En enero pasado, el expresidente ejecutivo de la CCSS Álvaro Ramos solicitó que se le dijera cuánto dinero había recibido de más y cómo devolverlo.
El pasado 9 de enero, el expresidente ejecutivo de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), Álvaro Ramos Chaves envió una carta a la Junta Directiva de la institución para que se le indicara cuánto dinero había recibido de más en su salario durante los cuatro meses que estuvo en su gestión y cómo podía devolverlo.
En su misiva, Ramos manifestó que se enteró por medio de la prensa de la resolución de la Contraloría General de la República (CGR) en la que se determinó que la remuneración del jerarca de la CCSS infringe el artículo 42 de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas. Dicha norma establece que la remuneración no debe superar el equivalente a 20 salarios base de la categoría más baja de la escala de sueldos, es decir, ¢5,5 millones mensuales, aproximadamente. No obstante, Ramos recibió una remuneración de ¢7,1 millones por mes.
Han pasado cuatro meses desde entonces y el exjerarca no ha obtenido respuesta sobre cuánto deberá devolver por los salarios recibidos entre del 8 de mayo y el 19 de setiembre del 2022. La junta directiva de la institución lo vio como punto de agenda recién este sábado 11 de mayo. Y el acuerdo tomado indica que deberá esperar más.
Martha Rodríguez González, representante de los trabajadores ante la Junta, sugirió que se le pidiera un criterio a la Dirección Jurídica de la Caja, pues eso mismo se hizo cuando se presentó el caso del salario de la presidenta ejecutiva actual, Marta Esquivel Rodríguez.
“Yo quisiera que en este caso también tuviéramos un criterio de la Dirección Jurídica en virtud de que la Dirección Jurídica nos había emitido un criterio con respecto a doña Marta de que había un derecho subjetivo que podía estarse afectando y por eso se acordó un proceso de lesividad. Es utilizar las mismas reglas para ambas personas”, comentó.
Los directivos acordaron enviar la consulta y dar un plazo de tres semanas para obtener la respuesta.
“Conocido el oficio 648689-2024, de fecha 9 de enero de 2024, suscrito por el señor Álvaro Ramos se acuerda: remitir el oficio a la Dirección Jurídica y solicitar un criterio jurídico a dicha instancia en el plazo máximo de tres semanas”, cita el acuerdo.
Esquivel se abstuvo de esta discusión, por enfrentar la misma situación. El resto de los miembros votaron de manera afirmativa.
Consultado por La Nación, Ramos indicó que se habían tardado mucho para responder a una solicitud muy concreta “y que uno pensaría es muy simple administrativamente”.
“Me sometí voluntariamente al criterio de la CGR y se tardaron meses. Imagínese si se me hubiera ocurrido cuestionarlo de alguna manera”.
Ramos esperará la notificación de la CCSS para saber cómo proceder. Una respuesta que, si se toma las tres semanas, llegaría cerca de cinco meses después de su solicitud inicial.
“Lo único que necesito es el cálculo y procedo a devolver lo que corresponde. Por dicha la gestión ya está caminando”, concluyó.
