Empresarios entregan a la UCO audios y mensajes de las "cloacas" del PSOE
La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil indaga en una serie de mensajes y grabaciones sobre las supuestas «cloacas» del PSOE que intentaron «desestabilizar» causas judiciales que afectan al partido y al Gobierno. Las pruebas han sido entregadas por parte de distintos empresarios envueltos en distintas investigaciones. Los «emisarios» socialistas, liderados por el ex secretario de Organización socialista Santos Cerdán y la exmilitante de la formación Leire Díez, les ofrecieron diferentes beneficios, a cambio de obtener informaciones sobre distintos responsables de las pesquisas que preocupaban a Ferraz.
Los empresarios, cuatro en total, fueron citados la semana pasada por los agentes del Instituto Armado. Los investigadores los requirieron dentro del «caso SEPI», que se sigue en la Audiencia Nacional. Esta causa empezó por unos supuestos amaños de contratos por parte de la citada Díez y el exvicepresidente de la SEPI, Vicente Fernández, entre otros, a cambio de comisiones ilegales. Los avances han terminado por encontrar otra rama en la que el PSOE habría organizado sus propias «cloacas» en torno a un pequeño grupo de personas, con Cerdán a la cabeza.
Uno de los empresarios estuvo declarando cinco horas, según ha podido saber LA RAZÓN de fuentes de la investigación. Joaquín Parra, investigada en un caso de hidrocarburos y relacionado con el mundo del fútbol, recibió ciertos ofrecimientos por parte de Díez y del empresario Javier Pérez Dolset, ambos investigados en este caso. Los encuentros se produjeron en el verano de 2024 en una casa que Dolset tiene en Tarifa (Cádiz). El objetivo de la trama era acercarse a Víctor de Aldama, ya que son amigos, con dos objetivos: que dejase al abogado que lo defiende y que no tirase de la manta, tal y como publicó en su día «El Independiente».
Este empresario tiene en su poder conversaciones de WhatsApp de Díez para concretar los citados encuentros. La bautizada como «fontanera» le habría ofrecido información «comprometedora» sobre la fiscal que dirige su causa de hidrocarburos. Según distintas fuentes, existiría una grabación que probaría ciertos extremos. Este diario, por otra parte, ha tenido acceso a chats entre ambos en los que el empresario se habría interesado por esa información comprometedora.
Otro de los empresarios a los que la UCO tomó declaración es Antonio Rodríguez Estepa, involucrado en el «caso Gaslow», un presunto fraude en el pago de impuestos de hidrocarburos, y a través del que los emisarios del PSOE creían poder anular otras causas importantes. Estepa, presuntamente, fue abordado por la abogada del exasesor del Ministerio de Transportes, Koldo García, Leticia de la Hoz. El acercamiento se produjo «en un par de ocasiones», pero el empresario, rechazó participar de la «trama» tras consultarlo con sus abogados.
Este no fue el único movimiento que la abogada habría realizado en favor de las maniobras de Ferraz, sede del partido político. Otro de los afectados a los que la UCO tomó declaración la semana pasada es Claudio Rivas, imputado en el «caso Hidrocarburos» –donde los principales investigados pagaron un chalé de veraneo al exministro José Luis Ábalos– y antiguo socio de Aldama. Según fuentes de su entorno, la letrada De la Hoz también le tanteó ofreciéndole dinero si daba declaraciones públicas en contra de Aldama que pudiesen comprometer su credibilidad pública.
Rivas compartió empresas dedicadas al fuel con Carmen Pano, la mujer que afirma que llevó 90.000 euros en efectivo en dos pagos hasta la sede del PSOE para conseguir una licencia de operador en el sector de los hidrocarburos. La UCO también le tomó testimonio la semana pasada, ya que el auto del juez instructor, Santiago Pedraz, recoge que las «cloacas» le habrían ofrecido 50.000 euros a través de la citada abogada para que cambiase su testimonio de la entrega del dinero.
La investigación
El «caso SEPI» escaló la semana pasada, cuando el juez envió a la UCO hasta la calle Ferraz para recabar información de los presuntos pagos para financiar «las cloacas». Además de Díez, Cerdán y Pérez Dolset, los nuevos hallazgos han terminado con la imputación del exconsejero de Presidencia de la Junta de Andalucía Gaspar Zarrías; el abogado de Cerdán, Jacobo Teijelo; el abogado Ismael Oliver, que fue letrado del exasesor Koldo, y el guardia civil Juan Sánchez Yepes. Además, el magistrado ve indicios contra el que fuera mano derecha de Cerdán, el aún diputado Juan Francisco Serrano Martínez, y contra el expresidente de Correos Juan Manuel Serrano Quintana, por posible colaboración, pero opta por no investigarles, de momento, y espera al desarrollo de la causa para concretar sus responsabilidades penales. Pedraz aprecia posibles delitos de organización criminal, delitos de cohecho, revelación de secretos, inducción al falso testimonio, acusación falsa, falsedad en documento mercantil, prevaricación, tráfico de influencias y delito contra las instituciones del Estado.
Según el auto del juez, las «cloacas» empezaron a trabajar tras la «carta a la ciudadanía» del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y los cinco días de reflexión tras la imputación de su mujer, Begoña Gómez.