Las recriminaciones deben quedar atrás, así como culpar a otros de la ingobernabilidad y la corrupción.
Los números macro del gobierno parecen favorables a primera vista; no obstante, deben valorarse la enorme factura social y el preocupante estado del sector productivo, causado por la apreciación del colón.
La revaluación ejerce una fuerte presión en la capacidad competitiva y en la sostenibilidad empresarial, en estos momentos inmersa en una compleja situación de liquidez.
No es válido que agricultores, industriales, exportadores, compañías dedicadas al turismo y prácticamente todos los ámbitos productivos, por falta de diálogo y decisiones oportunas de las autoridades del BCCR, estén limitando la inversión y el empleo.
La tasa de política monetaria fue exitosa rápidamente cuando creció la inflación al 12 %, pero desgraciadamente comenzó a reducirse muy lentamente, a pesar de 11 meses en que la inflación ha sido negativa, con capitales golondrina, préstamos y aumento de inversiones no identificadas que han propiciado un exceso de dólares que todavía siguen apostando por el premio de invertir en colones para luego pasarse a dólares.
Es cada vez más desesperante la situación financiera de los productores, y se requieren ajustes antes de que sea muy tarde.
La deuda pública se redujo de un 63 % del PIB en el 2022 al 61 % en el 2023, apoyada por la caída del dólar.
El gobierno logró un superávit primario del 2,1 % y del 1,6 % en el 2022 y el 2023, respectivamente, gracias a una política de control del gasto, la subejecución y mayores ingresos gracias al impuesto sobre el valor agregado y otras herramientas de la reforma fiscal.
La gran pregunta es qué sucederá en lo que resta del 2024 si comienza a contraerse la economía debido a los crecientes costos operativos en el sector productivo y la presión de las instituciones, apoyadas por el gobierno, para salirse de la regla fiscal.
El país registró un crecimiento económico significativo en el 2022 y el 2023. El FMI pronostica un 4 % este año, superior a lo previsto por la OCDE para la región, aunque las exportaciones de bienes y servicios y la inversión posiblemente no crecerán al mismo ritmo que el año pasado, debido a la política monetaria y cambiaria.
Es urgente terminar los proyectos de Taras y La Lima, el anillo vial, la ruta 32, la pista del aeropuerto Daniel Oduber y el tramo Barranca-Limonal, y reanudar las obras en la carretera hacia San Carlos y otras para amortiguar parcialmente los innumerables cuellos de botella que tienen paralizado al país.
Las alianzas público-privadas son fundamentales para la competitividad. No debe descartarse usarlas para contar con el tren eléctrico en la Gran Área Metropolitana y el de carga, cuya prefactibilidad está para concluir en el 2026.
El crítico puerto de Caldera, que opera al 100 %, el Incop apenas sacará el cartel de concesión este año, es decir, cuatro años de espera con crecientes costos para los costarricenses.
En telecomunicaciones, es urgente la incorporación de la tecnología 5G. Bien haría el ICE en acelerar la devolución de las bandas del espectro radioeléctrico para lo cual la Superintendencia de Telecomunicaciones debe actuar.
La violencia no cede y se necesitan más recursos humanos, infraestructura, leyes acordes con los derechos humanos y programas para mejorar la situación social de las poblaciones jóvenes más vulnerables, pues la mejor forma de luchar contra el narcotráfico es proveyendo oportunidades educativas y laborales a la población en general.
Otro problema que causa conflictos sociales es la imposibilidad de ser atendido en un centro médico público. Las listas de espera de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) son causa del deterioro sanitario y la necesidad de pagar un diagnóstico o tratamiento en clínicas y hospitales privados provoca desconsuelo y resentimiento.
Pero hay mucho más en qué trabajar. El MAG, el MOPT y el Minae deben reformarse. Lamentablemente, las propuestas hasta ahora no son las adecuadas. Deben reestructurarse para agilizar el trabajo, no para concentrar poder o eximirse de la rendición de cuentas.
Es de esperar que el Congreso apruebe gran parte de las iniciativas del Ejecutivo, pero sin la asesoría de expertos legislativos probablemente no pasen la prueba constitucional.
El referendo es un camino democrático, pero crítico en tiempo y polarizador en una sociedad ya muy dividida. Solo la capacidad de diálogo permitirá al Ejecutivo y al Congreso acuerdos en pro del bienestar del país.
Nuestra Costa Rica exige diálogo en torno a los problemas más urgentes. Hay que fomentar la confianza, la cooperación, el respeto y la capacidad de trabajar juntos.
Las recriminaciones deben quedar atrás, así como culpar a otros de la ingobernabilidad y la corrupción. Tenemos una preocupante agenda social y económica por delante y no se vale seguir retrasándola.
El autor es ingeniero.
