Sanidad y las comunidades aprueban el reparto de 39 millones para salud mental y 17,8 millones para prevenir el suicidio
El Ministerio de Sanidad y las comunidades autónomas han aprobado este viernes los criterios de reparto de los fondos destinados a salud mental y prevención del suicidio para 2026, con una inversión total de 56,83 millones de euros. Según ha informado el Ministerio de Sanidad, 39 millones se destinarán al Plan de Acción de Salud Mental y otros 17,83 millones al Plan de Prevención del Suicidio.
Según el acuerdo, las comunidades y el Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (Ingesa), deberán presentar memorias técnicas y económicas de los proyectos para acceder a esta financiación, que estarán condicionadas al cumplimiento de criterios centrados en la atención comunitaria, la equidad y la garantía de derechos humanos.
El Ministerio de Sanidad ha explicado que el nuevo modelo apuesta por una atención más cercana al entorno social y familiar de los pacientes, teniendo en cuenta factores psicológicos, sociales, culturales y económicos. Entre las actuaciones financiables se incluyen el refuerzo de centros de día, equipos móviles de atención comunitaria, programas de hospitalización domiciliaria y proyectos de intervención en barrios y entornos comunitarios. Por el contrario, no se financiarán proyectos centrados exclusivamente en ampliar camas hospitalarias o realizar reformas estructurales en hospitales de media y larga estancia.
En relación con los derechos humanos, los proyectos deberán garantizar la dignidad, la autonomía personal y el consentimiento informado de las personas usuarias, en línea con estándares internacionales como el instrumento QualityRights de la Organización Mundial de la Salud (OMS). También se contemplan actuaciones dirigidas a la reducción de contenciones mecánicas, el desarrollo de modelos de "puertas abiertas" en dispositivos de hospitalización y la incorporación de mecanismos de evaluación participativa por parte de las personas usuarias y sus familias. Por el contrario, no se beneficiarán actuaciones que promuevan prácticas coercitivas o restrictivas de derechos.
El acuerdo establece además la equidad como criterio obligatorio para la aprobación de proyectos, de modo que las actuaciones deberán orientarse a la reducción de desigualdades sociales en salud mental y priorizar colectivos en situación de vulnerabilidad, como personas en situación de sinhogarismo, menores en el sistema de protección y mujeres víctimas de violencia de género.
En materia de prevención del suicidio, los proyectos deberán priorizar a colectivos de alto riesgo y contar con sistemas de evaluación que permitan medir los resultados desde una perspectiva de equidad.
Además, el Ministerio de Sanidad ha señalado que se valorarán especialmente aquellas iniciativas que fomenten la participación activa de usuarios y familiares, el trabajo coordinado entre sanidad, servicios sociales, vivienda o educación y la incorporación de expertos por experiencia en los equipos de trabajo.