Los políticos no ganan una. La fiscal provincial Sara del Carmen Francia Cabrera decidió adecuar la investigación al congresista José Luna Gálvez, fundador del partido político Juntos por el Perú y de la universidad Telesup, a la nueva ley 32108 de crimen organizado.
Este es el segundo caso emblemático en que la fiscalía se adelanta a implementar la reforma penal realizada por el Congreso, sin esperar un pedido de los abogados defensores o una decisión del Poder Judicial.
El primer caso conocido de implementación de la reforma del Código Procesal Penal fue el de la fiscal suprema Delia Espinoza en la investigación a la ex fiscal de la Nación, Patricia Benavides en el caso "La fiscal y su cúpula".
La decisión de la fiscal Francia Cabrera se conoció este jueves al iniciar la audiencia programada por el juez de investigación preparatoria Jorge Chávez Tamariz para evaluar un recurso de ‘excepción de improcedencia de acción’ presentado por los abogados de Luna Gálvez.
Los abogados del congresista plantean que los presuntos actos ilícitos que se le atribuyen dejaron de ser delito, con la modificación del artículo 317 que introdujo la ley 32108, promulgada el 9 de agosto último.
La fiscal Francia Cabrera, de la Primera Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada contra la Criminalidad Organizada – Equipo 03, considera todo lo contrario.
La nueva Ley, dice, afianza la hipótesis sobre la existencia de una organización criminal al interior del partido político Podemos Perú, que busca beneficios económicos en la función pública.
Por esto, la fiscalía no habla de adecuación del tipo penal, sino de precisión de los cargos penales y “los elementos estructurales” a las características que definen la nueva ley del Congreso sobre crimen organizado.
Pero, eso no es todo. Según trascendió, la fiscal asume los criterios expuestos por el juez Chávez Tamariz en la resolución que dictó el martes, 27 de agosto último, en el caso “Los Dinámicos del Centro”, respecto de los hermanos Vladimir y Waldemar Cerrón Rojas.
En especial, a lo referido al control por parte de una organización criminal “de la cadena de valor de mercado o mercado ilegal”, que la modificación legal del Congreso no define.
La convención de las Naciones Unidas contra el crimen organizado, suscrito en la ciudad de Palermo-Italia el año 2000, vigente en el Perú desde el 2002, define que una organización criminal es capaz de crear, en cualquier momento y lugar, un mercado ilícito, a partir de quebrar la ley para tener un beneficio económico.
Es decir, un mercado ilícito y la cadena de valor de un mercado ilícito no siempre es marginal, como parece que consideraron que los congresistas que impulsaron la reforma del Código Procesal Penal.
Para el presente caso, de acuerdo con la fiscalía, el mercado ilícito sería el registro y actividad de los partidos políticos, a través de quebrantar la Ley electoral sobre inscripción y registro de partidos políticos, el sistema democrático y la separación de poderes.
La fiscalía atribuye al congresista Luna Gálvez y otras 16 personas, haber infiltrado el desaparecido Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) con el objetivo de copar la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) para lograr la inscripción del partido político “Podemos por el Progreso del Perú”, hoy “Podemos Perú”.
El beneficio económico lo obtendrán a partir de las actividades del referido partido en la función pública, sea en el Congreso o el Poder Ejecutivo o en instituciones autónomas. Un concepto que el juez Chávez Tamariz consideró en su resolución que necesita un desarrollo jurisprudencial.
Además, de Luna Gálvez la adecuación de los cargos alcanza a otras 17 personas.
Entre ellos a su hijo José Luna Morales, el secretario de organización de Podemos Perú, Luis Navarrete Santillan, el operador político José Luis Cavassa Roncalla, el ex jefe de ONPE, Adolfo Castillo Meza.
Igualmente, al abogado Óscar Nieves Vela (ex asesor legal de la presidenta Dina Boluarte y su hermano Nicanor, implicados en el caso Los Waykis en la Sombra), y a los ex integrantes del desaparecido CNM: Guido Águila, Iván Noguera y Julio Gutiérrez.
La decisión sorprendió a los abogados de Luna Gálvez. El abogado Romel Macedo Garnica informó al juez que recién fue notificado de la decisión de la fiscalía, el miércoles 28 de agosto a las cinco de la tarde.
Por ese motivo, Macedo Garnica presentó una ampliación de su recurso y pidió la postergación de la audiencia, a fin de incluir en sus alegatos los nuevos elementos introducidos por la fiscalía, en especial, dijo, todo el desarrollo del concepto de mercado ilícito dentro de la función pública.
La fiscal Francia explicó que en la resolución notificada no se estaban agregando nuevos elementos o hechos desconocidos por la defensa, solo precisando conceptos que ya estaban presentes desde el inicio de la investigación preparatoria.
El juez decidió acceder a la postergación de la audiencia. Además, a fin de no afectar el derecho de defensa teniendo en cuenta que los abogados habituales de Luna Gálvez, los juristas Mateo Castañeda y Eduardo Barriga participan en la audiencia de prisión preventiva, en el caso 'Los Waykis en la sombra'.
La audiencia se postergó para el lunes 23 de septiembre, a las 11 de la mañana. Chávez Tamariz informó que toda su agenda estaba ocupada pues debe ver audiencias de los procesos a Susana Villarán, Pedro Pablo Kuczynski, César Villanueva, Edwin Oviedo Pichotito, los Cuellos Blancos del Puerto, entre otros.
