Diego Miranda, flamante alcalde de San José, accedió al poder con promesas de cambio, pero una de sus primeras directrices tiene el tufillo de la más rancia política. La centralización de la información es una estrategia muchas veces ensayada y otras tantas derrotada por las expectativas de transparencia implantadas en la ciudadanía, en buena parte, por el discurso de cambio.
Si la información no se “fuga”, el recurso de amparo obliga a entregarla, y la denuncia pública de su retención causa daño a la reputación. El joven alcalde podría mirarse en el espejo del Ejecutivo, también llegado al poder con ofrecimientos de cambio, muchos de ellos relacionados con la transparencia, y luego varias veces condenado o “víctima” de filtraciones a raudales.
La pretensión de dosificar la información, o “manejarla”, como se suele decir, no tarda en transformarse en el proverbial tiro por la culata. Un alcalde cuya gestión depende, en buena medida, de su habilidad para presentarse como diferente, corre el riesgo de atraer la misma crítica de opacidad esgrimida por él contra sus antecesores.
“Por la presente se instruye a todas las dependencias de la Municipalidad de San José (gerencias, direcciones, jefaturas) que, de manera temporal y hasta nuevo aviso, tanto las comunicaciones oficiales como la vocería institucional, quedan centralizadas únicamente en la alcaldía, a través de la señora Dioni Céspedes Bolaños, asesora del alcalde en esta materia, o quien ella designe. Se insta a las gerencia, direcciones y jefaturas dar a conocer y socializar esta instrucción con todos sus colaboradores de manera inmediata”.
Nadie se salva de guardar silencio de conformidad con la “estrategia de comunicación y centralización de la vocería institucional en la alcaldía”. La institución, como cualquier otra, tiene derecho a mantener una vocería oficial, pero también tiene la obligación de hacerla coexistir con la libre expresión de cada funcionario, incluso sobre asuntos propios de sus cargos.
Salvo que el alcalde sospeche que alguno de sus subalternos pretende hacerse pasar por vocero oficial, la instrucción no tiene sentido, cuando menos por redundante. Nadie ignora de donde emana la información oficial, pero es muy importante el acceso a aquella otra, no centralizada ni oficializada.
En el 2016, el jefe de talleres del Incofer fue sancionado por sus declaraciones sobre deficiencias en el mantenimiento de los trenes Apolo. La Sala IV no tardó en anular el castigo y reafirmar su derecho.
Armando González es editor general del Grupo Nación y director de La Nación.
