El proceso para establecer en la Unión Europea un tipo mínimo efectivo del 15% a las compañías multinacionales se topó este martes con sus primeros obstáculos debido a las reticencias expresadas por algunos países del bloque, que critican el calendario de aplicación de la medida y que se avance dejando a un lado la tasa digital global.
Durante la reunión de los ministros de Economía y Finanzas de la UE, los gobiernos de Polonia, Hungría, Malta, Estonia y Suecia trasladaron este martes al resto de socios sus preocupaciones con respecto al proyecto de directiva, que debe aprobarse por unanimidad. El proyecto legislativo busca trasladar a la legislación europea el acuerdo de la OCDE para lograr que las empresas con unos ingresos superiores a 750 millones de euros anuales paguen un nivel mínimo de impuestos.
Los países con dudas argumentan que el objetivo de que la normativa entre en vigor el 1 de enero de 2023 es “demasiado ambicioso”, pero también critican que se deje a un lado la otra gran pata del pacto en el foro internacional: la imposición a los gigantes digitales.
El acuerdo de la OCDE consta de dos pilares: el primero establecerá el derecho a reasignar entre países el derecho a gravar beneficios que obtienen las empresas del entorno digital y el segundo establece un tipo mínimo efectivo en el impuesto de sociedades del 15%. El trabajo técnico para comletar los detalles del primer pilar no ha terminado todavía, pero la Comisión Europea presentó en diciembre una propuesta legislativa para avanzar en la aplicación del segundo pilar.
Pero este enfoque no ha gustado por ejemplo a Polonia, cuyo representante en el debate público de este martes argumentó que ambas partes “están vinculadas” y, por tanto, es necesario “unir legalmente” ambos pilares. “Es muy importante tener en cuenta que se acordó una reforma global que se compone de dos pilares. Creemos que la UE debería trabajar para asegurar la aplicación de ambos”, explicó también la ministra de Finanzas de Estonia, Keit Pentus-Rosimannus.
Lo mismo piensa el ministro húngaro Mihály Varga, para quien “ambos pilares deben abordarse juntos” y los progresos en el segundo deben ser “paralelos” a los avances en el primero. El representante del Gobierno húngaro también destacó que conseguir que la normativa esté lista para el 1 de enero de 2023 es un objetivo “demasiado ambicioso” porque los Estados miembros necesitan “suficiente tiempo” para analizarla y las empresas para adecuarse a los nuevos requisitos.
Suecia compartió su “preocupación” por este calendario que considera apretado y su ministro de Finanzas, Mikael Damberg, avanzó que puede ser un “problema” en su país por todos los “requisitos nacionales” que hay que superar para su aprobación. Otro país que mostró su disconformidad contra la directiva en el debate fue Malta, cuyo ministro de Hacienda, Clyde Caruana, subrayó que su país tiene “fuertes reservas” sobre la iniciativa.
En el polo opuesto se encuentra Francia, que como presidencia de turno del Consejo de la UE desea ver aprobada la directiva este semestre e intentará que los ministros de Finanzas del bloque lleguen incluso a un acuerdo en su reunión de marzo. El responsable galo de Finanzas, Bruno Le Maire, concedió a los discrepantes que el acuerdo de la OCDE es un “paquete” que engloba los dos pilares, pero también recordó que ambos tienen una naturaleza “jurídica” diferente y fijar un tipo efectivo mínimo en la UE es tarea únicamente de los Veintisiete.
El ministro francés enfatizó también que no sería “comprensible” que un acuerdo en la OCDE que contó entonces con el aval de todos los Estados miembros del bloque no sea adoptado ahora por los países, al tiempo que defendió que no es un ataque a la “soberanía” fiscal de las capitales. Francia cuenta con el apoyo de un numeroso grupo de países en su intento de sacar adelante rápidamente esta iniciativa legislativa, entre ellos España, pero también Países Bajos, Portugal, Grecia, Bélgica, Alemania, Dinamarca e incluso Irlanda, el país europeo que más se resistió en las negociaciones en el organismo internacional.
Para España, es “crítico” avanzar rápido dado el “exigente” calendario, en palabras del secretario general del Tesoro, Carlos Cuerpo, quien dijo que una adopción “oportuna y efectiva” de la directiva es una “prioridad” para el Gobierno español. “Apoyamos totalmente una implementación rápida del acuerdo (…) No vemos la necesidad de aprobar de forma simultánea los dos pilares aunque estén relacionados”, expresó el portugués Joao Leao.
