El Gobierno deja fuera de la jornada de 35 horas a miles de funcionarios
La jornada laboral de 35 horas semanales en la Administración General del Estado (AGE) entró el pasado jueves en vigor, pero existen ya muchas lagunas, con colectivos, departamentos, organismos y entidades que pueden verse fuera de su aplicación. Para ellos, el Ministerio de Función Pública ha abierto «un plazo de un mes para realizar las adaptaciones necesarias en los calendarios correspondientes, así como en los sistemas de control horario». El texto acordado por el Gobierno+ con CSIF, CC OO y UGT establece que el Ejecutivo se compromete a implantar «una jornada general de trabajo de 35 horas semanales de trabajo efectivo de promedio en cómputo anual, equivalente a 1.533 horas anuales». Esta nueva jornada será solo para la AGE y afectará a las entidades gestoras y servicios comunes de la Seguridad Social y los organismos autónomos, agencias y entidades de derecho público con personalidad jurídica propia, vinculadas o dependientes de la AGE y, en general, a todos los funcionarios de esta Administración, aunque la realidad es otra.
Para los trabajadores de algunas de esas entidades destinados en instituciones y establecimientos penitenciarios o en instituciones y establecimientos sanitarios, así para como el personal que presta servicios en centros docentes o de apoyo a la docencia la reducción de la jornada deberá adaptarse a las regulaciones específicas que procedan, conforme a los ámbitos de negociación derivados del Texto Refundido del Estatuto Básico del Empleado Público (Trebep), por lo que su aplicación queda pendiente de negociación. La reducción de jornada tampoco es obligatoria para las entidades locales ni en otras administraciones, aunque pueden decidir sumarse a su aplicación.
Sin embargo, varios sectores de la Administración estatal han recibido comunicaciones en la que se les ha indicado que se quedan fuera de esta normativa. Tal es el caso de los empleados públicos destinados en el exterior, a los que se les ha comunicado que esta medida no les afectaría y queda sin aplicación. Según han informado a LA RAZÓN miembros del servicio exterior y diplomático, el Ministerio ya «nos está trasladando que dicha medida no resulta de aplicación en nuestro caso, manteniéndose para todo el personal laboral en el exterior la jornada de 37,5 horas semanales en virtud del acuerdo vigente de 2007. Esto genera una evidente contradicción entre el alcance general que se está comunicando públicamente y la aplicación real de la medida, dejando fuera a trabajadores que forman parte de la misma Administración y tenemos los mismos derechos». Por ello, estos funcionarios creen que se trata de un agravio comparativo para «un colectivo poco visible pero esencial en la acción exterior del Estado, lo que pone de manifiesto una situación de desigualdad dentro del propio sector público».
Ahora mismo trabajan en el exterior unos 7.600 trabajadores, integrados en el Ministerio de Asuntos Exteriores –unos 5.100–, la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), que cuenta con 478 empleados, y personal de otros ministerios, casi 1.300 más.
En la misma situación se encuentran los empleados de las Fuerzas de Seguridad del Estado. Las asociaciones sindicales de la Guardia Civil han solicitado a la Dirección General del Cuerpo «que se contemple expresamente que el personal destinado en aquellas unidades, puestos o especialidades cuyas particulares condiciones de prestación del servicio impidan, total o parcialmente, beneficiarse de forma efectiva de esta reducción, perciba la correspondiente compensación económica por el tiempo de servicio realizado en exceso sobre la jornada de referencia».
Su intención es evitar que la futura implantación de la medida «genere diferencias de trato no justificadas entre guardias civiles en función del destino o de la especialidad desempeñada, por lo que debe arbitrarse un mecanismo compensatorio que garantice una aplicación real y equitativa del nuevo régimen de jornada». En la misma situación se encuentran los cuerpos de la Policía Nacional. Entre ambos cuerpos suman casi 160.000 agentes. Todavía están a la espera de respuesta.
El sindicato CSIF ya ha trasladado a todos los departamentos y áreas de la Administración General del Estado para que apliquen de forma inmediata la jornada laboral de 35 horas. También exigirá la aplicación de las 35 horas en todas las empresas públicas y ámbitos que tengan derecho, como el servicio exterior y los consistorios, y no descarta la adopción de «medidas legales en caso de que no se satisfaga esta reivindicación». La central sindical se ha dirigido asimismo al conjunto de ayuntamientos para que activen las negociaciones y apliquen la nueva jornada laboral en los consistorios y entidades locales que aún no lo disfrutan. El BOE estableció que la resolución entrara en vigor el pasado jueves, aunque se ha abierto un plazo de un mes para realizar las adaptaciones legales necesarias en los calendarios correspondientes, así como en los sistemas de control horario.
Otro de los colectivos en los que se presentaban dudas sobre su aplicación eran los militares. En un principio, la nueva normativa dejaba sin aplicación al personal militar de las Fuerzas Armadas, así como las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado no podrán disfrutar. Al menos el Ministerio de Defensa ha confirmado oficialmente a la Unión de Militares de Tropa (UMT) que procederá «de manera inmediata» a adaptar la jornada laboral de los militares a las 35 horas semanales para «equiparar sus condiciones con las del resto de la AGE». De este modo, se aplicará la modificación de la Orden Defensa 1363/2016 «por la que se regulan la jornada y el régimen de horario habitual en el lugar de destino de los miembros de las Fuerzas Armadas», equiparándolo con el resto de empleados públicos. Las asociaciones siguen reclamando «mejoras de derechos laborales que se aprueben para la AGE se implementen de forma simultánea, y no con años de demora, en las Fuerzas Armadas».
Por su parte, los sindicatos sanitarios y médicos han reclamado que la implantación de las 35 horas vaya aparejada de un aumento de plantillas que permita «mantener la calidad asistencial y la seguridad de los pacientes». Recuerdan que mientras que en Atención Primaria y en el personal médico hospitalario el cambio podría limitarse a transformar los sábados en jornada de guardia, lo que implicaría un incremento retributivo por mayor número de guardias junto con los descansos correspondientes, la situación es muy distinta en otros ámbitos asistenciales. En las salas de hospitalización, urgencias, UCI y otros servicios, si no se produce un aumento de personal de enfermería y TCAEs, la reducción de la jornada supondrá inevitablemente un incremento del número de pacientes asignados por turno, que se traducirá en un aumento de la presión asistencial, una mayor carga de trabajo en menos tiempo y seguridad sanitaria».
Finalmente, los trabajadores de los ayuntamientos han quedado excluidos de esta ley, por lo que deberán negociar en su ámbito respectivo el recorte horario. En la actualidad casi la mitad de los consistorios no tiene aplicada esta medida. En el caso de las comunidades autónomas, seis de las 17 aún no ha legislado para implantarlo, aunque la mayoría ya ha anunciado que lo hará.
El Ministerio de Función Pública que dirige Óscar López no ha querido hacer comentarios.