Tres de los seis oferentes de la contratación para operar 138 Ebáis en el área metropolitana se quejan de la jefa del Área de Contabilidad de Costos de la CCSS, autora de documento
Seis cooperativas de salud y mandos medios de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) mantienen un pulso por el futuro de los servicios médicos para 600.000 personas en diez áreas de salud del área metropolitana.
Las cooperativas critican actuaciones de Azyhadee Picado Vidaurre, jefa del Área de Contabilidad de Costos de la CCSS.
Ella es la responsable del informe que calificó de excesivo el monto que pretenden cobrar las cooperativas por operar Ebáis y clínicas en las áreas de salud de Barva y San Pablo, en Heredia; Escazú, Santa Ana, San Francisco, Carpio-Leon XIII, San Sebastián-Paso Ancho, Pavas, Desamparados II y Tibás, en San José
El pasado 9 de mayo, La Nación publicó que el análisis emitido por Picado declaró que existe un aumento “excesivo” en el precio de las ofertas presentadas por las cooperativas en el proceso de contratación.
Según el escrito de la funcionaria, la Caja pagó en promedio ¢29.200 millones por año en los últimos cuatro años por la administración de los centros médicos ubicados en esas diez áreas de salud. Ese monto incluyó mano de obra, materiales y suministros, gastos indirectos, alquileres y utilidades.
Sin embargo, advirtió, la factura anual promedio subiría a ¢53.300 millones por año, aproximadamente, si se adjudica el concurso en desarrollo. Para ella, el aumento se produce sin que exista una mejoría en el servicio, en el alcance o en algún otro aspecto.
Las cooperativas refutan las afirmaciones de la jefa del Área de Contabilidad de Costos.
Es el caso de Óscar Abellán, gerente de Coopesiba, a cargo de las áreas de salud de Barva y San Pablo, en Heredia, para quien el informe es absurdo.
De acuerdo con el representante, Picado expresó en el documento que el salario de cada uno de los trabajadores contratados por Coopesiba debe ser menor a los pagados por la Caja para cada puesto, pero lo correcto, añadió, debería ser que la sumatoria de todas las remuneraciones no exceda el desembolso que hace la entidad en un área de salud de las mismas características que Barva o San Pablo.
“Solo en el caso de Barva, cuando uno compara los salarios totales que, según ella paga la Caja, que no sabemos de dónde los saca, el rubro de salarios de Coopesiba es ¢19 millones menos por mes”, comentó Abellán.
También cuestionó que Picado señala presuntas deficiencias en el cartel de licitación cuando desde meses atrás se superó la etapa de objeciones.
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“Esta señora (Picado) confunde el análisis de razonabilidad del precio con el equilibrio económico del contrato, que son dos cosas completamente distintas”, enfatizó Abellán.
La Nación solicitó desde la semana pasada una entrevista con Picado para conocer su versión sobre este asunto, pero no ha dado respuesta. Este martes 14 de mayo se reiteró la petición ante la oficina de prensa y contestaron que darán seguimiento a la solicitud.
No solo Coopesiba tiene quejas sobre el trabajo de la jefa de Área de Contabilidad de Costos de la CCSS.
Los representantes de Coopesalud, administrador de los centros médicos de las Áreas de Salud de Pavas y Desamparados 2, y Coopesana, operador de las Áreas de Salud de Santa Ana, Tres Ríos y Escazú, también tienen reclamos.
Alberto Ferrero, gerente de Coopesalud, aseveró que el estudio de razonabilidad de precios elaborado por el Área de Contabilidad de Costos, es sesgado y podría provocar la nulidad del proceso de contratación.
“Es un estudio que pretende determinar cuál sería el costo institucional de prestar los servicios, pero no toma en cuenta las especificaciones del pliego de condiciones y si no se conocen esos términos es imposible determinar cuánto le costaría a la institución prestar esos servicios”, afirmó Ferrero.
Agregó que, por ejemplo, Picado no toma en cuenta que la jornada semanal de los servicios pasa de 44 a 48 horas, la sustitución de personal por incapacidades, vacaciones u otros. Tampoco valoró el costo que tiene la Caja por el sistema de pago bisemanal, cosa que no sucede con los funcionarios de las cooperativas y el valor de una serie de pruebas de laboratorio que empezarían a realizarse en áreas de salud para descongestionar los hospitales.
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Ante esas inconformidades, Coopesalud presentó una impugnación contra el estudio de razonabilidad de precios y solicitó que se separe a Picado del proceso de contratación.
Por último, Ferrero expresó dudas sobre la metodología empleada por el Área de Contabilidad de Costos para realizar su análisis.
Luis Beirute, gerente general de Coopesana R.L., también criticó el criterio emitido por Picado. “El pliego de condiciones no fue tomado en cuenta, por ejemplo, en la cantidad de personal con respecto a los contratos actuales, eso fue omitido”.
El pasado 11 de mayo, la Caja Costarricense de Seguro Social aplazó la decisión de adjudicar la administración de 138 Ebáis que están en manos de cooperativas de salud y esperará el informe de un grupo independiente que analizará las condiciones.
“Existen dudas fundamentadas sobre la validez financiera del estudio de razonabilidad de precios presentado por la Junta de Adquisiciones del procedimiento de compras ‘Servicios de primer nivel de atención en salud de diez áreas de atención en salud en la CCSS’”, señaló una moción analizada por la Junta Directiva de la entidad.
Los proponentes de la moción subrayaron la necesidad de que los procesos de contratación pública se hagan conforme a los principios legales. Añadió que es necesario racionalizar la toma de decisiones y debe fundamentarse en información precisa y verificable.
