WASHINGTON DC – El gobierno del presidente Joe Biden estableció este miércoles límites estrictos a la presencia de algunos productos químicos persistentes en el agua potable, lo que obligará a las compañías de suministro a reducirlos al nivel más bajo que pueda medirse de forma fiable. Eso reducirá la exposición a esas sustancias para 100 millones de personas y ayudará a prevenir miles de enfermedades como algunas formas de cáncer, según las autoridades.
Se trata de la primera norma que impone un límite nacional en el agua potable a la presencia de sustancias perfluoroalquiladas y polifluoroalquiladas (PFAS, por sus siglas en inglés), cuyo uso es generalizado y que permanecen mucho tiempo en el entorno.
Activistas de salud elogiaron a la Agencia de Protección Medioambiental (EPA, por sus siglas en inglés) por no hacer concesiones en los límites propuestos en 2023. Sin embargo, compañías de aguas expresaron sus objeciones y dijeron que los sistemas de tratamiento de aguas son caros de instalar y los clientes acabarán pagando más por el agua.
Las empresas de agua están entrando en una nueva era con un incremento considerable de los estándares de salud, que según la EPA harán el agua del grifo más segura para millones de consumidores, una de las prioridades del gobierno de Biden. La agencia también ha propuesto obligar a las compañías a retirar las peligrosas cañerías de plomo.
Los grupos de empresas de suministro advierten que las normas costarán decenas de miles de millones de dólares y afectarán más a comunidades pequeñas con menos recursos. Se espera que se produzcan batallas legales.
El administrador de la EPA, Michael Regan, dijo que la norma es la medida más importante que ha tomado la agencia sobre las PFAS.
“El resultado es una norma profunda y trascendental, que mejorará la salud y vitalidad de muchísimas comunidades en nuestro país”, afirmó Regan.
Las PFAS son peligrosas porque no se degradan en el entorno y están asociadas a problemas de salud como un bajo peso al nacer y el cáncer de riñón. Se utilizan en productos de uso cotidiano como sartenes antiadherentes, espuma de extintores y ropa repelente al agua. Aunque algunos de los tipos más habituales se están abandonando de forma gradual en EEUU, otros siguen en uso. Ahora las compañías de agua se verán obligadas a retirar la contaminación que otras industrias han emitido al entorno.
“El problema es la acumulación”, dijo Scott Belcher, profesor de la Universidad Estatal de Carolina del Norte y que investiga la toxicidad de los PFAS. “Incluso diminutas, diminutas cantidades cada vez que bebes agua durante tu vida se van a ir sumando, lo que provoca los efectos en la salud”.
Las PFAS son una amplia familia de sustancias químicas y la nueva norma fija estrictos límites de 4 partes por trillón en dos variedades habituales, llamadas PFOA y PFOS. Otros tres tipos que incluyen GenX —una marca comercial— que son un grave problema en Carolina del Norte están limitados a 10 partes por trillón. Las compañías tendrán que hacer análisis para buscar esas sustancias e informar al público cuando los niveles sean demasiado altos. También se limitarán las combinaciones de algunos tipos de PFAS.
Activistas medioambientales y de salud elogiaron la norma, pero dijeron que los fabricantes de PFAS supieron durante décadas que las sustancias eran peligrosas pero ocultaron o minimizaron las pruebas. Los límites deberían haberse introducido antes, afirman.
“Reducir los PFAS en nuestra agua potable es la forma más económica de reducir nuestra exposición”, dijo Scott Faber, experto en agua y alimentación en el Environmental Working Group. “Es mucho más difícil reducir otras exposiciones como los PFAS en la comida, la ropa o las alfombras”.
En el último año, la EPA ha publicado sucesivas rondas de resultados de pruebas de PFAS en el agua del grifo. En torno al 16% de las compañías de aguas encontraron que al menos uno de los productos más restringidos estaba en el límite o lo rebasaba. Estas empresas dan servicio a decenas de millones de personas. Sin embargo, el gobierno de Biden estima que entre el 6 y el 10% de los sistemas de aguas superan los nuevos límites.
