Acuerdo que ordena intervención suspende a miembros del Consejo de Administración, gerente y subgerentes de la cooperativa, y prohíbe suscribir nuevas operaciones de crédito o dar nuevas prórrogas
El Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero (Conassif) acordó suspender a los miembros de la alta dirección de Coopeservidores, también conocida como CS Ahorro y Crédito, y prohibió nuevas prórrogas en las operaciones de crédito vencidas.
Así consta en el acuerdo que ordena la intervención financiera de Coopeservidores, aprobado por el Consejo, de forma unánime, el lunes 13 de mayo. Marco Hernández Ávila, interventor designado para el procedimiento, confirmó la toma de posesión de la entidad, el martes 14.
El Conassif determinó la suspensión de sus cargos a todos los miembros del Consejo de Administración y de los comités de apoyo, así como al gerente, subgerentes y cualquier otro apoderado de la entidad, independientemente de lo que el interventor decida sobre la continuidad de algunos de ellos.
La suspensión de la alta dirección de la cooperativa está vigente desde el lunes 13 de mayo, según el documento del Conassif, del cual tiene copia La Nación. Hernández Ávila confirmó el martes 14 que la entidad también suspendió la mayoría de servicios de cara al público.
Interventor toma control de Coopeservidores y congela ¢510.000 millones en ahorros
Según un comunicado enviado por Conassif, este miércoles 15 de mayo, los clientes no pueden usar las tarjetas de débito y crédito emitidas por la entidad porque están inhabilitadas. Tampoco es posible hacer transferencias por Sinpe Móvil, pues implica un retiro de dinero.
“Si una cuenta recibe una transferencia de dinero, estos recursos no estarán a disposición del dueño de la cuenta, ya que estos recursos están inmovilizados”, explicó el Conassif, quien añadió que la plataforma de Internet también está inhabilitada para todo tipo de transacciones.
Como parte del proceso de intervención de la cooperativa, el Conassif también ordenó medidas “por motivos de urgencia” en relación con la operación de la entidad financiera, según el documento del acuerdo.
El artículo 139 bis de la Ley Orgánica del Banco Central de Costa Rica (BCCR) faculta al Consejo a tomar medidas por motivos de urgencia en los procesos de intervención, incluso antes de que se apruebe un posible plan de regularización financiera.
El Conassif prohibió la suscripción de nuevas operaciones de crédito o el otorgamiento de prórrogas a las operaciones vencidas. Justamente en marzo anterior, La Nación publicó que la entidad se vio obligada a hacer un ajuste en el resultado financiero del 2023, para reflejar una pérdida por ¢26.975 millones a raíz del deterioro de varias operaciones de crédito.
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Es importante destacar que el interventor manifestó que las personas que tengan alguna obligación con la entidad deben seguir cancelando sus créditos por los medios usuales. Las cuentas de los depositantes sí están congeladas.
El Conassif indicó que la disponibilidad definitiva de los recursos de los depositantes dependerá de la situación de la entidad. Añadió que no se analizan casos aislados en la intervención, por lo que no se recomienda a los ahorrantes o inversionistas asistir personalmente a las oficinas de la entidad hasta tener conclusiones del proceso.
El Consejo también prohibió la distribución de excedentes o de cualquier otro tipo de beneficios similares a los asociados, así como la distribución de beneficios, bonos, incentivos u otro tipo de compensaciones a los funcionarios o empleados de la entidad.
Con la aprobación de la intervención, el Conassif faculta al interventor titular y a la adjunta a reorganizar la entidad, lo que incluye la separación temporal o definitiva de cualquier funcionario o empleado de la cooperativa.
Hernández Ávila fue designado como interventor y Lillieth Brenes Zúñiga fue elegida como interventora adjunta. Con la aprobación del acuerdo del Conassif, la representación legal de la entidad estará a cargo de ambos.
La decisión de intervenir Coopeservidores la tomó el Conassif después de una recomendación hecha por la Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef), al considerar que la administración actual de esta entidad financiera “pone en peligro su seguridad y solvencia”.
En relación con el pago de obligaciones, el Conassif acordó la suspensión o limitación de los giros, de manera que los interventores puedan hacer el pago de las obligaciones que, a su juicio, corresponda atender, a fin de mantener las funciones críticas de la entidad.
El Consejo también indicó que mientras dure el proceso que enfrenta la cooperativa, sus bienes no podrán ser embargados, incluidos aquellos que estén garantizando las obligaciones de pago que hayan sido suspendidas.
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Los bienes tampoco podrán ser rematados ni podrá declararse algún procedimiento concursal en su contra. De igual manera, el Conassif instruyó a los interventores para que convoquen de inmediato a asambleas de asociados, a fin de que estos propongan aumentos de capital.
CS Ahorro y Crédito es la cuarta cooperativa más importante del sistema financiero nacional. Hasta marzo anterior, reportó un activo total por ¢743.200 millones, superada solo por Coopenae, Coope Ande N.° 1 y Coopealianza.
En relación con las obligaciones con el público, las cuales incluyen los depósitos a la vista, a plazo y el pago de intereses, el monto a marzo de 2024 ascendía a ¢509.884 millones. Del total, ¢471.684 millones estaban a plazo y ¢22.636 millones eran a la vista; el resto correspondía a cargos financieros.
