Solicitado a raíz de la nota publicada el 7 de mayo en nacio.n.com y al día siguiente en la edición impresa de ‘La Nación’.
Vista la nota publicada en el portal y la página en Facebook de nacion.com el 7 de mayo y en la portada y contraportada del diario La Nación del miércoles 8 de mayo, bajo el título “YouTube exigió a Asamblea eliminar foro antivacunas auspiciado por PNR”, deseo manifestar y aclarar que el foro que se realizó en la Asamblea Legislativa el 25 de abril no fue un foro antivacunas, sino un foro médico-científico y de derechos humanos, el cual fue engalanado con expertos internacionales y nacionales de una amplísima trayectoria académico-profesional, quienes de acuerdo con su experiencia clínica, al amparo de la Constitución Política, la Convención Americana de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Declaración Universal de Derechos Humanos y la Declaración Universal de Bioética y Derechos Humanos, hicieron una evaluación de las políticas públicas implementadas tanto en nuestro país como en otros, con el objetivo de no volver a cometer los mismos errores que se cometieron durante la declarada emergencia por covid-19 (a pesar de tener esta una tasa de letalidad del 0,003%), así como exponer los tratamientos eficaces, seguros y censurados para el abordaje de la covid-19, los riesgos de los estudios de ganancia de función en patógenos con potencial pandémico, los riesgos de la aceptación de los Acuerdos Pandémicos —Acuerdos sobre Prevención, Preparación y Respuesta Sobre Futuras Pandemias (CA+)— y las enmiendas al Reglamento Sanitario Internacional que se discutirán en la Asamblea Mundial de Salud que se inicia el 27 de mayo, así como los comprobados y no supuestos problemas de seguridad y eficacia de los fármacos genéticos experimentales, mal llamados vacunas contra la covid.
Es importante señalar que estos fármacos genéticos no cuentan aún con los estudios preclínicos específicos ni los estudios de biodistribución (farmacocinética), farmacodinamia, interacciones medicamentosas, riesgo de enfermedad potenciada por anticuerpos, genotoxicidad, carcinogenicidad, teratogenicidad, efectos transgeneracionales, estudios de seguridad de interacción entre plataformas o entre formulaciones, de seguridad ante repetidos refuerzos, de seguridad en niños y en mujeres embarazadas, en lactancia o en edad fértil, y que, a pesar de que el Ministerio de Salud, la CNVE y la CCSS recitan dogmáticamente que son “seguros y eficaces”, estos productos basados en tecnología genética (que nunca antes fue utilizada en seres humanos fuera de ensayos clínicos limitados, los cuales según indican los registros de ensayos clínicos oficiales) presentan problemas en los controles de calidad de manufactura y aún se encuentran en fases de investigación y desarrollo, lo cual es absolutamente alarmante si consideramos que a la población nacional e internacional nunca se le informó de los riesgos que implica el desconocimiento de sus efectos y consecuencias (de acuerdo con lo que establece la Resolución 1-2021 del 6 de abril del 2021, emitida por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos), como exige el debido previo, libre y pleno consentimiento informado, sino por el contrario, fue coaccionada y obligada a aplicarse estas sustancias por medio de sus patronos, códigos QR/Green Pass y la presión social discriminatoria que condenaba al ostracismo a quienes no se la aplicaban.
Cabe señalar que tres personas que fueron víctimas de esto expusieron sus testimonios en dicho foro y que también fueron silenciadas al eliminar dicho video.
Esto es de especial interés cuando consideramos que de acuerdo con el estudio de Rancourt et al. (2023) estimaron que a escala mundial 17 millones de personas han muerto y 600 millones de seres humanos han sufrido al menos un efecto adverso como consecuencia directa de estos fármacos genéticos; que Faksova y colaboradores (2024) determinaron en un estudio realizado en 99 millones de personas, de 8 distintos países, que 13 efectos adversos de especial interés –como pericarditis, miocarditis, encefalomielitis, coágulos de sangre y Guillain-Barré– están asociados tanto a las vacunas génicas como a la cantidad de dosis inoculadas; y que Shimabukuro y colaboradores (2021) determinaron que el 82% de las mujeres inoculadas en el primer trimestre de embarazo perdieron a sus bebés (es decir, 4 de cada 5 embarazos terminaron en una pérdida).