En general, las compañías tendrán tres años para hacer análisis. Si se superan los límites, tendrán dos años más para instalar sistemas de tratamiento de aguas, según funcionarios de la EPA.
Hay algunos fondos disponibles para ayudar a las compañías. La fabricante 3M aceptó hace poco pagar más de $10,000 millones a los proveedores de agua potable para resolver una batalla legal en torno a las PFAS. Y la Ley Bipartidista de Infraestructura incluye miles de millones de dólares para combatir esas sustancias. Pero las empresas dicen que hará falta más.
Para algunas comunidades, los resultados de las pruebas fueron una sorpresa. En junio de 2023, una compañía a las afueras de Filadelfia que da servicio a casi 9,000 personas supo que uno de sus pozos tenía un nivel de PFOA de 235 partes por trillón, una de las tasas más altas en el país en ese momento.
“Quiero decir, obviamente fue un shock”, dijo Joseph Hastings, director del departamento conjunto de obras públicas de los vecindarios de Collegeville y Trappe, que tiene entre sus funciones resolver problemas presentados por nuevas regulaciones.
El pozo se desconectó con rapidez, pero Hastings sigue sin conocer la fuente de la contaminación. Varios pozos más superaban de lejos los nuevos límites de la EPA, aunque estaban por debajo de los que había marcado antes el estado de Pensilvania. Ahora Hastings señala que instalar los sistemas de tratamiento de agua será un proyecto millonario, un gran gasto para un pequeño número de consumidores.
La nueva norma “va a sumir en el caos la confianza del público en el agua potable”, indicó Mike McGill, presidente de WaterPIO, una firma de comunicaciones del sector de aguas.
La American Water Works Association, un grupo sectorial, dijo que apoya que se introduzcan límites e PFAS en el agua potable pero alega que la norma de la EPA tiene grandes problemas.
La asociación afirma que la agencia subestimó su alto coste, que no puede justificarse en poblaciones con bajos niveles de PFAS y aumentará las facturas de los consumidores. Además, no hay expertos ni trabajadores suficientes y la oferta limitada de material de filtrado es limitada, según la asociación empresarial.
Los trabajos ya han comenzado en algunos lugares. La compañía Veolia opera sistemas para 2.3 millones de personas en seis estados del este y maneja otros para millones de personas más. Veolia introdujo un tratamiento contra PFAS en sistemas más pequeños que sirven a unas 150,000 personas. Sin embargo, la firma estima que otras 50 instalaciones necesitarán tratamiento y está trabajando para escalar sus esfuerzos de reducir la presencia de esas sustancias en las poblaciones más grandes donde trabaja.
Esos esfuerzos siguieron a un cambio drástico en las normas de la EPA sobre las PFAS en los últimos años conforme aparecían más investigaciones sobre sus efectos perjudiciales en la salud. Hace menos de una década, la EPA emitió un aviso de salud sobre que los niveles de PFOA y PFOS no debían superar las 70 partes por trillón. Ahora la agencia indica que ninguna cantidad es segura.
La alarma también ha crecido entre la población. En Minnesota, por ejemplo, la Ley Amara intenta detener cualquier uso evitable de las PFAS. Ha pasado casi un año desde que la mujer que dio nombre a la ley, Amara Strande, muriera por una forma poco conocida de cáncer que su familia atribuye a la contaminación de PFAS atribuida a 3M cerca de su escuela secundaria de Oakdale, aunque no se puede demostrar la conexión entre las PFAS y su cáncer. Miembros del gobierno de Biden dicen que las comunidades no deben sufrir como Oakdale. 3M ha transmitido sus condolencias a los allegados de Strande.
Perder a Amara empujó a la familia al activismo. Han declarado en multitud de ocasiones a favor de las restricciones de las PFAS.
“Cuatro partes por trillón, no podríamos pedir un estándar mejor”, dijo la hermana de Amara, Nora. “Es un objetivo muy ambicioso, pero cualquier cifra más alta que eso es poner vidas en peligro”.
___
La periodista de datos de Associated Press Camille Fassett en San Francisco y el reportero Matthew Daly en Washington D.C. contribuyeron a este despacho.
