Empresa dice que reparación de la pista podía hacerse en menor tiempo, a menor costo y sin cerrar el aeropuerto
El dueño de la constructora Pedregal, Rafael Zamora, aseguró la noche de este lunes ante los diputados de la Comisión legislativa de Infraestructura, que el exministro de Obras Públicas y Transportes, Luis Amador; el presidente de la Comisión Nacional de Emergencias, Alejandro Picado, y la Dirección de Aviación Civil, rechazaron una propuesta de ingeniería de valor que habría significado un ahorro de $17 millones en la intervención de la pista de aterrizaje del aeropuerto Daniel Oduber Quirós, en Liberia.
Zamora, quien representa a la empresa que quedó en segundo lugar en el proceso para atender vía emergencia la pista aérea, afirmó que incluso antes de que se lanzara el cartel de licitación, presentó a Amador una propuesta que consistía en construir una calle de rodaje paralela a la pista, la cual podría ser utilizada mientras se intervenía la pista principal y así no había necesidad de cerrar la operación del aeropuerto ni limitar las obras solo al horario nocturno, como ocurre actualmente.
Según Zamora, esa vez la respuesta del entonces ministro fue que no, porque se tenía que hacer de la forma que lo habían determinado en el decreto de emergencia, sin dar explicaciones. El monto de esa alternativa no fue estimado por el dueño de Pedregal, aunque reconoció que esta sí era más costosa por tratarse de una nueva pista, aunque implicaba una obra superior.
Posteriormente, el 27 de setiembre, dijo Zamora, él presentó una segunda propuesta de ingeniería de valor en la que se contemplaba la construcción de 500 metros de pista en la cabecera oeste del aeropuerto. Ese tramo, dijo, cumpliría con todas las especificaciones técnicas para soportar aviones de gran tamaño y así se evitaría el impacto de las aeronaves en la zona que hoy presenta los daños.
Esa alternativa, que además contemplaba las soluciones de manejo de aguas en la parte afectada y construcción de marginales, entre otras obras; permitía trabajar 24/7, lo que reducía los costos de operación y costaría $17 millones, es decir, $23 millones menos que el monto por el cual finalmente se adjudicó la intervención a la constructora MECO.
Según Zamora, una vez más, la respuesta del ministro fue negativa, además dijo, recibieron una nota de la Dirección de Aviación Civil en la que se les indicaba que se daba por recibida la propuesta y se les invitaba a participar en el proceso licitatorio para la contratación de emergencia.
Al ser consultado por la participación del actual presidente de la CNE en la toma de esas decisiones, el empresario sostuvo que tanto Picado como Amador estaban de acuerdo en lo que se decidía.
Asimismo, dijo que al ser cuestionado sobre las razones para no tomar en consideración estas alternativas, el exjerarca le indicó que así ya estaba definitivo y argumentó que la intervención era urgente.
Zamora explicó que la propuesta contemplada en la contratación que se licitó resulta mucho más costosa por la gran cantidad de equipo que se debe tener en el sitio, pues al tener solo la posibilidad de trabajar por las noches, debe haber maquinaria extra para evitar atrasos o paralizaciones de los trabajos en caso de que alguna falle.
El dueño de Pedregal también confirmó que fue el Ministerio de la Presidencia el que solicitó la mejora de precios en las ofertas, una vez que estas fueron presentadas, situación que reconoció como “inusual”.
Luego de la intervención del representante de esa constructora, también compareció ante los diputados de la Comisión el presidente de MECO, José Alfredo Sánchez.
Los diputados interpelaron a Sánchez, respecto a las declaraciones que dio el presidente Rodrigo Chaves en marzo anterior, cuando anunció el despido de Luis Amador, por supuestamente haber hecho un “traje a la medida” en el cartel licitatorio del proceso que al final se adjudicó a esa empresa.
Este lunes, Sánchez insistió en que no participó en la elaboración del pliego de condiciones, ni tuvo contacto con ningún funcionario del MOPT o la CNE antes de la publicación del cartel en el Sistema Integrado de Compras Públicas (Sicop).
“Cualquier insinuación de que el proceso fuera a la medida carece de fundamento”, dijo.
Sánchez también defendió el requisito de experiencia establecido en el cartel e insistió en que incluso debió ser superior, pues no es lo mismo intervenir un aeródromo local que uno internacional, manteniendo su operación abierta.
La investigación que lleva a cabo el foro de Infraestructura, busca dilucidar las presuntas irregularidades que mediaron en la contratación para intervenir la pista de aterrizaje mediante un decreto de emergencia con el fin de atender los daños ocasionados por la tormenta tropical Bonnie.
Varios de los funcionarios que han acudido hasta ahora, han insistido en que el daño en la pista era anterior a ese desastre natural, por lo que no se justificaba ese mecanismo. La reparación de la pista por ¢21.800 millones fue encargada a MECO, a pesar de que esta no era la oferta más barata.
