Álvaro Uribe se convirtió el viernes en el primer expresidente de Colombia en enfrentar un juicio penal acusado de sobornar a testigos para que guardaran silencio sobre su presunta relación con paramilitares
Bogotá. Álvaro Uribe se convirtió el viernes en el primer expresidente de Colombia en enfrentar un juicio penal, con la primera audiencia de un caso en el que es acusado de sobornar a testigos para que guardaran silencio sobre su presunta relación con paramilitares.
Desde su residencia en Antioquia, noroeste, el expresidente (2002-2010) defendió su inocencia y se dijo víctima de complot.
“Repito a mis compatriotas que jamás he engañado a la justicia”, dijo a medios Uribe, poco antes de asistir a la audiencia virtual.
Al inicio de la diligencia, la jueza Sandra Heredia dijo que recibió un escrito en el que la Fiscalía acusa a Uribe de haber puesto en marcha un plan para influir en los testimonios judiciales de integrantes de los escuadrones de ultraderecha que cometieron cientos de masacres a finales del siglo XX.
Aunque el documento de la fiscalía no ha sido divulgado al público, partes de éste filtradas por la prensa dan cuenta de cómo el expresidente habría usado emisarios para “entregar y/o prometer dinero” a paramilitares presos a cambio de “falsear” sus versiones sobre la supuesta relación del político con estos grupos armados.
Se espera que el fiscal del caso, Gilberto Villarreal, lea el escrito completo y presente sus pruebas este viernes.
En la audiencia, la exesposa de uno de los paramilitares involucrados denunció “seguimientos” y “amenazas” en su contra. La defensa de Uribe rechazó estos señalamientos.
Considerado uno de los políticos más influyentes en Colombia, Uribe, de 71 años, se expone a una pena de entre seis y doce años por una denuncia judicial que inicialmente lanzó él, pero que luego se volvió en su contra.
En 2012, Uribe, entonces senador, presentó una denuncia contra el congresista de izquierda Iván Cepeda, al que acusó de buscar testimonios falsos para vincularlo con los paramilitares que libraron una guerra feroz contra las guerrillas de izquierda entre los años 1990 y comienzos de 2000.
Pero la Corte Suprema no solo se abstuvo de enjuiciar a Cepeda, sino que en 2018 comenzó a investigar al expresidente por sospechas de que fue Uribe quien en realidad trató de manipular testigos.
En agosto de 2020 los altos magistrados ordenaron el arresto domiciliario del exmandatario, argumentando que en libertad podría entorpecer la investigación.
Luego Uribe renunció al Senado y su expediente pasó a un tribunal ordinario, que levantó la orden de reclusión y reinició todo el proceso.
En noviembre de 2023, Uribe testificó ante la fiscalía en una investigación preliminar por su supuesto conocimiento anticipado de una masacre y el asesinato de un defensor de derechos humanos, a raíz del testimonio del exjefe paramilitar Salvatore Mancuso.
También fue denunciado ante un tribunal argentino por su presunta responsabilidad en más de 6.000 ejecuciones y desapariciones forzadas de civiles cometidas entre 2002 y 2008, durante su gobierno, un caso conocido como “falsos positivos”. La justicia de ese país aun no se ha pronunciado sobre el caso.
Durante su mandato, Uribe gozó de una inmensa popularidad por la política de mano dura con la que su gobierno debilitó las guerrillas.
Sin embargo, su imagen se ha visto afectada por múltiples escándalos y procesos judiciales en los últimos años.
