Ministro de Hacienda afirma que el IVM debe reducir los beneficios y que, si se quiere una pensión básica universal, la única manera de lograrlo es aumentar el impuesto al valor agregado.
El ministro de Hacienda, Nogui Acosta, urge cambios en el aporte del Estado a las pensiones. Aboga por derogar el sistema actual, en el que la contribución estatal equivale a un porcentaje del salario de cada trabajador.
En su criterio, el aporte debe convertirse en una transferencia fija para que la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) pague las pensiones mínimas.
Acosta cuestionó que el Estado pague la misma cotización para personas de bajos y altos ingresos. “Actualmente, no estamos contribuyendo a personas en situación de pobreza. Estamos contribuyendo tanto a quienes ganan más como a quienes ganan menos, incluyendo a aquellos que perciben ingresos superiores a ¢2 millones. La pregunta es si el Estado debe continuar haciéndolo o no”, dijo.
Hoy, la cotización estatal equivale al 1,57% de cada salario, pero la CCSS acordó aumentarla gradualmente hasta un 1,91% en el 2029.
Según el ministro, se requiere de cambios legales para que el Gobierno se desligue de las planillas de los afiliados a los regímenes de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM), Poder Judicial y Magisterio Nacional. En su lugar, propone incorporar una partida al Presupuesto de la República para financiar las jubilaciones de las personas en situación de pobreza.
La CCSS sostiene que una reducción del aporte estatal desfinanciaría las pensiones del IVM, el mayor sistema de jubilaciones del país. Más bien, la Caja estima que las cotizaciones actuales son bajas, por lo que insta a redireccionar cargas sociales y transferencias del Presupuesto hacia el régimen.
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Sobre la situación del IVM, Nogui Acosta aseveró que la sostenibilidad de este régimen solo puede alcanzarse de tres maneras: subiendo la edad para pensionarse, aumentando la contribución del trabajador o reduciendo el beneficio.
“Yo creo que se debe reducir el beneficio”, sostuvo el jerarca de Hacienda.
El jueves pasado, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) recomendó a Costa Rica elevar la edad de retiro de 65 a 67 años y modificar la fórmula de cálculo del monto de la pensión.
Para Acosta, uno de los problemas del IVM es la cantidad de jubilados que no cotizaron lo suficiente y que ahora reciben una pensión. “En 15 años, no acumularon reservas suficientes para una pensión. Cuando se creó este régimen en 1947, la expectativa de vida era menor. La edad de jubilación era a los 65 años, pero la esperanza de vida era de solo 55 años. Esto permitió la acumulación de recursos, pero en los años 90 decidieron distribuir estos fondos”, indicó.
“Hoy, volvimos a traer la jubilación a los 65 años; en el caso de las mujeres, es un poco menos, pero la esperanza de vida al nacer anda por 80 años para las mujeres y 78 para los hombres. El proceso de envejecimiento de la población es realmente acelerado. Las personas mayores de 65 serán el 20% en el 2050. Actuarialmente, la Caja no va a poder cubrirlos y anda buscando de dónde sacar plata”, continuó.
Acosta expuso estas ideas al responder preguntas de La Nación sobre la propuesta del presidente de la Asamblea Legislativa, Rodrigo Arias, de vincular el proyecto de renta global, que reformaría el impuesto de renta, con la idea de crear una pensión básica universal que cubra a los adultos mayores que no cotizaron y carecen de ingresos.
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Sobre la idea de Arias, Acosta sostiene que no se debe vincular la renta global con el sistema de jubilaciones.
Adujo que el país ya tiene un régimen de pensiones no contributivas y que “la única manera de asegurar algo en esos términos (la pensión básica universal) es que aumentemos el IVA; no hay otra manera”.
“El impuesto de renta presenta dos problemas. Por un lado, se basa en una declaración voluntaria y, por otro, está sujeto a los ciclos económicos, y una pensión no puede depender de estos ciclos”, aseguró.
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El ministro de Hacienda sostiene que, cuando el país discuta una solución para personas pobres sin pensión, debe preguntarse si la población está haciendo lo suficiente para garantizar una vejez digna.
“Parece que, como país, no estamos tomando las medidas necesarias. Actualmente, hay muchas opciones para ahorrar, pero muchas personas no las aprovechan”, argumentó.
El ministro, además, criticó la potestad de la Junta Directiva de la CCSS de aumentar el aporte estatal sobre toda la planilla, pública y privada, “cuando le da la gana”, sin tener en cuenta las condiciones de las finanzas públicas.
“Del 0,57% de hace algunos años, ahora hemos pasado al 1,91% sobre la planilla, casi tres veces más”, se quejó el ministro.
También, señaló que el alto costo del aseguramiento incrementa el costo de la mano de obra y desincentiva el pago de pensiones.
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Acosta enfatiza que el país tendrá que tomar decisiones sobre el tipo de Estado que desea ser: uno que cumpla su rol de ayudar a las personas en situación de pobreza o el que permita una gran disparidad entre quienes reciben beneficios y quienes no.
