Informe de Contraloría revela que sobrepagos que representan un 56% más de los ¢3.875 millones que se pagaron de más en el 2022
El Ministerio de Educación Pública (MEP) pagó ¢6.046 millones de más en salarios en 2023, de acuerdo con el informe de auditoría sobre la Liquidación del Presupuesto a cargo del MEP presentado por la Contraloría General de la República (CGR).
Este monto representó un incremento del 56% con relación al año anterior, advirtió el órgano contralor. En el 2022, el MEP sobrepagó posibles sumas por ¢3.875 millones.
“Al 31 de diciembre de 2023, persisten debilidades relativas a la prevención e identificación oportuna de sobrepagos salariales, lo cual se refleja en el monto de posibles sumas giradas de más de al menos ¢6.046 millones”, detalla el informe en el apartado Sumas giradas de más al personal por concepto de salarios y a otros acreedores.
La Contraloría habla de “posibles sumas” porque mantiene expectativas de que se recupere el dinero.
Según explicó la CGR, se encuentra pendiente la elaboración de estudios técnicos por parte de la Unidad de Gestión de Cobro Administrativo del Ministerio para determinar las acciones de recuperación del dinero que correspondan.
MEP dejará de rebajar sumas pagadas de más a docentes
La Nación solicitó información al MEP sobre las acciones para la recuperación de las sumas pagadas de más y si trabajan en alguna medida para evitar los sobrepagos recurrentes, entre otras consultas.
La oficina de prensa respondió que estaban coordinando la solicitud y que en cuanto tuvieran la información la compartirían, sin embargo, al cierre de esta nota, no había sido enviada.
Una de las causas de sobrepago más importante es la inhabilitación del Sistema INTEGRA 2 (plataforma con el historial de docentes y administrativos del MEP) para la ejecución de pruebas y ajustes relacionados con la implementación de la Ley Marco de Empleo Público. Esto generó registros tardíos de movimiento de personal.
Asimismo, se presentaron sobrepagos por registros erróneos o extemporáneos, lo que quiere decir que se realizaron pagos a fallecidos o a personas funcionarias inactivas, así como desfases en el registro de incapacidades.
“Otra de las causas del citado incremento corresponde a que en el pago de los salarios de la primera quincena de julio de 2023 se generaron acreditaciones que no corresponden a 4.994 personas funcionarias por un monto aproximado de ¢2.194 millones”, explica la auditoría.
El informe añade que según la Dirección de Tecnologías de Información y Comunicación del Ministerio de Hacienda, en el proceso de implementación de ajustes al Sistema INTEGRA 2 para la nominalización del incentivo para el desarrollo de la docencia, se generaron de forma improcedente planillas retroactivas de periodos fiscales vencidos.
Otra posible razón, es que el MEP no ha finalizado el proceso de determinación de las sumas giradas de más producidas por el ciberataque que afectó la disponibilidad del Sistema INTEGRA 2 en el año 2022, lo cual afecta la razonabilidad del saldo devengado por concepto de salario escolar del período 2023.
El informe también precisa que el MEP giró de más ¢1 millón en la partida de Transferencias Corrientes a 11 Juntas Educativas que se encontraban cerradas debido a que no registraron matrícula de estudiantes. Luego de varias gestiones, el Ministerio recuperó estas acreditaciones.
De igual manera, el Instituto de Desarrollo Profesional Uladislao Gámez Solano desembolsó ¢8 millones de más en la subpartida de Bienes Intangibles, esto por concepto de pago de proveedores, según detalla la auditoría. Al respecto, el Instituto recuperó el monto pagado de más.
El Informe de Auditoría sobre la Liquidación del Presupuesto a cargo del MEP correspondiente al ejercicio económico 2023 también contó con la categoría Pagos improcedentes de ampliaciones de jornada y recargos de funciones. En esta se informa que en el 2023 se pagaron ¢745 millones de manera improcedente.
Lo que hizo improcedente estos pagos fue que el periodo establecido para el reconocimiento de los incentivos laborales es durante el curso lectivo, lo que quiere decir que el pago debe aplicarse cuando las clases estén activas y los funcionarios se encuentren ejecutando las labores de recargo o la ampliación de jornada en los centros educativos.
Los ¢745 millones fueron desembolsados en fechas en las que el curso lectivo 2023 había finalizado, explicó la oficina de prensa de la Contraloría General de la República. Esta cantidad no está incluida dentro de los ¢6.046 millones de sobrepagos.
