El 75% del dinero prestado a Coopeservidores son recursos públicos. Interventor Marco Hernández dijo que futuro de deuda se definirá cuando finalice la intervención
La cooperativa Coopeservidores, la cual está intervenida desde el 13 de mayo por la presunción de irregularidades administrativas, mantiene una deuda de ¢141.817 millones con bancos comerciales e instituciones, De ese dinero, el 75% son recursos públicos, cuyos pagos quedaron paralizados a la espera de la decisión que tome el Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero (Conassif) sobre el futuro de esa entidad financiera.
Las seis entidades de carácter público que le otorgaron financiamiento son el Banco Nacional (BN), el Banco de Costa Rica (BCR), el Banco Popular (BP), el Banco Central de Costa Rica (BCCR), el Banco Hipotecario de la Vivienda (Banvhi) y el Instituto Nacional de Fomento Cooperativo (Infocoop). El saldo total es de ¢106.674 millones, según los estados financieros de la cooperativa con corte a marzo.
Los restantes ¢35.143 millones fueron cedidos por el Banco Internacional de Costa Rica (Bicsa), el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) y arrendamientos financieros, según los estados financieros de Coopeservidores a marzo anterior. Bicsa es una entidad financiera panameña creada en 1976 y sus propietarios son el BCR (51% de las acciones) y el BN (49%).
El monto total que Coopeservidores debe a entidades financieras es equivalente a la construcción de 3.450 viviendas de clase media, cada una valorada en ¢45,1 millones, según una estimación hecha por el BCCR.
El pago de los compromisos con estas instituciones financieras queda pendiente de la recomendación que el interventor Marco Hernández Ávila dé al Conassif, una vez finalizado el proceso de análisis y resolución sobre la cooperativa, también conocida como CS Ahorro y Crédito.
“A todos los acreedores se les estará informando cuál será el destino final de la entidad (la cooperativa) y cómo van a quedar sus acreencias. Es parte de lo que al final se va a resolver que será por parte de la autoridad de resolución, que es el Conassif”, confirmó el interventor a La Nación.
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Hernández añadió que la decisión final del Consejo se tomará con base en el informe final que entregará en conjunto con Lillieth Brenes Zúñiga, interventora adjunta. A ellos se les brindó un plazo de 30 días hábiles para entregar el documento, iniciado el 13 de mayo, día en que se ordenó la intervención.
El acuerdo del Consejo dispuso la suspensión o limitación del pago de las obligaciones de la entidad con sus ahorrantes, inversionistas y acreedores. También se facultó a los interventores a tomar decisiones sobre el endeudamiento de la entidad cooperativa.
El monto congelado más relevante pertenece a los 131.500 clientes de la entidad, quienes no pueden mover los ¢510.000 millones en ahorros, a la vista o a plazo, depositados en la cooperativa.
El financiamiento otorgado por otras instituciones a Coopeservidores se brindó años atrás como fondeo para que la propia entidad los prestara entre sus propios asociados, especialmente en operaciones de consumo que representan el 80% de su cartera. Aunque una porción sí tenía un destino establecido, como readecuaciones crediticias por la pandemia de la covid-19 o bonos de vivienda.
La Nación consultó a los tres bancos públicos el monto exacto prestado a la cooperativa, dado que en los estados financieros no se desglosa el monto de ¢53.385 millones. El BN, BCR y el Popular informaron por escrito la imposibilidad de referirse a operaciones brindadas a Coopeservidores por secreto bancario y porque la institución está intervenida.
“Lo único que el BN puede mencionar es que al igual que cualquier otro deudor, sus operaciones se encuentran debidamente garantizadas”, detalló por escrito Hilel Zomer Befeler, director jurídico a.i. del BN.
El Banco Central dio por recibidas las preguntas a las 3:24 p.m. de este martes, las cuales quedaron en trámite. Según los estados financieros de la cooperativa, el ente emisor tiene un pendiente de pago de ¢25.119 millones que debe cancelar en un plazo de dos años.
Los recursos del BCCR corresponden al programa denominado Facilidad especial y temporal de financiamiento a mediano plazo, que fue un financiamiento en condiciones blandas dado por el ente emisor a raíz de la pandemia, con el objetivo de brindar prórrogas, readecuaciones y refinanciamientos a clientes golpeados por la crisis sanitaria.
Como garantía para obtener recursos del Banco Central, los intermediarios financieros debieron aportar títulos valores disponibles y elegibles para el Mercado Integrado de Liquidez (MIL), en colones y dólares, que cubran la totalidad del monto otorgado.
En el plan entregado por Coopeservidores al BCCR, se informó que los recursos obtenidos iban dirigidos a readecuar préstamos de consumo, vivienda y mipymes. Además, el 60% de los recursos se brindó a asociados con actividades en turismo y servicios. El restante 40% se dirigió a funcionarios públicos.
Los ¢22.439 millones dados por el Banvhi corresponden a financiamientos de bonos de vivienda del Sistema Financiero Nacional para la Vivienda. Coopeservidores es una de las instituciones financieras autorizadas para colocar dichos recursos.
El destino de los compromisos de Coopeservidores con sus clientes y acreedores será definido por el Conassif con base en el informe final de intervención. Pero la Ley Orgánica del Banco Central y la Ley de creación del fondo de garantía de depósito y de mecanismos de resolución de los intermediarios financieros establecen las prioridades de pago.
De hecho, el acuerdo del Conassif dictó que todos los gastos de la intervención de la cooperativa, así como los del personal de la Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef) encargados del proceso, correrán con cargo a los activos de la entidad.
Si se determina que la institución no es viable, continuarán en importancia de pago todas las obligaciones de salarios y cargas sociales con los trabajadores de CS Ahorro y Crédito, explicó José Luis Arce, expresidente del Conassif. En la cooperativa hay 629 empleados.
Arce añadió que los pasivos con algún tipo de garantía continúan en la cadena de prioridad de pago. En los estados financieros de la entidad intervenida se indica que las obligaciones con otras entidades financieras se encuentran garantizadas por inversiones por un monto de ¢43.933 millones, aunque los compromisos son por ¢142.000 millones.
Los ahorrantes de la entidad y los acreedores sin ningún tipo de garantía continúan en la cadena de pago establecida por la legislación.
Bernardo Alfaro, exjerarca de la Sugef, explicó que el caso de Coopeservidores será la primera vez en la cual se usará la nueva legislación sobre resolución de intermediarios financieros. “Ahora el proceso de intervención es más breve, se dan 30 días. Los pagos que hará el interventor son estrictamente los necesarios, pues prácticamente se congela toda salida de dinero, a menos de algo indispensable”, recalcó Alfaro.
De hecho, este escenario ocurrió en los primeros días de la intervención, cuando se autorizó el pago de salarios para quienes reciben su sueldo en cuentas de la entidad.
El exsuperintendente confirmó que los acreedores con algún tipo de garantía, comúnmente conocidos como los privilegiados, serán quienes tengan prioridad en los pagos si se determina el cierre de la entidad. Agregó que la nueva legislación brinda más flexibilidad para el proceso de decisión de los activos de una entidad intervenida.
