El Congreso se pronunció sobre las denuncias constitucionales que presentó la fiscal Delia Espinoza contra Patricia Benavides.
La denuncia constitucional que presentó la fiscal Delia Espinoza contra la suspendida fiscal Patricia Benavides motivó a que las bancadas de Fuerza Popular, Renovación Popular, Avanza País, APP y parlamentarios se pronunciaran sobre la referida iniciativa.
Los legisladores señalan que la suspensión del cargo a un funcionario aforado que solicita la fiscal Delia Espinoza le corresponde al Congreso en caso haya levantado el antejuicio correspondiente.
"La medida de suspensión del ejercicio del cargo, prevista en el artículo 298 del Nuevo Código Procesal Penal, solo puede aplicarse en caso el Congreso haya levantado el antejuicio correspondiente, siguiendo el procedimiento de acusación constitucional establecido en el artículo 89 del Reglamento del
Congreso", dice el comunicado.
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En esa crítica destacan que "cualquier otro tipo de interpretación pondría en duda la efectividad y finalidad de dicha institución constitucional, vulnerando el principio de separación de poderes".
En ese sentido, las cuatro bancadas del Congreso piden al Ministerio Público respetar los procedimientos en relación con las últimas denuncias constitucionales que interpuso la fiscal Espinoza.
"Es de conocimiento público que se ha solicitado una medida de esta naturaleza sobre un aforado, lo que podría generar en el futuro una indebida utilización y violación de los procedimientos establecidos en la Constitución y la ley. Invocamos al Ministerio Público a respetar los procedimientos", sentenció el comunicado.
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El último viernes, la fiscal Delia Espinoza presentó su segunda denuncia constitucional contra Patricia Benavides por el presunto delito de falsedad genérico, encubrimiento personal en el marco de las indagaciones por la presunta organización criminal que se habría instalado en el Ministerio Público durante su gestión.
De acuerdo a la información de la Fiscalía, en esta denuncia se le atribuyen dos hechos a Patricia Benavides. El primero está relacionado con la remoción de la exfiscal suprema provisional Bersabeth Revilla, quien investigaba a su hermana Enma Rosaura Benavides Vargas.
Sobre ello, designación "al exfiscal supremo provisional Helder Uriel Terán Dianderas, con el propósito de que disponga el sobreseimiento de dicha investigación”.
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El segundo hecho que se le atribuye a la exfiscal de la Nación está relacionado con la Operación Valkiria V. “desaparecer y/u ocultar las evidencias de los hechos delictivos en los que habrían intervenido ella y los presuntos integrantes de la organización criminal que lideraba, durante la ejecución del operativo Valkiria V”.
Según el abogado penalista Andy Carrión, debido a la falta de quorum, es poco probable que la JNJ pueda destituir a Benavides definitivamente. Carrión señala que la ausencia de votos suficientes para ratificar la destitución del titular de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) es un indicativo claro de que la JNJ enfrentará dificultades similares en este caso. No obstante, ella no volvería a ser titular del Ministerio Público.
“Ella tendría que regresar al puesto de fiscal suprema, no necesariamente a la Fiscalía de la Nación porque para serlo necesitaría la anuencia de la Junta de Fiscales Supremos, quienes ya nombraron a uno interino; así que no regresaría a ser fiscal de la Nación”, afirmó Carrión en una entrevista con Canal N.
