Organizaciones migrantes cuestionan primer vuelo de expulsiones del Gobierno
A solo días de los anuncios sobre el Plan de Reconstrucción Nacional, la Red Nacional de Organizaciones Migrantes y Promigrantes emitió un duro comunicado cuestionando el primer vuelo de expulsión del gobierno de José Antonio Kast. El operativo incluyó a 40 extranjeros —19 colombianos, 12 bolivianos y 9 ecuatorianos—, procedimiento que la organización tilda de «maniobra de distracción» ante la actual crisis económica.
De acuerdo a la red, existe una falta de transparencia en los criterios utilizados para los traslados. De las 40 personas, 25 corresponden a expulsiones administrativas y 15 a judiciales. La organización advierte que, si bien el Gobierno vincula a todos con delitos, estas causales suelen ser exclusivas de la vía judicial, dejando dudas sobre el sustento legal de los procesos administrativos.
La organización recordó que Chile está sujeto a tratados internacionales como la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Bajo el principio de non-refoulement (no devolución), el Estado tiene prohibido expulsar personas hacia países donde su vida o libertad corran riesgo por raza, religión o nacionalidad.
«La soberanía no es absoluta», señala el comunicado, enfatizando que no se ha informado si los expulsados solicitaron asilo o si hubo una evaluación de riesgo individual. La red alerta que las expulsiones colectivas están prohibidas internacionalmente y que cada caso requiere un análisis sobre el arraigo y la unidad familiar del migrante antes de ser ejecutado por la Policía de Investigaciones (PDI).
El Ejecutivo planea realizar tres vuelos mensuales utilizando un presupuesto de 4.000 millones de pesos. Se estima que cada expulsión cuesta cerca de 3 millones de pesos debido a los protocolos de custodia. No obstante, la red apunta a una «imposibilidad relevante» que contradice las promesas de campaña del actual mandato.
Debido a la ruptura de relaciones diplomáticas con Caracas, el Gobierno aún no puede concretar la expulsión de ciudadanos venezolanos, quienes representan la mayoría de las órdenes decretadas. «Esto evidencia que la efectividad de la política depende del respeto a los procedimientos diplomáticos y no solo de la voluntad interna», sentenciaron desde la organización promigrante.
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