La Defensoría de los Habitantes (DHR) intervino de oficio en el plan del gobierno para construir cárceles de carpas, luego de que el ministro de Justicia, Gerald Campos, omitió contestarle una serie de preguntas técnicas alegando que el proyecto se encuentra “en una etapa de estudio, análisis y búsqueda de opciones”. La DHR advirtió de que existen estándares internacionales para la construcción de centros penitenciarios.
Esta institución envió las consultas al jerarca a raíz de la información divulgada en medios de comunicación. La Nación reveló que el gobierno ya incluyó ¢2.600 millones en el quinto presupuesto extraordinario del 2024, presentado a la Asamblea Legislativa, a pesar de que no existe un análisis que demuestre que el proyecto es seguro y factible.
Este miércoles, la Defensoría informó de que consultó a Gerald Campos si se ha asesorado con otros países sobre la construcción y operación de cárceles con carpas. Además, solicitó detalles sobre las experiencias y buenas prácticas observadas, y si se han visitado cárceles que utilicen este tipo de construcciones.
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Además, le pidió especificar si el Ministerio de Justicia y Paz tiene contemplada la construcción de cárceles utilizando carpas dentro de su portafolio institucional de proyectos de construcción, así como remitir una descripción del proyecto que incluya el lugar en que se instalaría la obra, el presupuesto y el proceso de instalación de los servicios complementarios que se requieren para la operación de un centro penitenciario.
Sin embargo, Campos respondió que el plan aún se encuentra en una etapa de estudio, análisis y búsqueda de opciones, y aclaró que el nombre correcto de la iniciativa es “construcciones livianas” en los centros penitenciarios.
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El ministro agregó que, cuando se cuenten con información sobre la viabilidad del proyecto, la compartirá a la Defensoría y dará respuesta a las inquietudes que existan. Según insistió, el proyecto está en una fase previa, en la que están considerando aspectos como un estudio de mercado y factibilidad.
“Considerando la anterior información y de conformidad con los procedimientos institucionales, la Defensoría procedió a la apertura de una intervención de oficio, tratándose de una situación que reviste especial interés, en procura de garantizar el efectivo y pleno disfrute de los derechos fundamentales de la población privada de libertad y, sobre todo, considerando que existen estándares internacionales de construcción de centros penitenciarios que deben ser cumplidos por la administración penitenciaria”, indicó la Defensoría.
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