 bis del Código Penal que, precisamente, recoge los supuestos en que las personas jurídicas serán penalmente responsables.
Concretamente, dejó por escrito este apunte, según las fuentes jurídicas consultadas por este diario, para blindar las actuaciones u evitar cualquier resquicio procesal que pudiese llevar a una posterior nulidad. Recordó al PSOE que ostenta ese derecho en el marco de la petición de información dirigida a la formación socialista para que identifique a la persona que suscribió el contrato para incorporar a Teijelo como «asesor jurídico» desde octubre de 2024 a junio de 2025. El juez quiere saber «el cargo que ostentaba» y el «título habilitante o acuerdo en cuyo virtud actuó». A este abogado, hay que recordar, Ferraz le pagó facturas por valor de, al menos, 125.000 euros.
Por otro lado, Anticorrupción en un escrito de este pasado miércoles apuntó a que González y el DAO de la Guardia Civil «aparecerían integrados» en esa trama de «maniobras» que habría comenzado a operar, al menos, desde 2021, y que habría ampliado su radio de ilícita actuación, estructurada y prolongada en el tiempo. Más allá, por tanto, de la contratación pública que habrían intentado amañar el trío autodenominado «Hirurok» («nosotros tres», en vasco) formado, además de por la exmilitante socialista Díez, por el expresidente de la SEPI Vicente Fernández y el empresario navarro Antxon Alonso, presunto socio de Cerdán en Servinabar.
"Trato de imputado"
La ampliación del ratio de actuación se dirigió «hacia la comisión de otros nuevos delitos contra la Administración de Justicia o las instituciones del Estado, para la protección y como paraguas frente a las investigaciones judiciales que pudieran afectar al Gobierno, al PSOE y, por ende, a ellos mismos». Es decir, las fiscales al cargo del procedimiento meten a la fuerza política dentro de su motivación supuestamente criminal. Querían –dicen– beneficiar al PSOE y al entorno del presidente frente a los procedimientos judiciales que les afectaban.
Todo ello no ha pasado desapercibido para la acción popular. Las mencionadas fuentes explican que la imputación del partido es «un paso necesario y probable a nivel procesal», que «más pronto que tarde» será solicitado formalmente por la acusación. Pero antes, matizan, es preciso que los indicios incriminatorios sean «más que suficientes», lo que no descartan en ningún caso que ocurra este mismo verano. «No se puede obviar que ya se le está dando trato de imputado».
Otras fuentes de las acusaciones populares que dirigen los populares se muestran convencidas de que, aunque lo requieran, el juez Pedraz no dará el paso de investigarlo hasta que su compañero de la Audiencia Nacional que investiga en secreto (dentro de una pieza del «caso Koldo») la presunta financiación irregular de Ferraz, el magistrado Ismael Moreno, marque, previamente, el camino de la imputación.
De momento, volviendo al análisis de las pesquisas desarrolladas que hace el Ministerio Fiscal, se sitúa el comienzo de las actuaciones dirigidas a «neutralizar» procesos judiciales del Partido Socialista entre 2021 y 2022. Los gérmenes fueron el histórico socialista andaluz Gaspar Zarrías y un individuo aún por identificar al que denominan, entre ellos, «el hombre de la Casa Blanca». Ya en 2024, explica el escrito de las fiscales, Zarrías facilitó a Díez los números de identificación (los llamados TIP) de los distintos agentes de la UCO que habían declarado durante el juicio del «caso ERE», en el que llegó a ser condenado este exvicepresidente socialista de la Junta de Andalucía.
Infraestructura logística y financiera
A partir de los primeros meses de ese 2024, las circunstancias cambian para este entramado «siendo el aspecto común de todos estos procedimientos» la «afectación, directa o indirecta a miembros del PSOE o el Gobierno» de Sánchez, como el «caso Koldo», el «caso Begoña Gómez» y el «caso hermanísimo».
Todas esas actuaciones, que inicialmente se habrían promovido de forma aislada y atendiendo a intereses particulares del empresario Javier Pérez Dolset, junto con la periodista fallecida Patricia López a partir de los años 2021 o 2022, habrían empezado a contar con el respaldo e impulso de Cerdán, así como con financiación con cargo a fondos del PSOE. Justamente, tras la imputación de Begoña Gómez, esposa del presidente en abril de 2024, y de los cinco días de reflexión de Sánchez. En ese contexto, Díez se habría puesto en contacto con Cerdán, quien convocó una reunión en la Secretaría de Organización el día 26 de abril, iniciándose lo que en las agendas de la bautizada como «fontanera» se califica como «operación PSOE».
A través de Cerdán, el PSOE habría puesto a disposición del citado grupo su «infraestructura logística y financiera», posibilitándose reuniones dentro de la propia sede central del partido de la calle Ferraz de Madrid y sufragándose con cargo al partido «la actividad presuntamente delictiva» de los «dirigentes» y el resto de participantes en estas «cloacas» que ahora investiga el juez Pedraz.
"No se descarta la imputación de Marlaska"
Según ha podido saber LA RAZÓN de personas de su entorno más cercano, hay miembros de las «cloacas del PSOE» que no descartan que la presunta responsabilidad penal acabe salpicando al ministro socialista de Interior, Fernando Grande-Marlaska, respecto a su «acción u omisión» en las investigaciones internas contra agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil. Unas «actuaciones administrativas» emprendidas internamente por la directora general, Mercedes González, tras distintas entrevistas personales con Leire Díez y supuestamente como medida de intimidación contra los miembros de la Policía Judicial de la Benemérita que realizan las pesquisa de las causas más sensibles para el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la formación política que lidera. Esta pasada semana una de las acusaciones populares, Hazte Oír, anticipó que es preciso, bajo su criterio, pedir prisión provisional para la González, la jefa «política» del cuerpo.