Aunque su desprotección laboral se remonta a años atrás, no fue hasta marzo de 2020 cuando los problemas derivados de la falta de un plan específico de prevención de riesgos laborales en la Fiscalía se pusieron de manifiesto con mayor magnitud. Fue entonces cuando la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APF), formada por apenas medio centenar de miembros del Ministerio Público, se puso manos a la obra para conseguir la elaboración de un plan específico para su colectivo al considerar que el del Ministerio de Justicia que data de 2014 es en realidad una norma que no les representa. Los fiscales denuncian que durante la pandemia la fiscal general del Estado, Dolores Delgado, les envió a trabajar de forma temeraria, sin medios de protección y exponiéndoles a un contagio que entonces era letal, como se vio en el caso de Cristina Toro, la primera fiscal víctima de un sunami que aquel mes de marzo no había hecho más que empezar. Quieren que la justicia declare que verdaderamente no hay un plan que les proteja y que se obligue a las partes demandadas a firmar un acuerdo en el que el Ministerio de Justicia ponga el dinero y la Fiscalía General todo lo demás. «Es su obligación», insisten, en declaraciones a ABC.
Y es que el empeño y constancia de la APIF, presidida por Salvador Viada, en conseguir un plan de prevención del que sí gozan otros colectivos, ha terminado en los tribunales, sentando en el banquillo a la Fiscalía General del Estado y al Ministerio de Justicia, con Dolores Delgado y Pilar Llop como responsables de que no se firme un acuerdo del que tanto ellas como sus predecesores «llevan años desentendiéndose», denuncian los demandantes. La vista se ha celebrado esta mañana en los juzgados de lo Social de la Audiencia Nacional y si algo se ha sacado en limpio no ha sido solo la previsible oposición a la demanda por parte de Justicia, Fiscalía y las comunidades autónomas, sino la «absoluta lealtad» de la Unión Progresista de Fiscales (UPF) a la fiscal general
. Y es que, a diferencia de la Asociación de Fiscales, que no impulsó la demanda, pero que se ha unido íntegramente a ella, la UPF comparte los argumentos de la Abogacía del Estado y considera que la carrera está suficientemente cubierta con el plan aprobado por Justicia en 2014, algo que fiscales de la propia asociación progresista no comparten. Al fin y al cabo el que va a trabajar sin medios y asume el riesgo del contagio, el que sufre un accidente in itinere o el acoso en el entorno en el que trabaja es el fiscal de a pie, y eso es algo que debe pesar frente a cualquier tipo de afiliación, opinan.
El elevado número de partes (la decena de representantes de comunidades autónomas, dos abogados del Estado para defender a Justicia y Fiscalía General y los representantes de las asociaciones) no han impedido que el juicio se haya celebrado con fluidez, hasta el punto de que al mediodía ya quedó visto para sentencia sin que fuera necesario habilitar más sesiones. El acto de conciliación previo era a las diez de la mañana pero se daba por hecho que no llegaría a buen puerto. No en vano este contencioso se remonta al pasado año, aunque la demanda inicial no contemplaba como responsables a las comunidades autónomas con competencias transferidas en la materia y de las que depende, por ejemplo, la seguridad en los edificios.
Ventiladas las cuestiones previas, en las que fundamentalmente se cuestionó la legitimidad de APIF para formular esta demanda, el juicio transcurrió con algunos momentos de tensión, según señalaron fuentes jurídicas presentes en la sala, y con el protagonismo casi absoluto del abogado del Estado que defendía al Ministerio, y que hizo valer la solvencia del plan de Justicia para cubrir las necesidades de los fiscales, además de las de los funcionarios que dependen directamente de este departamento. Estaba prevista la declaración como testigo del fiscal coordinador de siniestralidad laboral, Félix Pantoja, pero al no ser impugnados los correos electrónicos que se intercambió con los demandantes, reconociendo el vacío que en la Fiscalía había sobre esta materia tan sensible, se consideraron prueba suficiente para avalar las pretensiones de APIF y ya no fue necesaria su comparecencia. La suerte está echada, y la respuesta, una vez más, en manos de los Tribunales.
