Cinco de los vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que se opusieron este jueves al informe sobre el Anteproyecto de Ley de Vivienda califican el mismo de "oscuro" y consideran que las reflexiones que vierte sobre las competencias del Estado en materia de derecho a la vivienda "fuerzan el sentido de la jurisprudencia constitucional" cayendo en contradicciones "evidentes".
"El informe convierte el Derecho a la Vivienda del artículo 47 en una mera declaración retórica de la Constitución, cuando es un Derecho de adscripción constitucional, y realiza una interpretación del Título competencial del Estado en referencia al 149.1.1ª y 149.1.13ª, para dictar normas básicas en materia de vivienda tan restrictiva, que lo convierte en inexistente", lamentan los vocales en su voto particular al informe, recogido por Europa Press.
Este documento se adjuntará al informe aprobado por el pleno, que salió adelante por mayoría de 15 votos --dos de ellos de vocales propuestos por el PSOE-- y que recuerda al Ejecutivo de Pedro Sánchez que la vivienda "es una materia de titularidad autonómica".
Los vocales que se opusieron al primer borrador de informe, elaborado por el exdiputado socialista Álvaro Cuesta --uno de los firmantes del voto particular discrepante--, son los que en esta ocasión apoyaron la nueva redacción del texto.
En concreto, el nuevo informe fue apoyado por el presidente del Tribunal Supremo y del CGPJ, Carlos Lesmes, y los vocales Roser Bach (PSOE), José Antonio Ballestero (PP), Ángeles Carmona (PP), Victoria Cinto (PSOE), Nuria Díaz (PP), Juan Manuel Fernández (PP), Rafael Fernández Valverde (PP), Vicente Guilarte (PP), Enrique Lucas (PNV), Carmen Llombart (PP), José María Macías (PP), Juan Martínez Moya (PP), Gerardo Martínez Tristán (PP) y Wenceslao Olea (PP).
Los votos en contra fueron los de los vocales progresistas Mar Cabrejas, Álvaro Cuesta, Clara Martínez de Careaga, Rafael Mozo, Concepción Sáez y Pilar Sepúlveda. Todos ellos, a excepción de Mar Cabrejas, firman el voto particular.
En este voto particular, se apunta que el informe elaborado por los vocales Enrique Lucas y José Antonio Ballestero imputa "de manera grosera" al Anteproyecto de Ley y al pre-legislador "un intento de burlar el tenor de la Constitución, en su artículo 150.3, acusándole de introducir una fraudulenta regulación de una ley Armonizadora, eludiendo los cauces constitucionales para ello.
Añaden además que tanto el informe como los presupuestos de los que parte, suponen "una distorsión e incorrecta versión del contenido y valoración de los términos del Anteproyecto de Ley" y una diferente interpretación de la Constitución y de la jurisprudencia respecto al alcance del artículo 47 y sobre todo respecto "a la existencia de un Derecho de adscripción Constitucional a una Vivienda digna y adecuada".
Entienden los vocales discrepantes que el nuevo informe que ha salido adelante "restringe hasta convertirlo en mero principio retórico" ese derecho, y añaden que se evalúa de forma incorrecta también las competencias del Estado en este campo porque "siendo cierto que la Vivienda es competencia de las Comunidades Autónomas, y así lo reconoce el Anteproyecto de Ley, no son competencias que deban permanecer blindadas a las mismas y ajenas a toda intervención, por básica que sea, de los poderes públicos del Estado".
Por otro lado, añaden que desde su punto de vista el Pleno incurre en una extralimitación del contenido tradicional de los informes sobre distintos Anteproyectos de Ley, y de lo que debe ser la función informadora del órgano de gobierno de los jueces. Considera que la mayoría de los vocales ha actuado
"como si se tratase de una tercera Cámara legislativa" y les acusa de realizar "una forzada y poco constructiva intromisión en aspectos del articulado del texto sometido a su consideración, con apriorismos y juicios de intenciones exageradamente críticos impropios de la función institucional informadora".
Lamenta asimismo el voto particular que el informe se adentre en algunos momentos en "consideraciones políticas o económicas que no le corresponden". Y considera que el Anteproyecto del Gobierno va dirigido a las Administraciones Públicas para impulsar la acción concertada de todas ellas, y está hecho desde la perspectiva de las competencias del Estado para regular el derecho a la vivienda de forma "básica" y "sin perjuicio y desde el reconocimiento de las competencias de las Comunidades Autónomas en materia de Vivienda".
El voto particular, que recoge el informe que elaboró en su día Cuesta y que fue rechazado por el pleno del CGPJ, indica que frente a una legislación "especial y dispersa, adaptada a la coyuntura social y
económica" y teniendo en cuenta la legítima actividad legislativa de las CCAA "se echaba en falta una política legislativa del Estado (...) en materia de vivienda" para fijar condiciones básicas y de igualdad que garanticen un reconocimiento y un tratamiento del derecho a la vivienda que reconoce la Constitución.
El informe cuenta además con otro voto, esta vez concurrente, de los vocales Juan Martínez Moya y Juan Manuel Fernández, en el que señalan que si bien están de acuerdo con él en lo sustancias, lamentan que no concrete ni profundice en la labor del CGPJ en esta materia de vivienda. Opinan que no pone en valor ni contrata los protocolos aprobados por el órgano de gobierno de los jueces con el anteproyecto del Ejecutivo.
Además, especifica que sus observaciones son relativas a lo trabajado en el CGPJ sobre lanzamientos de vivienda familiar y medidas de carácter social y sobre cesión de datos en los procedimientos de desahucio o de ejecución hipotecaria. Cita diversos convenios al respecto firmados por el órgano y distintas CCAA.
