Titular de la Corte Suprema se manifestó luego del anuncio del Ministerio Público sobre recusar al magistrado, quien se encuentra a cargo de los casos de las hermanas Patricia y Enma Benavides.
Desde la ciudad de Chiclayo, el presidente del Poder Judicial, Javier Arévalo, se pronunció tras el comunicado que emitió en redes sociales el Ministerio Público, hace unos días, sobre la recusación que formuló contra el juez Juan Carlos Checkley, a fin de que sea apartado de caso de la suspendida fiscal de la Nación, Patricia Benavides.
En ese sentido, el titular de la Corte Suprema indicó que retornará a Lima y conversará con el magistrado para que le pueda brindar mayores detalles del tema. No obstante, resaltó que no opinará acerca del anuncio de la Fiscalía y respetará la independencia del juez supremo de investigación preparatoria.
"Yo no opino. Voy a conversar con el juez Checkley, que me ponga en autos, pero nada más. Él es totalmente independiente de decidir. Él no va a decidir por lo que yo le digo, él decidirá lo que le corresponde según su independencia judicial", informó a los medios locales.
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El 16 de mayo, el Ministerio Público, a través de la Fiscalía Suprema Especializada en Delitos cometidos por Funcionarios Públicos, informó que se dispuso incorporar al juez Checkley Soria en la investigación preliminar como el presunto autor del delito cohecho pasivo específico por presuntamente favorecer a la suspendida fiscal de la Nación Patricia Benavides.
"En el transcurso de la citada investigación se obtuvo información que vincula los presuntos pactos ilícitos entre el magistrado Juan Carlos Checkley Soria y la investigada Liz Patricia Benavides Vargas, en el trámite del expediente n.º 00028-2020-4-JS-PE-01", se lee en el comunicado.
En consecuencia, el Ministerio Público formuló la recusación contra el juez supremo de investigación preparatoria con el argumento de que se aleje de las investigaciones de la carpeta n.º 00002-2024, a fin de que el caso sea visto por otro magistrado para garantizar el debido proceso.
"Como consecuencia de ello, se ha formulado recusación contra el juez supremo de investigación preparatoria, Juan Carlos Checkley Soria, con la finalidad de que se aparte del conocimiento del expediente n.° 0002-2024, designándose a otro magistrado, en irrestricto respeto de la garantía de imparcialidad en un debido proceso", enfatizó el Ministerio Público.
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La posible recusación del juez Juan Carlos Checkley podría entorpecer la solicitud de la fiscal suprema Delia Espinoza para suspender temporalmente a Patricia Benavides de sus funciones como fiscal suprema y Fiscalía de la Nación. Esta situación surge a raíz de que los argumentos que promueven la separación de Checkley del caso de Enma Benavides pondrían en tela de juicio su capacidad para actuar de manera imparcial en los asuntos relacionados con su hermana.
La solicitud de recusación contra el juez supremo, presentada por Alcides Chinchay, se hizo pública apenas horas después de que se anunciara la petición para suspender a Patricia Benavides. Aunque la recusación se interpuso el 9 de mayo y la solicitud de suspensión se presentó el día siguiente, ambos eventos fueron comunicados al público el 15 de mayo, con solo unas horas de diferencia.
El juez Checkley ha convocado a una audiencia el próximo 22 de mayo para evaluar la posible suspensión de derechos de Patricia Benavides. Cabe destacar que la decisión de apartarse del caso o continuar es personal y debe ser determinada por el propio juez, quien deberá considerar si las declaraciones de Jaime Villanueva afectan su capacidad para juzgar de forma imparcial. Posteriormente, esta posición será revisada por la Sala Penal de la Corte Suprema.
Si el juez decide inhibirse y la Corte Suprema lo avala, se nombrará a otro juez de investigación preparatoria para el caso de Enma Benavides. Además, si se considera que la imparcialidad del juez Checkley está comprometida en las investigaciones contra la hermana de Patricia Benavides, es probable que también se cuestione su aptitud para intervenir en los asuntos de la suspendida fiscal de la Nación, incluso si no se presenta una solicitud formal para su inhibición.
