Eric Jacobstein, subsecretario de Estado Adjunto para América Central, es enfático: ‘nadie debe lucrarse a costa de los migrantes vulnerables’
Estados Unidos impuso este miércoles una batería de sanciones a Nicaragua, a la que acusa de hacer negocio con la migración, y emitió una alerta para advertir a las aerolíneas que eviten ser cómplices “en la explotación de migrantes”.
Cuando faltan menos de seis meses para las elecciones presidenciales, el presidente Joe Biden intenta atajar la crisis migratoria desde todos los frentes y Nicaragua es uno de ellos.
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Los migrantes atraviesan cada vez más la región utilizando Managua como punto de desembarque para continuar el viaje hacia el norte por tierra.
Esto llevó al gobierno de Biden a emitir una alerta para notificar a las aerolíneas, operadores de vuelos chárter, agentes de viajes y proveedores de servicios sobre las formas en que las redes de tráfico de migrantes explotan los servicios de transporte para facilitar la migración irregular.
En un comunicado, el Departamento de Estado acusa al mandatario Daniel Ortega y a su esposa y vicepresidenta, Rosario Murillo, de haber ideado “políticas migratorias permisivas” que facilitan que las redes “exploten a los migrantes con fines económicos y fomenten peligrosos viajes irregulares hacia la frontera suroeste de Estados Unidos” con México.
Eric Jacobstein, subsecretario de Estado Adjunto para América Central, fue enfático en la conferencia de la semana anterior en Guatemala, al señalar que el “mensaje es claro: nadie debería lucrar a costa de los migrantes vulnerables; ni los traficantes, ni las empresas privadas, ni los funcionarios públicos, ni los gobiernos”.
“Esto incluye a traficantes, empresas privadas, funcionarios públicos y gobiernos. Seguiremos colaborando con gobiernos dentro y fuera de la región, así como con el sector privado, para eliminar esta práctica explotadora que pone en peligro a los migrantes.
”Estamos especialmente preocupados por las acciones del régimen de Ortega-Murillo en este sentido y continuaremos haciendo todo lo posible para lograr la rendición de cuentas de la administración Ortega-Murillo”, dijo Jacobstein.
Washington publicó una serie de medidas que las aerolíneas deben tomar para evitar ser cómplices.
Les recomienda vigilar las rutas de alto riesgo, dar cuenta de las agencias de viajes que les resulten sospechosas, actuar con prudencia cuando traten con empresas intermediarias opacas y transmitir información anticipada sobre pasajeros.
El gobierno de Ortega es “muy cínico” vendiendo visas “que requieren que las personas salgan en un plazo de 96 horas”, explicó una funcionaria estadounidense que pidió el anonimato en una rueda de prensa telefónica.
“Es un régimen agresor que se beneficia (...) y facilita el tráfico ilícito de migrantes”, añadió, precisando que la medida no está destinada al sector del turismo.
Nicaragua está bajo sanciones estadounidenses por la represión de las protestas de 2018 contra Ortega, en el poder desde 2007. Washington considera fraudulenta su reelección en 2021 y le reprocha una ola de detenciones contra opositores, muchos de los cuales siguen en la cárcel o se vieron obligados a exiliarse y fueron despojados de su nacionalidad.
Este miércoles reforzaron las sanciones.
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) sancionó a COMINTSA y Capital Mining, dos empresas del sector del oro afiliadas al gobierno, “que generan ingresos” para el régimen, afirmó el Departamento del Tesoro en un comunicado.
También impuso sanciones al Centro de Capacitación del Ministerio del Interior de Rusia en Managua (RTC) que brinda cursos especializados para la Policía Nacional de Nicaragua (PNN) y las fuerzas del orden de otros países latinoamericanos, añade.
Este centro “ayuda a mantener el ciclo de opresión” porque la PNN “lleva a cabo ejecuciones extrajudiciales, utiliza munición real contra protestas pacíficas e incluso participa en escuadrones de la muerte”, acusa el gobierno estadounidense, que estima que Nicaragua es uno de los principales socios de Rusia en Centroamérica.
Como resultado de las sanciones, todos los bienes y participaciones en bienes de la sancionada que se encuentren en Estados Unidos o que estén en poder o bajo el control de estadounidenses quedan bloqueados.
Paralelamente, el Departamento de Estado impuso restricciones de visa a más de 250 miembros del gobierno, incluidos policías y paramilitares, agentes penitenciarios, fiscales, jueces y funcionarios de educación superior pública, así como a actores no gubernamentales por apoyar al régimen de Ortega y Murillo.
Los sanciona por “su apoyo a los ataques del régimen Ortega-Murillo a los derechos humanos y las libertades fundamentales y la represión de las organizaciones de la sociedad civil”, informó la portavoz del Consejo de Seguridad Nacional estadounidense, Adrienne Watson, en un comunicado.
Desde noviembre de 2021 el gobierno de Biden restringió la entrada a más de 1.400 funcionarios nicaragüenses.
La relación entre Estados Unidos y Nicaragua se ha tensado especialmente desde las elecciones de 2021, que se celebraron con los rivales del mandatario presos o en el exilio.
Desde entonces Managua ha llevado a cabo una ofensiva contra miles de oenegés y el mundo académico, además de intensificar la persecución de la Iglesia católica.
