Terremoto en la política vasca por una sentencia sobre la admisión de una interina en el Ayuntamiento de Llodio (Álava) que desconoce el euskera. Lo que parecía un fallo judicial de interés menor se ha convertido en el asunto del que hablan todos los partidos y hasta el Gobierno vasco, cuyos consejeros del PNV no han ahorrado en críticas a la decisión judicial.
Este martes trascendía que un juzgado de Vitoria ha ordenado al Ayuntamiento de Llodio readmitir a una trabajadora interina que no conocía la lengua vasca. La decisión de la jueza del caso se basa en una directiva europea de 1999 que impide exigir determinados perfiles lingüísticos a los interinos mayores de 45 años y no a los funcionarios fijos mayores de esa edad. El Consistorio recurrirá el caso.
El origen de la polémica está sobre todo en la argumentación de la magistrada en la sentencia. Porque la jueza explicaba que el euskera "ocupa la quinta posición de los idiomas más difíciles del mundo (en algunas listas aparece incluso el primero)" y que el Consistorio ha mostrado "una nula sensibilidad hacia las extraordinarias dificultades que entraña esta lengua y expone el cese a modo de castigo".
En ese contexto, el consejero de Política Lingüistica y portavoz del Gobierno vasco, Bingen Zupiria, recordaba este miércoles en una entrevista radiofónica que "los ciudadanos vascos tienen derecho a ser atendidos en euskera en la administración". Además, afirmaba que la jueza "se ha metido un berenjenal" al argumentar su decisión.
Además, tal y como recoge Efe, el consejero de Educación, Jokin Bildarratz (PNV), opinaba que "sorprende" que la dificultad del aprendizaje de una lengua sea tenida en cuenta a la hora de dictar una sentencia en un sentido u otro cuando lo que debería primar es la ley.
El presidente del PNV de Álava, José Antonio Suso, iba más allá al tildar de "barbaridad" las argumentaciones esgrimidas por la juez. "No tienen ni pies ni cabeza", aseveraba el líder nacionalista. "Lamentable" es el calificativo usado por la parlamentaria EH Bildu Rebeka Ubera para referirse a este fallo. "Vistas las últimas sentencias queda claro que para algunos jueces ha sido difícil estudiar Derecho porque no son capaces de diferenciar entre ideología y ley", escribía en las redes sociales la bildutarra.
En esa misma línea, representantes de los sindicatos nacionalistas también censuraban la decisión judicial. Así, LAB afirmaba creer que esta sentencia es un "ataque" a los vascos que quieren vivir en euskera, una "injerencia" en la autonomía municipal y ha recordado que la Administración debe "garantizar la cooficialidad" del euskera y del castellano.
Por su parte, el consejo de asociaciones que trabajan en la promoción del euskera, Kontseilua, iba incluso más allá y criticaba que el Poder Judicial tiene la "voluntad" de "implantar la nueva política lingüística en el Estado a través de sentencias".
