Los obstáculos que ponen el gobierno y la Directiva de la CCSS a la construcción del centro médico son antojadizos.
El gobierno se convirtió, incomprensiblemente, en el principal obstáculo para la construcción del nuevo hospital de Cartago, al punto que, en alianza con la Junta Directiva de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), utilizan trucos de magia o excusas sacadas de la manga para no tomar decisiones y no mover un dedo.
El porqué colocan tantos estorbos en el camino es un secreto que guardan celosamente. ¿Cuál es su interés? Solo ellos lo saben. Y ese es otro calvario para los “cartagos”: la falta de transparencia. Esa opacidad es irresponsable, pues mientras patean la bola a ese urgente proyecto para atender a una población de 750.000 personas, en el viejo hospital los pacientes sufren una atención inhumana, llegan al extremo de que se atiborran en los pasillos, lo cual es un grave riesgo para la salud y una condena para sus vidas si ocurriera un fuerte sismo.
En Emergencias se refleja la insensibilidad del gobierno y la Directiva de la CCSS a la tortura que afrontan los cartagineses. Aunque está diseñado para 28 personas, allí deben meter hasta 90, denunció el Sindicato Nacional de Médicos Especialistas (Siname). La Unión Médica, por su parte, reveló que en el último año renunciaron 21 especialistas, entre ellos, dos neurólogos. Por ende, cerraron ese servicio, que operó durante 30 años.
Esto sucede porque las cúpulas de la CCSS y de Salud no tienen noción de lo que es una emergencia hospitalaria; si la tuvieran, no se la pasarían en caras reuniones para exigir más estudios a los estudios que ya están hechos.
Si ya todos los expertos en construcción y finanzas otorgaron la viabilidad al hospital, si hasta los sismólogos dieron su veredicto, lo que hacen los altos mandos al posponer decisiones es politizar la obra, politiquear con la salud de tantos habitantes.
Lo curioso es que los obstáculos antojadizos parten de un gobierno que se queja, constantemente, de que no le permiten gobernar, y reclama que a planes —los que sí le interesan—, como el polémico crédito de $450 millones de Ciudad Gobierno, o la marina y terminal de cruceros de Limón, le colocan trabas. Sin embargo, todo eso de lo cual se lamenta es lo que les aplica a los tolerantes “cartagos”: una obstrucción arbitraria.
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El autor es jefe de Redacción de La Nación.
