Aparte de demostrar solidaridad con el expresidente, políticos republicanos de alto rango han estado apareciendo en el juicio con un propósito más alarmante.
El drama que está protagonizando el expresidente estadounidense Donald Trump en un tribunal de la ciudad de Nueva York es más que un simple juicio penal, es una competencia entre distintas concepciones del poder: un sistema democrático liberal de derecho contra una concepción iliberal que sitúa a la fuente de autoridad fuera del sistema legal actual.
Según la visión convencional —más allá de que por primera vez en la historia de EE. UU. el acusado es un expresidente (y candidato a presidente)— se trata simplemente de otro caso penal; los fiscales están tratando de demostrar más allá de toda duda razonable que Trump falsificó registros comerciales deliberada e ilegalmente para ocultar un pago a la actriz de películas para adultos Stormy Daniels, para que guardara silencio sobre un supuesto encuentro sexual con él.
El Estado afirma además que al enmascarar el soborno como “honorarios legales” Trump y sus agentes ocultaron al público información relevante sobre él como candidato durante los últimos días de la campaña electoral presidencial del 2016.
Si los fiscales logran demostrar que las acciones de Trump alentaron otras actividades ilegales —como fraude fiscal o infracciones a las normas del financiamiento de campañas—, el delito inicial podría pasar de una falta menor a un delito grave y exponerlo, si lo declaran culpable, a tiempo en prisión.
Pero la mirada convencional no puede explicar por qué una gran cantidad de funcionarios republicanos, comenzando por el miembro de la Cámara de Representantes Mike Johnson —que por ser presidente de la Cámara ocupa uno de los cargos más poderosos de Washington— desfilan en el juicio contra Trump.
A Johnson se sumaron el senador Rick Scott, de Florida —que se postula para la reelección en noviembre—, y el senador J. D. Vance, de Ohio, a quien muchos consideran como aspirante a la vicepresidencia.
También visitaron los tribunales el senador Tommy Tuberville, de Alabama; el gobernador de Dakota del Norte, Doug Burgum; los miembros de la Cámara de representantes Lauren Boebert y Marjorie Taylor Greene, de Colorado y Georgia, respectivamente; Byron Donalds y Cory Mills, de Florida; Nicole Malliotakis, de Nueva York; y el excandidato presidencial del Partido Republicano Vivek Ramaswamy.
Se podría racionalizar esa muestra de apoyo político como el cierre de filas del Partido Republicano alrededor de su presunto candidato presidencial y líder de hecho. Y así es, hasta cierto punto... pero las implicaciones van mucho más allá de la política partidaria convencional.
Si los aliados de Trump están dando señales de lealtad, parece razonable que nos preguntemos a qué exactamente se la rinden. Es difícil no llegar a la conclusión de que su exhibición de solidaridad procura expresar apoyo a la afirmación de Trump, descarada y sin pruebas, de que es víctima de un juicio mediático orquestado por sus enemigos políticos —principalmente, el presidente Joe Biden—, que usan leyes espurias para interferir con su libertad para ocupar el cargo más alto del país.
Como dijo en un mitin reciente: “Joe Biden y los fascistas que lo controlan son la verdadera amenaza a la democracia; usan al Departamento de Justicia, al FBI y a nuestro sistema electoral; amañaron las elecciones y atacaron la libertad de expresión... No persiguen a quienes amañaron las elecciones, sino a quienes quieren encontrar a los responsables del engaño”.
Si, como afirma Trump, “el genio salió de la botella” —es decir, si el imperio de la ley ya fue suspendido y el poder del Departamento de Justicia está siendo usado como arma contra los enemigos políticos—, ¿por qué no dar a la otra parte un trago de su propia medicina?
Trump señaló que su intención es exactamente esa: “Si me eligen presidente y veo que a alguien le va bien y me está ganando por mucho, acusémoslo y dejémoslo sin oportunidades. Quedará fuera, fuera de las elecciones”.
Así se normaliza el matonismo político: primero proyectas tus abusos hacia los opositores políticos, para justificar ese tipo de acción; luego, cuando descubren tus delitos, usas las acusaciones penales en tu contra como lo que Trump llama un “símbolo de honor”, proyectando tu victimización hacia tus seguidores. “Voy a juicio por ustedes”, dice Trump.
El tipo de autoridad política al que aspira Trump se opone completamente a la idea liberal democrática que entiende que el poder fluye desde las bases hacia arriba: desde “Nosotros, el pueblo” que decide libremente delegar su poder en los representantes políticos (o quitárselo). Por el contrario, en una democracia iliberal, el poder fluye de arriba hacia abajo: de un líder supremo que afirma que solo él es capaz de convertir en realidad el poder del pueblo, encarnando su voluntad colectiva. Ese tipo de afirmación personal del poder soberano resuena en la retórica autoritaria de Trump: “Imparto la justicia de ustedes... Imparto el castigo de ustedes”.
Entonces, cuando los políticos de alto rango y aspirantes a gestores de poder se muestran en el tribunal donde juzgan a Trump para demostrarle su solidaridad, no se trata de la política habitual con el telón de fondo de un juicio penal convencional; esos partidarios del régimen están dando señales de su voluntad para validar una fuente alternativa e iliberal de poder soberano, independiente de la Constitución de EE. UU. y del imperio de la ley... una fuente que se reduce a una única persona: Trump.
Solo podemos imaginar el aturdimiento que quienes fundaron el país oponiéndose a la monarquía sentirían frente a un presidente estadounidense que invocara la concepción de poder encarnada en las famosas palabras de un absolutista del siglo XVII: “El Estado soy yo”.
Richard K. Sherwin, profesor emérito de Derecho de la Escuela de Derecho de Nueva York, es uno de los editores de A Cultural History of Law in the Modern Age (Historia cultural del derecho en la Edad Moderna) (Bloomsbury, 2021).
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