Los sectores mejor informados conocen de antemano las respuestas del MEP a las preguntas enviadas por la Defensoría para aquilatar las condiciones del sistema educativo.
La Defensoría de los Habitantes planteó ocho consultas a la ministra de Educación, Anna Katharina Müller Castro, para conocer el avance de la acción gubernamental frente a igual número de deficiencias clave del sistema educativo. La Defensoría y los sectores mejor informados conocen las respuestas por anticipado, por lo menos en buena parte. Esa circunstancia no hace del cuestionario un ejercicio superfluo.
Por el contrario, las preguntas constituyen un acicate para encarar los problemas mediante la rendición de cuentas. Por ejemplo, la Defensoría pregunta si la reforma curricular y la Ruta de la Educación cuentan con aprobación oficial. La interrogante es una invitación a explicar el contenido del plan maestro anunciado al comienzo de la administración y las características del nuevo programa de estudios.
No obstante, la propia ministra Anna Katharina Müller explicó, el año pasado en la Asamblea Legislativa, que “la ruta es un proceso vivo, la ruta no es ningún documento, no es un plan, no es un plan operativo. Es un proceso vivo”. Así definida, la “ruta” siempre contó con aprobación oficial, aunque poco se sabe de su contenido. La reforma curricular ofrecería algunas pistas, pero de ella tampoco hay noticias.
La pregunta de la Defensoría podría contribuir a revivir el debate sobre la conveniencia de confiar el futuro de la educación pública a un indefinido “proceso vivo” en lugar de un plan documentado para alinear a todos los involucrados con una serie de métodos y objetivos claros. La Defensoría sabe, por las declaraciones de la propia ministra, que no debe esperar esto último, pero vale la pena insistir.
También es conocido el recorte presupuestario de este año y, si los fondos disminuyeron, preguntar por una posible negociación del Ministerio de Educación Pública (MEP) para lograr un presupuesto extraordinario conforme con el artículo 78 de la Constitución Política, según el cual el gasto en educación no debe ser inferior al 8% del producto interno bruto, es formular otra interrogante con respuesta conocida de antemano.
La norma constitucional nunca se ha cumplido, dada la situación de las finanzas públicas. Pretender en este momento de reducción del gasto una negociación para llegar al 8% del PIB es iluso, pero el cuestionamiento vale para saber hasta dónde hay en el MEP preocupación por el deterioro financiero, o si simplemente existe aceptación, como sucedió cuando el Ministerio de Hacienda planteó recortar el presupuesto de varios programas de ese despacho para destinar ¢3.200 millones a Seguridad Pública.
La Defensoría también preguntó por las medidas tomadas para ampliar el número de escuelas con el currículo completo en la educación primaria, si hay planes para abrir nuevos colegios técnicos o profesionales, las gestiones realizadas para contratar en propiedad las plazas de docentes y acreditar la idoneidad de los contratados.
Los avances de la universalización del segundo idioma, la base de datos para determinar las condiciones de la infraestructura educativa, el presupuesto para hacer los arreglos necesarios y su ejecución tampoco son preguntas fáciles de contestar para el Ministerio. Lo mismo se puede decir del avance de la coordinación con el Ministerio de Ciencia, Innovación, Tecnología y Telecomunicaciones para emplear los $197 millones destinados a cerrar la brecha digital hasta donde sea posible.
Las preguntas constituyen, más bien, una enumeración de los reclamos formulados una y otra vez al MEP en diversos escenarios. Hay otros de gran importancia, como la marginación de los expertos externos, en particular de las universidades públicas, en los procesos de revisión y planeación, en particular la evaluación de resultados. Si el MEP contesta con franqueza, habrá aprobado el examen, por lo menos, en cuanto a sinceridad.
