Iustitia Europa se querella contra el Consejo de Ministros de Sánchez por el rescate de Plus Ultra
El partido político Iustitia Europa, que ejerce de acusación popular en los casos de corrupción que cercan al Gobierno de Pedro Sánchez, ha presentado una querella ante el Tribunal Supremo contra el Consejo de Ministros por su participación en la deliberación y aprobación del rescate de la aerolínea Plus Ultra en marzo de 2021.
La formación sostiene que, a tenor del auto judicial del magistrado José Luis Calama que supuso la imputación del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, la concesión de 53 millones de euros con cargo al Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas (FASEE) pudo responder a una "resolución administrativa arbitraria o condicionada por influencias".
Más aún, teniendo en cuenta que el titular del Juzgado de Instrucción número 5 de Madrid atribuye al exlíder del PSOE el liderazgo de una organización criminal que buscaba "a obtención de beneficios económicos mediante la intermediación y el ejercicio de influencias ante instancias públicas en favor de terceros, principalmente Plus Ultra". La resolución judicial de Calama apunta, de hecho, a las supuestas presiones que Zapatero efectuó en la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) para dar luz verde al rescate de la aerolínea.
La querella sostiene que "la disposición de 53 millones de euros en un contexto de crisis sanitaria y económica, justifica plenamente la intervención de esta acusación popular para evitar la impunidad de conductas que pudieran integrar una corrupción sistémica en las más altas esferas del Ejecutivo del presidente del Gobierno".
Así, añade una tesis de responsabilidad penal individual, fundamentada en la doctrina del Supremo, y sostiene que el rescate no puede considerarse una mera decisión política, sino una resolución administrativa sometida a requisitos legales concretos.
El FASEE estaba destinado a apoyar temporalmente a empresas estratégicas afectadas por la crisis sanitaria, siempre que no se encontraran en situación de insolvencia antes del 31 de diciembre de 2019. Según la querella, Plus Ultra incumplía ese requisito esencial. Iustitia Europa afirma que la compañía arrastraba pérdidas estructurales, patrimonio neto negativo y problemas de solvencia previos a la pandemia. El escrito asegura además que se habría articulado una "operativa contable" para aparentar viabilidad financiera y así poder acceder a los fondos públicos.
El escrito también pone el foco en la existencia de una presunta estructura de intermediación "ilícita" que habría actuado para facilitar el rescate de la compañía pactando una "cuota de éxito" del 1% del valor de la operación y que los miembros de la compañía celebraban la concesión días antes de que fuese aprobada por el Consejo de Ministros. Se trata de una cuestión que para la acusación particular demuestra que la decisión estaba "predeterminada".
Iustitia Europa argumenta que la colegialidad del Consejo de Ministros no puede servir como "escudo de impunidad" y defiende que cada miembro del Ejecutivo debe responder individualmente si conocía las supuestas irregularidades o ignoró deliberadamente las alertas existentes sobre la situación financiera de la aerolínea.