Más errores con la vivienda
Mark Twain (Samuel Langhorne Clemens, 1835-1901), creador de Tom Sawyer y Huckleberry Finn, advertía de que «no es lo que ignoras lo que te mete en problemas, sino lo que crees saber con certeza y que resulta que no es cierto».
La frase del que para William Faulkner (1897-1962), fue «padre de la literatura americana», parece pensada para describir, con brillantez, la política de vivienda del Gobierno de Pedro Sánchez, impulsada y exigida a menudo por sus socios parlamentarios, ya estén encabezados por Yolanda Díaz y el resto de la extrema izquierda –que eso es lo que es la izquierda de la izquierda del PSOE– o por Gabriel Rufián y los «indepes» de Junqueras.
Todos parecen estar muy convencidos de que lo que proponen es lo correcto, pero resulta que no es cierto. El resultado es un panorama desolador de la vivienda en España que, además, no hace nada más que agravarse con cada nueva medida que adopta el Gobierno.
El martes, el Consejo de Ministros aprobó, con pompa y circunstancia, el Plan Estatal de Vivienda 2026-2030. Pretende abordar la crisis del sector en los próximos cuatro años y está dotado con unos 7.000 millones de euros. Como no requiere la aprobación del Congreso de los Diputados, en donde es muy probable que fuera tumbado, se pondrá en marcha, por lo menos de cara a la galería, ya que su aplicación efectiva es dudosa.
La ministra del ramo, Isabel Rodríguez, lo defiende –no podía ser de otra forma– con entusiasmo, al margen de que tenga datos ciertos para saber si tendrá algún éxito o será el enésimo fracaso gubernamental en ese terreno.
La titular de Vivienda presume, entre otras cosas, de que el Plan impedirá que las nuevas viviendas protegidas puedan llegar en un futuro al mercado libre. Sostiene que, también de esa manera, el Plan «conformará el quinto pilar del Estado del Bienestar» y «es un paso importante para solucionar el problema de la vivienda hoy y para siempre».
Nadie duda, aunque alguien podría hacerlo, de las buenas intenciones, pero los deseos no solventan los problemas. El objetivo de que las nuevas viviendas protegidas nunca, en el futuro, salgan al mercado libre no es ninguna garantía de nada; todo lo contrario. Lo más probable, y es lo que ha ocurrido en muchos lugares, es que, sobre todo en las grandes ciudades, se creen guetos de los que todo el mundo intenta huir.
El Plan del Gobierno, por otra parte, es intervencionista y, de una forma indirecta, recentraliza competencias, como ya ha denunciado la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso. Habrá que ver la reacción del Gobierno vasco de Imanol Pradales.
En Cataluña, Salvador Illa lo apoyará, pero Junqueras y Puigdemont tendrán munición para sus quejas. Plantea que 900 euros sea el importe máximo del alquiler mensual en las nuevas viviendas públicas o protegidas que se pretenden construir.
La historia reciente confirma que, una y otra vez, los anuncios de construcción de futuras viviendas públicas quedan en nada o en muy poco. También quedarían protegidas indefinidamente, lo que también contribuiría a la aparición de guetos.
Casi al mismo tiempo, el Ayuntamiento de Madrid, con el alcalde José Luis Martínez-Almeida a la cabeza, ha anunciado que cambiará los planes urbanísticos. Permitirá, según los primeros avances, que haya más edificación –más alturas– y más densidad, es decir, que los edificios estén más cerca unos de otros. Tampoco parece una solución ni óptima ni definitiva. La inmensa mayoría del territorio español tiene una densidad de población mínima, equivalente a zonas desérticas. En España, los habitantes se apelotonan en las grandes y no tan grandes ciudades y, en todas ellas, agolpados en edificios verticales y, con frecuencia, más que saturados.
A pocos centenares de metros hay inmensos terrenos sin ninguna construcción, pero en los que no se puede edificar porque no se conceden los permisos necesarios.
El otro gran error en la política de vivienda es el régimen del alquiler desde tiempos inmemoriales, desde el decreto Bugallal de 1920, reinventado desde 2020. En medio, solo a partir de 1985, con el decreto Boyer, unos años de relativa libertad.
Ahora, «España –como apunta Benito Arruñada en su revelador estudio «La paradoja de la protección contractual: proteger al débil de hoy excluye al débil de mañana»– intenta proteger un problema de acceso alterando contratos en vigor y dificultando el ajuste de la oferta. El resultado es un mercado más pequeño, más caro y más restrictivo». Y es que la clave está en lo que algunos creen saber con certeza y que resulta no ser cierto, como ya advirtió en su día Mark Twain.