Gabriela Arguedas considera que CCSS violenta derechos humanos de pareja infértil al negarse a entregarle su material genético.
La bioeticista Gabriela Arguedas considera que la negativa de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) de entregar embriones no transferidos a una pareja para que los utilice en una clínica privada es un abuso de poder y lesiona los derechos humanos.
Arguedas sostiene que aunque ellos hayan firmado un documento que estipula que los embriones no podrían ser trasladados a otro centro ni salir de las instalaciones del Hospital de la Mujer, esta acción constituye un ejemplo más de la cultura de abuso de la CCSS a falta de contrapesos.
Para la especialista, incluir en los documentos que los embriones solo pueden ser utilizados dentro de la Unidad de Medicina Reproductiva de Alta Complejidad (Umrac), adscrita a la institución, no solo es antiético, sino también es ilegal, porque la pareja tiene derechos sobre su material genético.
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“La pareja afectada es víctima de un abuso de poder y de violación a los derechos humanos (...). De facto, la CCSS está montada sobre un aparato administrativo interno que naturaliza el abuso de poder y los funcionarios ni siquiera ven que son abusos de derechos humanos”, advirtió.
Cuando esta pareja, vecina de San José, inició los trámites para hacer una fecundación in vitro (FIV) en la CCSS, se les hizo firmar varios documentos. En uno de ellos, llamado Manifiesto sobre el compromiso de responsabilidad de los embriones congelados, se indicaba que los embriones serían utilizados para lograr uno o más embarazos en la pareja o para donación pero que no podían, bajo ninguna circunstancia, ser trasladados a otro lugar.
Según la especialista en bioética, es improcedente que la CCSS haga esa solicitud. Lo usual (y necesario por ley) en estos casos es que se firmen consentimientos informados en donde la persona conozca bien el procedimiento que se llevará a cabo, cómo se hará, los posibles eventos adversos y la tasa de éxito. Pero, según indicó, condicionar el procedimiento a la firma de un documento donde se cede la custodia total del material genético a la CCSS no debería darse.
El abogado Marvin Carvajal Pérez, quien lleva el caso de la pareja, coincidió: “Los embriones no son activos de la CCSS para que pueda decidir sobre ellos. Son de la pareja”.
Para Arguedas, este caso también podría llevarse a la Corte Interamericana de Derechos Humanos para sentar un precedente más amplio. “La Caja es una institución donde el abuso de poder está normalizado. Esto no puede ser aceptado”, concluyó.