De manera alarmante, en el mundo se ha visto un exceso de mortalidad de entre un 10% y un 30% en personas de todas las edades a partir del inicio de las campañas de inoculación de estos fármacos, el cual no se dio siquiera en las fases tempranas de la declarada pandemia de covid-19, independientemente de su complexión física, nivel de actividad física u otras características individuales.
No podemos dejar de mencionar que un documento de Pfizer indica que existen 1.291 tipos de efectos adversos de especial interés asociados a sus “vacunas”. Que AstraZeneca está retirando del mercado mundial todas sus “vacunas” debido a los coágulos que producen.
No es que seamos antivacunas, sino que de acuerdo con la evidencia que tenemos es evidente que el riesgo de aplicarnos estas sustancias es incalculablemente mayor que el riesgo de no aplicárnoslas. Lamentablemente, hemos pedido al Colegio de Médicos y Cirujanos de Costa Rica, a la Academia Nacional de Medicina, al Ministerio de Salud, a la CCSS, entre otros, un espacio para realizar un debate o conversatorio médico-científico público en donde contrasten (y desmientan si es que pueden) con argumentos fundamentados en la evidencia los puntos anteriormente expuestos. Sin embargo, hasta el momento, no han querido participar en una iniciativa de este tipo. Si prueban que estamos equivocados seremos los primeros en disculparnos públicamente, pero hasta el momento han sido incapaces de hacer esto.
Además, es necesario aclarar que no es cierto que el video se haya eliminado por presiones de YouTube. Berlioth Monge, jefa del Área de Plataformas Tecnológicas del Departamento de Prensa de la Asamblea Legislativa, indicó por medio de correo electrónico que “YouTube restringe los videos que contienen términos relacionados con contenido sexual, violento o repulsivo, así como actividades peligrosas o dañinas”. Por consiguiente, que optaron por retirarlo del canal Asamblea CR01.
Por supuesto que el foro no tenía un contenido sexual, violento, repulsivo, ni actividades peligrosas o dañinas. No obstante, si fuera como su artículo indica (la plataforma restringe contenido que implique “un riesgo grave de daño por la difusión de información que contradice las indicaciones de las autoridades de salud locales o la Organización Mundial de la Salud (OMS)”), es necesario destacar lo peligroso para la ciencia al no permitir la evaluación de políticas sanitarias y contrastación de la evidencia científica y, por otra parte y muy importante, para la democracia de cualquier país soberano, independiente y democrático que una empresa privada limite lo que se discute en el seno de un órgano oficial estatal como lo es la Asamblea Legislativa, la cual es, por cierto, el máximo órgano democrático de nuestro país.
Esto significaría que Costa Rica no es una “República democrática, libre, independiente (…)”, sino que está subordinada a empresas privadas internacionales. Esto, sin duda, a quienes amamos la democracia es algo que nos debe preocupar profundamente y algo que debemos resolver.
Finalmente, deseo aclarar que yo no soy antivacunas, sino que quiero que se me garanticen a mí y a todos los costarricenses productos que sean realmente seguros y eficaces, con el debido consentimiento (no coacción, manipulación e imposición) informado, y que en apego a la evidencia científica y a los derechos y deberes que nos corresponden como seres humanos y siendo que las autoridades sanitarias, así como agencias reguladoras y asesoras, nacionales e internacionales, nos han fallado a los seres humanos, me he visto en la obligación de levantar la voz en defensa de los derechos humanos y fundamentales, las libertades individuales, la salud y la vida de los costarricenses, algo que hasta el momento muy pocos –y casi ningún funcionario– ha hecho.
He defendido desde el día 1, el derecho de los costarricenses a escoger si, luego de un debido consentimiento informado, desean inocularse o no con este o cualquier otro fármaco, dado que todo medicamento tiene efectos secundarios y dado que cada persona tiene características físicas, metabólicas, bioquímicas y predisposiciones genéticas distintas.
No es posible que se encasille a todas las personas en una “solución masiva”, porque como sabemos hay gente intolerante a la lactosa, al gluten o a la penicilina, por lo que los tratamientos deben ser individualizados y personalizados, y no por imposiciones arbitrarias que no obedecen ni a la técnica ni a la ciencia.
Marco Antonio Morales Albertazzi
Director de Defendamos Costa Rica y coordinador general del Movimiento por la Salud y la Libertad
