“Presidente Boric, retome el camino” es la frase que resume la presentación del informe anual 2023-2024 de Amnistía Internacional en Chile. Mientras a nivel global la organización denuncia un panorama de alarmante represión de los derechos humanos y frecuente infracción internacional de las normas establecidas; en nuestro país el llamado es igualmente urgente a un gobierno que presentó inicialmente una marcada agenda de derechos humanos que poco a poco se ha ido desdibujando.
En esta columna me voy a referir a algunos de los temas que se abordan en el informe y que son altamente preocupantes. La seguridad, el actuar de las policías y los movimientos migratorios.
Está claro que estamos en medio de una crisis de seguridad que preocupa legítimamente a la ciudadanía. Ante esto el Estado y las autoridades deben actuar con profunda responsabilidad sin caer en populismos, estigmatización hacia determinados grupos de personas, ni propuestas legislativas que menoscaben la dignidad humana.
La reforma estructural a las policías es una medida fundamental que debería contribuir a mejorar los niveles de seguridad en el país. Contar con instituciones policiales altamente eficaces y encabezadas por autoridades probas y que respeten los derechos humanos, es totalmente posible en la medida que lo pongamos como prioridad para el país.
Hay que recordar que el programa de gobierno de Boric incluso proponía la refundación de Carabineros; sin embargo, a la fecha la reforma que Chile necesita está lejos de ser una realidad. Por supuesto se reconoce como positivo que el gobierno haya impulsado el proyecto de ley que regula el uso de la fuerza y que crea el Ministerio de Seguridad Pública; sin embargo esto no reemplaza la reforma estructural que varios organismos de derechos humanos han recomendado al país.
Desde Amnistía Internacional hemos participado en la Unidad Consultiva de Reforma de las Policías y hemos señalado que se requiere tener claridad sobre una visión de la policía que queremos, los plazos y políticas para avanzar en ello. Esperamos que el gobierno escuche y retome su camino.
Por otra parte, asociar de manera irresponsable la migración con la delincuencia es un acto peligroso que agrava aún más el problema y normaliza la deshumanización. Es evidente que es beneficioso contar con una migración ordenada y regular, y para eso el Estado debe actuar en consecuencia. Tal como lo dijo el Comité de Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares de Naciones Unidas en su informe referido a Chile, el Estado debe redoblar los esfuerzos para prevenir y erradicar la xenofobia y la discriminación, y garantizar la no criminalización de la migración irregular.
Sabemos que los Estados tienen la potestad de establecer y ejercer mecanismos de control sobre sus fronteras. Aquí no hay discusión. Sin embargo, hay que dejar claro que esta facultad no debe menoscabar las obligaciones y compromisos internacionales. La migración debe ser abordada con resguardo y garantías a los derechos de las personas migrantes conforme a los Estándares Internacionales de Derechos Humanos y no solamente como un problema de seguridad nacional.
En definitiva, todas las medidas que se implementen a favor de la seguridad no pueden ser contrarias a otros derechos humanos, sino por el contrario consistente con ellos.
Presidente Boric, el mejor legado que puede dejar es un Chile más humano y seguro para todos sus habitantes. Para esto es urgente recuperar la senda y corregir con firmeza algunas determinaciones respecto a los movimientos migratorios, la reforma a las policías, entre otros.
Bernardita Book, presidenta de la Junta Directiva de Amnistía Internacional Chile.
