Pese a que la CCSS le cobró ¢84.000 millones por la atención de personas en pobreza, el gobierno no le transfirió recursos en todo el 2023 para ese rubro; alega que la Caja estuvo de acuerdo con frenar los pagos mientras se depuran los datos.
El Gobierno suspendió los pagos que debe hacer a la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) para cubrir la atención médica de las personas en condición de pobreza o de pobreza extrema.
Durante todo el 2023, el Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares (Fodesaf) no transfirió recursos por este concepto, a pesar de que la CCSS le emitió facturas por un total de ¢84.089 millones correspondientes a los servicios de salud brindados a la población bajo el programa Asegurados por Cuenta del Estado (ACE).
Así lo indicó la Contraloría General de la República en un informe de auditoría sobre la liquidación del presupuesto a cargo del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), al cual está adscrito el Fodesaf.
Luis Alberto Ávalos Rodríguez, director de la Dirección General de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares (Desaf), respondió ante consultas de La Nación que la suspensión se debe a un acuerdo entre el Ministerio de Trabajo y la CCSS. Esto, agregó, mientras la CCSS depura sus bases de datos para verificar que la población cubierta cumple con los requisitos definidos en el programa.
Para acceder al aseguramiento por el Estado, las personas deben estar bajo “indigencia médica”, según el artículo 10 del reglamento del programa. Esto significa que el núcleo familiar no puede satisfacer sus necesidades básicas, de alimentación, vestuario, vivienda y salud.
El beneficio también se extiende a familias que tienen un ingreso igual o superior al salario mínimo más bajo, o que este resulte insuficiente para satisfacer las necesidades básicas. En síntesis, el programa está destinado a personas sin capacidad de pago y que no estén cubiertas por algún otro régimen de aseguramiento de la CCSS. No pueden acceder, por ejemplo, quienes reciban un salario regular y estable.
De acuerdo con la Contraloría General, en el 2023, Fodesaf disponía de ¢36.715 millones para pagar a la CCSS por los asegurados por cuenta del Estado. Sin embargo, la partida sufrió modificaciones presupuestarias que la redujeron hasta a los ¢2.715 millones, los cuales tampoco fueron transferidos.
La Contraloría explicó que, según el gobierno, la CCSS no atendió los requerimientos de control establecidos por la Desaf. El informe de auditoría añade que el Ministerio de Trabajo está en desacuerdo con los criterios aplicados por la CCSS sobre el concepto de “indigencia médica”.
No obstante, la Contraloría recordó que cualquier diferencia sobre la definición de “indigencia médica” quedó zanjada por la Procuraduría General de la República (PGR) el 18 de noviembre del 2021, cuando evacuó una consulta de la entonces ministra de Trabajo, Silvia Lara Povedano.
En el criterio PGR-C-311-2021, la Procuraduría aclaró que Fodesaf debe financiar los costos de aseguramiento de las personas que se encuentren en “indigencia médica”, según lo define el artículo 10 del reglamento: “Siempre que esas personas estén en una situación de pobreza o de pobreza extrema”.
La Procuraduría aclaró a La Nación que sus dictámenes “son de acatamiento obligatorio para la Administración consultante, y constituyen jurisprudencia administrativa para todos los demás órganos de la Administración Pública”, aunque haya cambiado el jerarca.
La Contraloría advirtió de que el impago de las facturas incide en el cálculo del déficit financiero del Gobierno Central e incrementa la deuda con la CCSS. El saldo a diciembre de 2023 asciende a ¢3,6 billones, de los cuales ¢567.010 millones corresponden al principal e intereses de pagos pendiente por Asegurados por Cuenta del Estado.
El gobierno también ha incrementado su deuda en cuanto al pago de las cuotas para las pensiones de los trabajadores.
De acuerdo con la Encuesta Nacional de Hogares 2023, el nivel de pobreza alcanzó a un 21,8% de la población, lo cual equivale a 390.000 hogares en situación de pobreza. De ellos, 6,3% viven en pobreza extrema (113.000).
“Entonces, ¿es un acuerdo entre la CCSS y el Ministerio de Trabajo no pagar estas facturas hasta que se haga la depuración?”, se le repreguntó a Luis Alberto Ávalos, director de la Dirección General de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares (Desaf).
“Correcto. Obviamente, lo que a nosotros nos interesa es que los recursos sean bien distribuidos y, para eso, tenemos que saber qué es lo que nosotros estamos pagando.
“También, a la CCSS le interesa saber que lo que está cobrando sea lo que corresponde. Entonces, esa es la relevancia de que vayamos en conjunto y podamos definir exactamente cuáles son esas personas que tienen que entrar en el programa de cuenta del Estado”, contestó. Indicó que es un proceso que se viene desarrollando desde que él asumió la dirección de la Desaf, en junio del 2022.
Desde el martes 7 de mayo, La Nación envió consultas a la oficina de Prensa de la CCSS sobre esta situación, por medio de sus respectivos correos electrónicos, sin que se obtuviera respuesta a las preguntas.
De acuerdo con Ávalos, como parte del proceso de revisión, la CCSS también se ha percatado de que algunos datos no son precisos y que hay ciertas personas que ya están incluidas en otros programas sociales, lo que podría representar una duplicidad de beneficios.
El viceministro de Trabajo del área social, Juan Manuel Cordero González, agregó que una persona que está cubierta por el Régimen No Contributivo (RNC), de pensiones para pobres, no debería estar incluida en el programa de Asegurados por Cuenta del Estado.
En cuanto a lo prolongado del proceso de depuración, Ávalos explicó que influyó el cambio en las gerencias de la CCSS y de otro personal estratégico de la institución. “Sí vemos un avance que nos permite tener noción de que vamos a llegar a buen puerto en corto plazo”, agregó sin precisar un tiempo estimado.
El viceministro Juan Manuel Cordero González defendió la depuración de la base de datos como una necesidad para que el Estado tenga claridad de cuántos y cuáles de sus ciudadanos viven en “indigencia médica”.
Argumentó que el gobierno no solo debe cubrir los servicios de salud, sino también los de vivienda, por ejemplo. También mencionó que la Desaf tiene la responsabilidad de fiscalizar la inversión social que se realiza con los recursos del fondo.
“Ese monitoreo de evaluación de los programas te permite a vos tener mejoras. No es cerrar, jamás, porque yo creo que la oferta del Estado es muy robusta. Tampoco es entorpecer la mecánica del programa, sino mejorarla”, aseveró.
