Desde que la Constitución doceañista de Cádiz aboliera el absolutismo encarnado por el felón Fernando VII y estipulara que “la Nación española (…) no es ni puede ser patrimonio de ninguna familia, ni persona”, no se conocía, en democracia, un presidente que patrimonializara el Estado en beneficio de su progenie como Pedro Sánchez a raíz de las diligencias judiciales abiertas sobre el supuesto tráfico de influencias de su mujer. Autoerigido en Yo, El Supremo, como el dictador de la novela de Roa Bastos, Sánchez instituye como bien de Estado a Begoña Gómez a la que otorga prer ...
